La lucha de los trabajadores venezolanos constituye una causa
justa que trasciende la mera reivindicación salarial. En el fondo, representa
una resistencia frontal contra el proceso privatizador de los servicios
públicos impulsado desde el Gobierno nacional, una política que desmantela las
conquistas históricas de la clase obrera.
Todo indica que en Venezuela se avizoran confrontaciones de
gran magnitud. El Ejecutivo se desplaza abiertamente hacia medidas de corte
neoliberal en claro entendimiento con sectores empresariales, tanto nacionales
como internacionales. Aunque la ultraderecha ha intentado capitalizar
políticamente estos conflictos —como quedó en evidencia en el caso de los
trabajadores de Minerven—, la dinámica real del movimiento laboral la ha
superado, quedando muy claro que los lideres derechistas carecen del liderazgo
necesario para asumir la conducción del movimiento sindical.
Nos encontramos a las puertas de un estallido de conflictividad desde múltiples frentes sociales, completamente al margen de las agendas oposicionistas o de los laboratorios políticos tradicionales. La realidad cotidiana es insostenible: la fuerza laboral del país está sometida a condiciones precarias y a remuneraciones insuficientes que no permiten cubrir siquiera las necesidades más elementales.
Resulta imperativo evitar que esta crisis desemboque en un
estallido social; sin embargo, un Gobierno que no ofrece respuestas concretas a
la emergencia económica debe evaluar con seriedad su viabilidad y permanencia
en el poder. Hoy, educadores, médicos, ingenieros, abogados, técnicos y
transportistas navegan en la incertidumbre. A estas alturas del año, el
Ejecutivo no ha cumplido con el pago de los aguinaldos ni ha anunciado
bonificaciones que permitan amortiguar el golpe inflacionario.
Quien desestime estos reclamos vive de espaldas a la realidad
o permanece anclado en una dinámica de confrontación estéril que la mayoría del
país rechaza. Las cifras hablan por sí solas: es matemáticamente imposible
subsistir con un ingreso de 130 bolívares mensuales cuando un café cuesta 2.500
bolívares, el peaje mínimo alcanza los 400 bolívares y la red vial permanece
deteriorada, desprovista de servicios básicos de auxilio como grúas o
ambulancias.
En definitiva, hoy coexisten dos Venezuelas: la pudiente y la
pobre. Mientras la primera disfruta de todos los privilegios derivados de las
inversiones y los grandes negocios, muchos al amparo del poder, la segunda
sobrevive aferrada a esperanzas que nunca terminan de concretarse.
Maturín, 13 de noviembre de 2026
*Exdiputado a la Asamblea Nacional.
