Unos 2.000 colombianos combaten en la guerra del país
africano con una milicia acusada de genocidio, afirma una misión independiente
de Naciones Unidas
Diego Stacey / Desde Bogotá
Emiratos Árabes Unidos ha contratado a cientos de mercenarios
colombianos para luchar en la guerra de Sudán junto con los paramilitares
de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una milicia acusada de genocidio y
crímenes de guerra. Así lo concluye una misión internacional independiente de
Naciones Unidas en un informe. Es la primera vez que el organismo lanza esta
acusación, que pone bajo la mira el rol del emirato sobre uno de los conflictos
más violentos en la actualidad y que complica la candidatura de la diplomática
emiratí Lana Nusseibeh como secretaria general de la ONU.
El informe fue presentado la semana pasada ante el Consejo de
Seguridad, según adelantó The New York Times. En él, la misión asegura
haber encontrado que hay “agentes externos” que contribuyen a prolongar el
conflicto en el país africano mediante “el suministro de armas y equipo
militar, apoyo financiero y logístico, combatientes extranjeros y otras formas
de asistencia”. El reclutamiento de mercenarios es masivo y es producto del
trabajo de una red transnacional: alrededor de 2.000
colombianos han viajado a Sudán para combatir con las FAR.
La guerra de Sudán estalló en abril de 2023, cuando el Ejército y las FAR rompieron su alianza por la integración de los paramilitares en las Fuerzas Armadas. Juntos habían dado un golpe de Estado en 2021, pero tres años y medio después, el país está partido en dos: el Ejército controla Jartum, el norte, el centro y el este, mientras las FAR dominan casi todo Darfur, tras tomar El Fasher en octubre de 2025, y buena parte de Kordofán. Según estimaciones de Naciones Unidas, han muerto decenas de miles de personas (algunos cálculos hablan de cientos de miles) y unos 13 millones han tenido que huir de sus casas. Estados Unidos ya determinó en enero de 2025 que las FAR habían cometido genocidio. Las negociaciones de paz están estancadas.
La mayoría de los combatientes colombianos integran el
batallón llamado Lobos del Desierto. El escuadrón especializado participó a
finales de 2025 en el asedio de El Fasher, capital de Darfur Norte, según
varias fuentes citadas. “Durante la ofensiva, contratistas colombianos
manejaron sistemas de artillería, plataformas de drones y otros equipos
técnicos”, señala el informe. Durante la toma de la ciudad fueron asesinadas
más de 2.000 personas, según las autoridades sudanesas.
El rol de los colombianos en el conflicto de Sudán se ha
hecho cada vez más evidente desde que su presencia en el país africano fue
informada por primera vez a finales de 2024. La representación permanente de
Sudán ante la ONU denunció el año pasado que los combatientes latinoamericanos eran
responsables de crímenes de guerra como ejecuciones sumarias, reclutamiento
infantil y el uso de sustancias químicas prohibidas como el fósforo blanco.
Muchos de los mercenarios que acaban allí aseguran haber sido
engañados. Varios hombres entrevistados por EL PAÍS han relatado que fueron
reclutados con engaños e, incluso, por la fuerza. La misión da cuenta de que a
“algunos contratistas” no se les comunicó que serían destinados a Sudán,
mientras que otros “percibían salarios inferiores a los estipulados en sus
contratos”.
El grupo de la ONU apunta directamente a Álvaro Quijano,
coronel retirado del Ejército colombiano. Él y su esposa son el enlace con la
compañía Global Security Service Group (GSSG), con sede en Dubái y muy cercana
al Gobierno emiratí. Los colombianos llegan a Sudán por varias rutas: a través
de Bosaso (Somalia), vía Etiopía o Eritrea; o desde el puerto mediterráneo de
Bengasi (Libia), cruzando el desierto del Sáhara por Chad. Una de las
principales entradas es el aeropuerto de Nyala, en Darfur.
El informe respalda las denuncias que el Gobierno sudanés
hace desde hace años: acusa a EAU de ser “el cerebro de la maquinaria bélica”
en su país. Por eso, denunció a la monarquía árabe ante el Tribunal
Internacional de Justicia por el supuesto “apoyo y complicidad en el genocidio”
que
ocurre en Darfur. El emirato, continúa el documento, no solo ha brindado
apoyo humano a los paramilitares, también ha enviado armas como rifles AK-47,
ametralladoras DShK, lanzagranadas antitanque y drones. Muchos colombianos
fueron vistos usando este armamento.
Emiratos negó haber prestado “apoyo militar, logístico,
financiero o político” a los paramilitares y sostuvo que se ha mantenido
neutral a lo largo del conflicto, en respuesta a las preguntas de la misión.
Pese a ello, los expertos de Naciones Unidas sostienen que personas y entidades
que operan desde el país del golfo “desempeñaron un papel significativo en las
redes implicadas en el reclutamiento, la financiación, el transporte y el
despliegue de contratistas militares extranjeros, así como en la prestación de
apoyo de carácter militar”.
Un revés para la candidata emiratí a la ONU
El documento llega a manos del Consejo de Seguridad en un
momento muy delicado para la
diplomática emiratí Lana Nusseibeh, que surgió como una importante
candidata a la Secretaría General de la ONU. La exministra de Exteriores ha
sido acusada de intentar minimizar las pruebas contra EAU en su respaldo a las
FAR. “Nusseibeh ha pasado más de una década encubriendo repetidamente su papel
abusivo en Yemen y Sudán, presentando a Abu Dabi como un actor humanitario
mientras desestimaba u ocultaba la creciente evidencia de su papel en el
fomento de los abusos”, dijo un portavoz de Human Rights Watch citado por el Times.
No obstante, basándose en el conjunto de las pruebas, la
misión concluye que personas y entidades que operan desde los Emiratos Árabes
Unidos desempeñaron un papel significativo en las redes implicadas en el
reclutamiento, la financiación, el transporte y el despliegue de contratistas
militares extranjeros, así como en la prestación de apoyo de carácter militar
en beneficio de las Fuerzas de Apoyo Rápido.
Dadas las pruebas, la misión considera que EAU debería
adoptar medidas adicionales y más enérgicas para prevenir, investigar y poner
fin a las actividades llevadas a cabo desde su territorio que, previsiblemente,
puedan contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario, del
derecho internacional de los derechos humanos y a la comisión de crímenes
internacionales en Sudán.
Mientras, la misión internacional ha eximido a Colombia de
responsabilidad, al no hallar que el Estado “haya dirigido, controlado, apoyado
o respaldado” estas actividades. Por el contrario, ha celebrado que el Gobierno
haya aprobado una ley contra el mercenarismo, aunque algunas empresas privadas
sigan operando para reclutar —en ocasiones de manera engañosa— a hombres para
enviarlos a Sudán.
Tomado de El País / España. Imagen: archivo AP
