Según esa agencia de noticias estadounidense,
el documento en cuestión no hace referencia al papel del Gobierno venezolano ni
a los posibles beneficios para la población del país.
Entre Todos D.
La organización periodística norteamericana
ProPublica reveló datos de un controvertido acuerdo petrolero entre
el Gobierno del presidente Donald Trump y Venezuela que, según el estudio,
concede amplios privilegios a Estados Unidos sobre los recursos petroleros
venezolanos durante décadas.
Según informa el medio Al Jazeera,
con sede en Doha, Catar, el acuerdo de asociación estratégica, de 18 páginas,
fue firmado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el
secretario de Guerra, Pete Hegseth, con la parte venezolana. Según el análisis
de ProPublica,
el documento favorece los intereses de Washington y no hace referencia al papel
del Gobierno venezolano ni a los posibles beneficios para la población del
país.
Uno de los aspectos más polémicos del
pacto es la elección de Alejandro Betancourt, socio empresarial de Trump. El
empresario venezolano opera a escala internacional y, según la información
citada, está siendo investigado en tres países en relación con presuntos casos
de blanqueo de capitales.
El acuerdo garantiza que Betancourt permanezca al frente de NABEP, la empresa vinculada al proyecto petrolero. También establece que el Gobierno estadounidense colaborará con la compañía para designar un consejo de administración de siete miembros, encargado de gestionar el proyecto durante un periodo inicial de 15 años.
Según fuentes conocedoras del
acuerdo, esta estructura está diseñada para dificultar que futuros dirigentes
de Estados Unidos o Venezuela puedan disolver o cancelar el proyecto.
El pacto garantiza privilegios
petroleros a Washington
El análisis de ProPublica señala
que las cláusulas del acuerdo contradicen varias declaraciones públicas de
Trump. Aunque el mandatario afirmó que el pacto garantizaría el control
estadounidense sobre los recursos energéticos venezolanos durante el próximo
siglo, el documento establece que los derechos concedidos a Washington
expirarían antes de que transcurra la mitad de ese periodo.
El texto tampoco incluye un
compromiso explícito de la empresa de Betancourt de pagar a Venezuela unos 200
000 millones de dólares en ingresos e impuestos, pese a que Trump había
afirmado que el acuerdo reportaría esa cantidad al país.
Además, uno de los tres documentos
complementarios examinados por ProPublica concede a Estados Unidos el
derecho a comprar el 20 % del petróleo de NABEP a un precio preferencial de 30
dólares por barril, una cifra inferior a un tercio del precio de venta del
crudo registrado en los últimos meses, según la investigación.
El secretismo del acuerdo mantiene
ocultas las concesiones a EEUU
Uno de los motivos por los que los
detalles del pacto no se han hecho públicos es que el documento está
clasificado como información gubernamental “sensible”. Esta categoría se
utiliza para proteger distintos documentos federales, incluidos datos personales
e información relacionada con operaciones policiales en curso.
El acuerdo también contiene una
cláusula de confidencialidad que prohíbe a la empresa de Betancourt revelar la
existencia y las condiciones del pacto con el Gobierno estadounidense.
La posible reacción negativa de la
opinión pública venezolana sería otro factor que explicaría el secretismo.
Críticos venezolanos ya han denunciado el documento como una apropiación de los
valiosos recursos naturales del país por parte de Estados Unidos.
Siempre según el análisis de ProPublica,
las disposiciones del acuerdo favorecen a Washington prácticamente todas sus
etapas y buscan consolidar la presencia estadounidense en el sector petrolero
venezolano a largo plazo.
Descuentos y prioridad de compra
durante 50 años
Además del derecho a adquirir el 20 %
del petróleo de NABEP con un descuento, Estados Unidos tendría prioridad para
comprar toda la producción restante de la compañía durante los próximos 50
años.
El acuerdo incluye también un derecho
irrevocable para adquirir la totalidad de los recursos petroleros de la empresa
si Washington declara una emergencia nacional.
Asimismo, una cláusula obliga a la
compañía de Betancourt a informar de cualquier otro acuerdo comercial que
suscriba. Si esas operaciones resultan rentables, deberá ofrecer a Estados
Unidos condiciones similares, lo que refuerza la posición privilegiada de
Washington frente a otros posibles socios comerciales.
El acuerdo impone la ley
estadounidense y excluye a los tribunales venezolanos
El acuerdo establece que Venezuela no
podrá impugnar sus términos ante sus propios tribunales en caso de disputa.
Cualquier controversia entre la empresa y Estados Unidos deberá resolverse
conforme a la legislación estadounidense, en lugar de la venezolana.
Las partes estipularon expresamente
que toda demanda civil deberá presentarse ante el Tribunal Federal de Distrito
para el Distrito Norte de Texas. Según el texto analizado, este órgano judicial
fue utilizado en repetidas ocasiones por el Departamento de Justicia durante la
presidencia de Trump para obtener resoluciones favorables a sus intereses.
En conjunto, las cláusulas examinadas
por ProPublica dibujan un acuerdo que otorga amplias garantías a Estados
Unidos, restringe las posibilidades de impugnación judicial desde Venezuela y
consolida los privilegios de Washington sobre la producción petrolera de NABEP
durante décadas.
Con información publicada por Hispan
TV.
