La administración norteamericana
está negociando acuerdos en un sector conocido por su corrupción, entre ellos
uno con una empresa que EE.UU. considera una amenaza para la seguridad.
Las minas a cielo
abierto entrañan un gran riesgo de daños medioambientales. Venezuela cuenta con
pocas minas subterráneas legales.
Por Anatoly Kurmanaev, Tyler
Pager y Rebecca R. Ruiz
CARACAS, Venezuela — A
principios de marzo, mientras el presidente Donald Trump celebraba el éxito de
la intervención militar en Venezuela, se reunió con el secretario del Interior,
Doug Burgum, en el Ala Oeste para una celebración privada. Un empresario
también asistió y llevó consigo una gran cantidad de oro.
El presidente observó con
aprobación los diez lingotes de oro venezolano apilados en el Salón Roosevelt,
frente al Despacho Oval, según recordaron funcionarios de la Casa Blanca.
Sus ayudantes tomaron fotos y
bromearon sobre quedarse con el oro.
El propio Trump había vetado
en su momento el oro venezolano, declarando que destruía el medio ambiente,
envenenaba a la gente y financiaba a gánsteres y militares corruptos.
Pero tras el derrocamiento del
presidente venezolano Nicolás Maduro, su postura cambió.
El mismo día en que los lingotes llegaron a la Casa Blanca, la administración Trump emitió una nueva política que permitía a los comerciantes importar oro venezolano de una de las regiones mineras más violentas y corruptas del mundo.
Los primeros suministros
provendrían de una empresa minera estatal que seguía siendo considerada una
amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
“Normalmente, hay que estar en
los Juegos Olímpicos para traer el oro”, dijo Burgum más tarde en una
conferencia sobre energía, deleitando a los asistentes con la historia de cómo
había inaugurado el oleoducto de oro de Venezuela.
El acuerdo comercial de oro
ejemplificó cómo Trump utilizó la captura de Maduro para tomar el
control de los recursos de Venezuela.
Primero, se hizo cargo de las
exportaciones petroleras venezolanas.
Luego, su administración se
volcó en la riqueza mineral del país.
Eso incluía una de las mayores
reservas de oro sin explotar del mundo, en un momento en que los precios
estaban cerca de máximos históricos y los compradores lo demandaban con avidez.
La administración Trump y sus
aliados empresariales afirmaron que la venta de oro beneficiaría a la economía
estadounidense, ayudaría a desarrollar la región minera de Venezuela y privaría
de ingresos a delincuentes y funcionarios corruptos.
Sin embargo, una investigación
de The New York Times, que abarcó desde las minas del sur de Venezuela hasta la
Casa Blanca y las casas comerciales de Europa, descubrió que Trump alineó a
Estados Unidos con una industria que todavía está plagada por la misma
criminalidad que él decía estar combatiendo al arrestar a Maduro.
Aviones transportaron oro
fuera de Venezuela incluso antes de que las empresas visitaran las minas.
Parte de ese oro, según
descubrió el Times, está vinculado a mineros que pagan sobornos a pandillas.
Esto permite que los
criminales se beneficien del acuerdo estratégico del gobierno.
Además, financieros
estadounidenses están invirtiendo en una mina vinculada a gánsteres como parte
de un acuerdo negociado por la administración Trump.
El oro venezolano había
beneficiado en el pasado a adversarios de Estados Unidos como Irán.
Trump intentó redirigirlo a
Estados Unidos para su refinación.
Pero, en parte como
consecuencia de la precipitación de la administración, cientos de millones de
dólares en este oro permanecen almacenados, según tres personas con
conocimiento de los envíos.
De acuerdo con las normas
internacionales, las refinerías tendrían que garantizar que el oro no haya
financiado a bandas criminales, la destrucción del medio ambiente ni la
corrupción.
“¿Queremos ser la primera
refinería en anunciar públicamente que estamos recibiendo oro venezolano?”,
reflexionó Simon Houghton-Dodd, de Asahi Refining, en una reciente reunión del
sector celebrada en Londres.
Este relato de la fiebre del
oro de Trump se basa en entrevistas con mineros y refinadores en El Callao, el
corazón de la minería venezolana, así como en entrevistas con funcionarios de
la Casa Blanca y del gobierno venezolano, líderes de la industria y corredores
de materias primas globales.
Algunos hablaron bajo
condición de anonimato, ya sea porque no estaban autorizados a hablar
públicamente o porque hacerlo pondría en peligro su sustento o su seguridad.
Modelo
El acuerdo sobre el oro es la
materialización de las ideas que Trump ha mantenido durante mucho tiempo sobre
Venezuela, los recursos naturales y el poder estadounidense.
Maduro fue un dictador que
dirigió un sistema corrupto y violento, pero Trump ha llegado a acuerdos
repetidamente con líderes de este tipo.
Lo que distinguió a Maduro,
además de su negativa a ceder ante la exigencia de Trump de que abandonara el
cargo, fue que controlaba una nación rica en recursos y los comerciaba con los
adversarios de Estados Unidos.
Trump, particularmente en su
segundo mandato, ha declarado que Estados Unidos debe tener acceso a minerales
clave a nivel mundial y expandir su influencia en el hemisferio occidental.
En enero, Trump envió comandos
estadounidenses para derrocar a Maduro.
Luego, tomó medidas para poner
las riquezas de Venezuela bajo control estadounidense.
Fue una apuesta arriesgada,
creyendo que la inversión traería reformas, y no al revés.
La Casa Blanca afirmó que el
progreso lleva tiempo.
«Durante años, la industria
minera y aurífera de Venezuela ha sido robada al pueblo venezolano y utilizada
para apuntalar bandas peligrosas y apoyar a delincuentes en todo el mundo»,
escribió Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.
«Estados Unidos está ayudando
a resolver este problema de larga data.
Estamos saneando la industria
minera venezolana.
Las empresas occidentales la
están mejorando y legitimando».
Para llevar a cabo esa visión,
la administración Trump recurrió a líderes empresariales deseosos de
beneficiarse de la visión mercantilista del presidente.
Entre ellos se encontraba
Richard Holtum, director ejecutivo de Trafigura, una de las mayores empresas
comerciales del mundo.
Holtum acompañó a Trump en la
Casa Blanca para conmemorar aquel primer envío de oro venezolano.
Tenía buenos motivos para
celebrar.
Fue su empresa la que, en
primer lugar, convenció a la Casa Blanca para que procediera con el oro
venezolano.
Haciendo oro
A los pocos días del arresto
de Maduro, los ejecutivos de Trafigura se pusieron en contacto con la Casa
Blanca con una idea audaz.
La administración Trump
acababa de otorgar a Trafigura el derecho a vender petróleo venezolano,
concediéndole, según la empresa, un amplio permiso confidencial para eludir las
sanciones.
Pero con el vertiginoso
aumento del precio del oro, los ejecutivos tenían ambiciones que iban más allá
del petróleo.
Según fuentes cercanas a la
propuesta, ejecutivos de Trafigura comunicaron a la Casa Blanca que el oro
venezolano representaba una cuestión de seguridad nacional.
Argumentaron que la Casa
Blanca tenía la oportunidad de tomar el control de una industria ilegal y poner
los minerales de Venezuela en manos del gobierno estadounidense y sus socios,
principalmente Trafigura.
Según personas involucradas en
las conversaciones de la época, al menos algunos empleados de Trafigura se
mostraron recelosos.
Venezuela tenía grandes
reservas de oro, pero ¿cuánto se podía rastrear y documentar según los
estándares de la industria?
Involucrarse en un país donde
el oro se asocia con violaciones de derechos humanos, financiamiento del
terrorismo y corrupción era arriesgado.
Los funcionarios de la Casa
Blanca conocían estos riesgos y la dificultad de sanear el sector.
Sin embargo, afirmaron haber
sentido la presión de Trump para cerrar acuerdos rápidamente.
Algunos argumentaron que la
inversión inmediata tenía más probabilidades de generar cambios que el
aislamiento continuado.
Trump había estado interesado
en el oro venezolano desde que regresó al poder en enero de 2025.
Convirtió a Venezuela en una
prioridad de su política exterior y designó a un emisario de confianza, Richard
Grenell, para negociar el acceso de Estados Unidos a sus recursos, incluido el
oro.
Grenell logró un acuerdo
preliminar, pero este fracasó debido a desacuerdos sobre la salida de Maduro
del poder.
Trump optó por la opción
militar.
En ese contexto, según los
funcionarios, la propuesta de Trafigura era justo lo que la Casa Blanca quería
oír.
«Trafigura tenía un plan
viable y rápido para comercializar oro legítimamente tras años de prácticas
corruptas en Venezuela», declaró la Casa Blanca en un comunicado aparte.
El nuevo gobierno venezolano
se mostró menos entusiasta.
Preocupaciones en Venezuela
A principios de marzo, Burgum,
el secretario del Interior, voló a Caracas, la capital venezolana.
Trump parecía eufórico por el
éxito de su intervención, y Burgum, quien supervisa la minería estadounidense,
quería dejar su impronta en el proyecto, según dos personas familiarizadas con
las negociaciones.
Según las fuentes, Burgum dejó
claro a los funcionarios venezolanos que quería negociar grandes acuerdos.
La propuesta de Trafigura, que
había quedado relegada a un segundo plano frente a los acuerdos petroleros,
ahora era una prioridad.
Según personas cercanas a
Delcy Rodríguez, la presidenta interina del país, se mostró escéptica.
De acuerdo con la propuesta,
los ingresos del oro venezolano se depositarían en una cuenta controlada por el
Tesoro de Estados Unidos, que luego se encargaría de distribuirlos.
A pesar de su título, su
autoridad sobre los generales militares que controlaban la región minera era
meramente nominal.
Si algo salía mal, Rodríguez
no quería ser considerada responsable.
Pero ella no estaba en
posición de negociar.
Desde que Trump la impuso como
sucesora de Maduro, Rodríguez dependía de la buena voluntad de Washington para
mantenerse en el cargo.
Días antes de la llegada de
Burgum, ella accedió a que Trafigura se asociara con Minerven, la empresa
estatal venezolana productora de oro.
El acuerdo otorgó a Trafigura
el derecho, durante un año, de comprar y exportar oro de las pocas minas
subterráneas industriales de Venezuela.
El Ministerio de Minería
venezolano, que firmó los acuerdos de oro, y la oficina de prensa del gobierno
no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El 5 de marzo, Burgum presidió
la firma del contrato.
Horas después, Trafigura
trasladó la primera medalla de oro a Estados Unidos en un avión fletado.
“Al cabo de dos días, pudimos
traer a casa 100 millones de dólares en oro, físicamente hablando del oro”,
relató Burgum posteriormente a los inversores del sector energético.
Trafigura fue la primera en
llegar al mercado, lo cual fue motivo de celebración en el Ala Oeste.
La alianza entre Trafigura y
Minerven, sin embargo, distó mucho de ser sencilla.
Las instalaciones de Minerven
están rodeadas de territorio controlado por bandas criminales, donde
trabajadores y proveedores pagan extorsiones.
Los vínculos del crimen
organizado con la industria aurífera de la región están ampliamente
documentados.
Funcionarios del gobierno de
Trump dejaron claro que el presidente quería que las cosas avanzaran
rápidamente.
"Lo que le gusta al
presidente es la acción", dijo Jarrod Agen, el principal asesor de energía
de la Casa Blanca, en Caracas en abril.
"También le gustan los
acuerdos y le gusta el progreso".
Trafigura y Minerven idearon
una solución que, aparentemente, los mantenía al margen de la delincuencia.
Trafigura compraría oro
únicamente de dos minas industriales cercadas y vigiladas por militares.
El oro se extraería y
procesaría en el mismo lugar, manteniendo así a raya a los gánsteres y
funcionarios corruptos.
Posteriormente, Trafigura
enviaría el oro semipuro a Estados Unidos para su refinamiento y posterior
venta.
No ha salido tan bien.
Pagos a gánsteres
El canal de exportación se
puso en marcha en cuestión de semanas.
Desde entonces, se ha
convertido en compras regulares que pueden llegar a ser de hasta 400 kilogramos
al mes (unos 880 libras, o aproximadamente el peso de un piano de cola de
concierto), según un funcionario venezolano y otra persona familiarizada con el
acuerdo.
La administración Trump dejó
en manos de otros la certificación de que el oro cumplía con los estándares de
la industria, lo que incluía estar libre de actividades ilegales.
Pero el oro comenzó a fluir
incluso antes de que Trafigura o los auditores independientes visitaran las
minas.
La empresa contrató a un
auditor en primavera y a un consultor de riesgos durante el verano, después de
haber comprado ya millones de dólares en oro sin certificar.
«La debida diligencia de
nuestra cadena de suministro es constante y seguimos implementando nuestro
programa conjunto de abastecimiento responsable con Minerven», declaró
Trafigura.
Un reportero del Times visitó
este verano El Callao, el principal centro de producción de oro de Venezuela.
Además de las minas
subterráneas de Minerven, alberga cientos de explotaciones mineras privadas
rudimentarias, incluidas cooperativas conocidas como brigadas.
Según entrevistas realizadas a
una docena de propietarios de minas, líderes de brigadas y empleados de
Minerven, los operadores de estas minas extraen oro y entregan una parte a la
banda local, Tren de Guayana, como pago de protección.
Algunas brigadas operan dentro
del recinto, en propiedad de Minerven.
El líder de una de ellas
declaró al Times que, cada mes, el 20% del oro del equipo va a parar a la
banda, una práctica tan arraigada en la economía local que se la conoce como
“el sistema”.
Según el líder de la brigada,
otra parte de lo que recolectan se entrega a Minerven, que lo funde junto con
el oro que se vende a Trafigura.
Esta versión está corroborada
por entrevistas con otros miembros de la brigada en la zona, así como con
empleados de Minerven.
Eso significa que, en la
emblemática iniciativa aurífera venezolana de la administración Trump, Estados
Unidos está importando lingotes que contienen al menos una cierta cantidad de
oro vinculado al Tren de Guayana.
David Soud, un investigador
especializado en el rastreo de oro ilícito, a quien Trafigura contrató como
consultor este verano, reconoció que operar en Venezuela sigue siendo
arriesgado.
“Lo que puedo decir es que la
explotación está profundamente arraigada en el ecosistema aurífero venezolano”,
afirmó.
“Y es sumamente difícil
trabajar para construir una cadena de suministro libre de ella”.
Decenas de oficiales militares
venezolanos aún ocupan puestos directivos en Minerven, a pesar de las
preocupaciones expresadas anteriormente por Trump de que las fuerzas armadas
venezolanas supervisaban la corrupción relacionada con el oro.
Varios trabajadores de
Minerven declararon en entrevistas que han sido amenazados con frecuencia por
los oficiales militares y de inteligencia que trabajan para la empresa, quienes
les han infligido despidos o cargos relacionados con el terrorismo por exigir
los beneficios estipulados en sus contratos.
Las nóminas consultadas por el
Times muestran que Minerven declara solo una fracción del oro que vende a
Trafigura.
Los trabajadores afirman que
esta falta de declaración reduce sus salarios, que se basan principalmente en
la producción.
Trafigura hizo referencia a la
visita del auditor a las minas.
"Hasta la fecha, no se
han identificado violaciones de derechos humanos, financiación de conflictos,
impuestos ilegales, extorsión ni participación de actores ilegales en los
yacimientos", afirmó Trafigura.
Una vez que Trump abrió las
puertas a Trafigura, otras empresas intentaron sacar provecho de la situación.
Territorio aún más arriesgado
A finales de abril, la Casa
Blanca organizó una delegación empresarial a Caracas, una de las crecientes
oportunidades para que los ejecutivos estadounidenses negocien acuerdos.
Uno de esos ejecutivos era
Sean Pi, socio de un fondo de capital privado cuya empresa, Heeney Capital,
invierte en minas.
Había testificado ante el
Congreso en apoyo de una legislación para acelerar los proyectos mineros, en
consonancia con los objetivos más amplios de Trump en materia de minerales.
Pi se reunió con líderes
empresariales en Caracas para conversar con Rodríguez.
Pronto concretó un acuerdo de
oro para su empresa.
Heeney Capital se asoció con
Mercuria, rival de Trafigura, para producir y exportar oro venezolano. Ambas
compañías estimaron que sus acuerdos generarían algún día alrededor de 2200
millones de dólares en exportaciones minerales anuales.
Dado que Trafigura ya tenía
asegurados los suministros procedentes de las minas subterráneas ya
establecidas en Venezuela, Heeney tendría que recurrir a yacimientos más
informales, que conllevan mayores riesgos de corrupción y daños
medioambientales.
Heeney puso sus ojos en El
Chocó, una gran mina a cielo abierto gestionada por el Estado venezolano.
Los contratistas de la mina,
que proporcionan maquinaria, catering y otros servicios, pagaron dinero a Tren
de Guayana como medida de protección, según declararon en julio dos
trabajadores empleados por dichos contratistas.
En cierto modo, sin embargo,
El Chocó representa una victoria para la administración Trump.
El gobierno venezolano había
estado trabajando con la empresa iraní Espadana para construir una planta
procesadora en la mina.
Tras la caída de Maduro,
Estados Unidos prohibió a Venezuela colaborar con Irán.
La mayoría de los trabajadores
de Espadana empacaron sus pertenencias y se marcharon.
En una visita reciente, la
actividad minera en El Chocó continuaba, pero la construcción de la planta se
había detenido.
La maquinaria de la empresa
iraní permanecía inactiva.
Escuadrones de
contrainteligencia militar y vehículos blindados de transporte de personal
custodiaban el perímetro.
A pesar de esos cambios,
cualquiera que obtenga oro de El Chocó correría el riesgo de entrar a formar
parte de un sistema vinculado al crimen organizado.
“Alrededor del 90% del oro
producido en Venezuela es de origen ilícito”, afirmó Julia Yansura, directora
de programas de la Coalición FACT, una organización anticorrupción con sede en
Washington.
“Si las empresas
internacionales quieren entrar e intentar encontrar el 10% que supuestamente es
legal, es como buscar una aguja en un pajar”.
Heeney y sus fundadores no
respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios.
Un portavoz de Mercuria
declinó hacer declaraciones.
Este mes, Heeney anunció la
firma de un acuerdo para hacerse cargo de las operaciones mineras y los
derechos de exportación en El Chocó.
La compañía afirmó que
modernizaría las operaciones para adaptarlas a los estándares internacionales.
Aún no está claro qué medidas
tomará Heeney para desvincular la mina del crimen organizado.
La Casa Blanca no se deja
intimidar.
Medio año después de que
Trafigura comenzara a importar oro venezolano a Estados Unidos, la empresa no
ha podido revenderlo, según fuentes cercanas a la operación.
Esto significa que el oro, que
debería ser una gran ventaja para las empresas estadounidenses, permanece
almacenado.
Quien lo compre y refine
deberá garantizar que no tiene vínculos con actividades delictivas.
El gobierno de Trump no se
deja intimidar y continúa flexibilizando las sanciones económicas contra la
minería venezolana.
Sin embargo, los legisladores
demócratas han cuestionado la legalidad del acuerdo de Trafigura y prometen una
mayor supervisión si obtienen el control del Congreso en noviembre.
Algunos en la industria
argumentan que los riesgos de trabajar con el oro venezolano no son excusa para
rendirse.
“El objetivo es involucrarse y
tratar de encontrar la manera de crear una cadena de suministro íntegra”, dijo
Soud, consultor de Trafigura.
“El principal riesgo de
involucrarse de cualquier forma con el oro venezolano es:
¿Cómo evitar que el oro que se
importa de Venezuela se contamine?”
The New York Times – Tomado de Clarín /
Argentina. Foto Adriana Loureiro Fernández para The New York Times
