Houston. Un bebé de un año da tumbos en una corte de inmigración de Luisiana.
Lanza un juguete que casi golpea al fiscal. El juez le ha pedido a su madre, de
17 años, que solicite asilo para ella y su hijo. Son menores de edad y, sin
abogado, están expuestos a la deportación.
En 2025, el gobierno de Donald
Trump intentó cortar los fondos con los que la Oficina de Reasentamiento de
Refugiados (ORR) financia una red nacional de organizaciones que desde hace
años presta servicios legales a menores migrantes no acompañados.
Llegaron a Estados Unidos sin un
adulto o sus padres fueron detenidos por agentes de migración, y están en
albergues o bajo custodia del gobierno.
Tras una demanda de varias de las
organizaciones afectadas, la medida fue bloqueada por una jueza federal que
ordenó mantener los servicios, protegidos por una ley que data de 2008.
"Ataque concertado"
Meses después, el gobierno dejó
de pagar y en julio de 2026 dejó vencer el contrato con Acacia Center for
Justice, que administraba una red de un centenar de organizaciones.
La subdirectora del Proyecto
Florence, que ayuda a migrantes con procesos de deportación, Roxana
Avila-Cimpeanu, explicó a la Afp los problemas que enfrentan con la
administración Trump.
A fines de 2025 el gobierno
condicionó los pagos a la entrega de información confidencial de los
representados por la red, unos 20 mil niños. "Y no lo hicimos",
enfatizó.
La administración Trump anunció
luego planes para entregar los casos a Burke Law Group, cuya fundadora fue
funcionaria durante el primer gobierno del magnate republicano. Pero la firma
retiró su candidatura.
También recurrió a Our Rescue,
fundada por Tim Ballard, exagente de Seguridad Nacional cuyo trabajo fue
dramatizado en la película "Sound of Freedom". Ballard fue además
asesor del Ejecutivo de Trump sobre tráfico sexual infantil. El actual director
ejecutivo de la entidad es Derek Benner, exfuncionario de inmigración.
El contrato
quedó en pausa tras cuestionamientos en el Congreso.
"La
protección legal de los niños nunca debería ser objeto de favoritismos
políticos", dijeron legisladores demócratas en una carta enviada esta
semana al Departamento de Salud, responsable de la ORR. Expresaron su
"profunda preocupación" de que se "confíe a una población
vulnerable a firmas tan claramente no calificadas para la tarea".
A juicio de Avila-Cimpeanu, la
intención es complicar la defensa de los menores, en el marco del plan de
deportaciones masivas del gobierno.
"Llevo 10
años trabajando en esto y este es el peor momento que he visto en cuanto al
ataque concertado del gobierno contra los niños y cómo están utilizando
diferentes áreas para lograr su objetivo de deportar a tantos niños lo más
rápido posible", señaló.
Niños en corte
Avila-Cimpeanu fue quien detectó
en agosto al bebé de un año con su madre en un tribunal, sin abogado. "El
bebé corría por todas partes tirando juguetes y llorando, y la madre tenía que
concentrarse en eso y en la audiencia", contó.
Aclaró que es común para un menor
no acompañado ir a una corte de inmigración. Por eso es necesario un abogado
que entienda del tema e incluso hable su idioma.
Recordó que en 2018 tuvieron en
la corte a un bebé de pocos meses de nacido. "Tuvimos que decir que el
bebé negaba los cargos en su contra y que deseaba irse voluntariamente. Es muy
absurdo, pero es parte del procedimiento", contó.
Esta semana, CNN reportó que 25
niños migrantes, varios sin abogado, tuvieron una audiencia en una corte de
Texas.
Apoyo temporal
En una declaración a la Afp, la
ORR dijo que en agosto entregó fondos para lo que resta del año al Comité
Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), que "está presente
en el 100% de las audiencias y ha ampliado sus servicios para ofrecer orientación
legal, consultas legales y representación directa" a los menores.
Bilal Askaryar, director de
comunicaciones de Acacia, explicó que USCRI es una entidad pequeña con medio
centenar de abogados, frente a los 800 de su red.
"Esto no se trata de un
contrato para nosotros. No se trata de una disputa entre una organización y el
gobierno. Se trata de 20.000 niños que llegaron a Estados Unidos buscando
seguridad", agregó Askaryar.
