Pareciera que el gobierno de Delcy
Rodríguez ha cambiado un esquema de dependencia ideológica por uno de
subordinación corporativa de largo plazo.
El reciente acuerdo petrolero
anunciado entre la administración de Donald Trump y el gobierno interino de
Delcy Rodríguez es un acuerdo agridulce que genera tanto oportunidades de
supervivencia financiera como profundos desafíos para nuestra soberanía.
No estamos ante una ronda de
licitaciones convencional; estamos ante una negociación de extrema necesidad,
bajo una coyuntura política radical tras la captura de Nicolás Maduro a
principios de año.
Para comprender cabalmente el impacto
de estás condiciones comerciales preferenciales sobre nuestro crudo, los
detalles técnicos de exploración revelan el alcance real del control
estadounidense:
¿Qué gana Venezuela?
Oxigeno financiero y reactivación de
la industria petrolera.
¿Qué pierde Venezuela?
Perdemos soberanía sobre la quinta
parte de nuestras reservas probadas de petróleo, ya que pasan a manos externas.
Bajo las condiciones actuales de postconflicto,
era el único salvavidas disponible para el gobierno, que negoció en una
posición de absoluta debilidad.
Sin embargo, el acuerdo está marcado
por una grave falta de transparencia institucional, el hecho de que se haya
pactado bajo una administración transitoria y sin el escrutinio pormenorizado
del texto completo por parte de toda la sociedad civil, deja un flanco legal
abierto, si el marco legal de la ley de hidrocarburos se flexibiliza para
otorgar control mayoritario a extranjeros por un siglo, el beneficio real para
Venezuela dependerá única y exclusivamente de la capacidad futura de ejercer una
contraloría fiscal implacable, de lo contrario habremos cambiado un esquema de
dependencia ideológica por uno de subordinación corporativa de largo plazo.
*Dirigente de Alternativa 1 en
Carabobo.
