Juan Linares / Opinión
La clase trabajadora venezolana,
junto a sus jubilados y pensionados, enfrenta la paradoja más cruel de su
historia contemporánea: sobrevivir en la miseria mientras las cúpulas políticas
de Caracas y Washington debaten el destino de cifras astronómicas de dinero
provenientes de nuestros propios recursos naturales. Tras 27 años de un modelo
que ha sepultado el salario y ha desatado una represión sindical sin
precedentes en la era republicana, los argumentos de "falta de
presupuesto" se desmoronan ante la realidad de los nuevos flujos de caja
petroleros.Para julio de 2026, la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en
727,89 dólares (equivalente a 516.804,22 bolívares), según el Centro de
Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros
(Cendas-FVM). Frente a este costo de la vida, la exigencia del movimiento
obrero de un salario básico de 1.000 dólares no es un capricho utópico; es una
necesidad de supervivencia biológica y una propuesta económicamente viable si
se examinan las cuentas nacionales.
El Negocio Petrolero:
Proyecciones e Ingresos Inmediatos
El debate de fondo sobre la soberanía nacional y la entrega de recursos —que incluye documentos que proyectan concesiones de hasta un siglo y el control de un 30% de las reservas— deberá ser resuelto definitivamente cuando el pueblo soberano elija un gobierno legítimo en elecciones presidenciales libres que permitan revertir los acuerdos leoninos. Sin embargo, el interinato actual, aferrado al poder, ya maneja recursos que justifican indexar los salarios de inmediato. El pasado sábado 29 de agosto de 2026, Delcy Rodríguez defendió el acuerdo petrolero de 25 años suscrito con la administración de Donald Trump. Los datos técnicos presentados por el propio Ejecutivo revelan la magnitud del flujo financiero proyectado:
Desarrollo estratégico: Explotación
de 17 campos con reservas estimadas en más de 65.000 millones de barriles.
Inversión y Producción: Una inyección
superior a los 100.000 millones de dólares para catapultar la producción por
encima de 1,5 millones de barriles diarios (bpd).
Ingresos Totales: Una recaudación
estimada para el Estado venezolano de 209.335 millones de dólares durante la
vigencia del convenio.Bajo la fórmula técnica anunciada, calculada sobre un
precio base conservador de 65 dólares por barril, el Estado venezolano
percibirá un ingreso neto directo de 19 dólares por cada barril producido. Si
realizamos el cálculo económico estrictamente para la fase inicial de estos dos
primeros años, con una meta progresiva hacia los 1,5 millones de bpd, el fisco
nacional experimentará una inyección masiva de liquidez. A esto debe sumarse un
factor geopolítico clave: el mercado energético global actual es altamente
volátil. Cualquier escalada o conflicto bélico internacional disparará los
precios del crudo, un escenario "más cerca que piñata de cumpleañero",
lo que multiplicará exponencialmente los ingresos fiscales por encima de la
banda de los 19 dólares por barril.
Los 13.000 Millones en el
Limbo: ¿Dónde está el Dinero?
A la par de la producción futura,
existe una masa de dinero líquido e inmediato que dinamita cualquier excusa
oficial sobre la escasez de divisas. Actualmente, 13.000 millones de dólares generados
por la venta de petróleo venezolano se encuentran bajo custodia de la
Administración Trump, retenidos en fondos gestionados por el Departamento del
Tesoro estadounidense bajo una figura provisional dictada en enero.La opacidad
en torno a este dinero es alarmante: una investigación del Financial Times
reveló que el gobierno de Rodríguez solo ha reportado el ingreso real de 300
millones de dólares transferidos en marzo. ¿Dónde está el resto? Mientras la
Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. (GAO) investiga este
limbo financiero por falta de transparencia bilateral, la realidad es que el
interinato está saturado de recursos ocultos a las mayorías. Con solo auditar y
liberar una fracción de esos 13.000 millones de dólares retenidos, se podría
financiar holgadamente el ajuste salarial de emergencia que los trabajadores
demandan.
27 Años de Destrucción Laboral
y Persecución
La urgencia del aumento
salarial también responde a una deuda histórica de justicia social. Ni en la
dictadura de Pérez Jiménez ni durante el período de la IV República el
movimiento obrero venezolano había sufrido una ofensiva tan sistemática en
contra de sus conquistas contractuales. Instrumentos patronales y antilaborales
como el Memorando 2792 y el Instructivo ONAPRE se diseñaron específicamente
para aplanar las escalas salariales, confiscar los bonos de antigüedad y
pulverizar las contrataciones colectivas.Para sostener este esquema de hambre y
miseria, el aparato estatal aplicó una política de criminalización penal sin
precedentes contra la disidencia gremial:
Detenciones Arbitrarias:
Organizaciones de derechos humanos y centrales sindicales calculan que al menos
120 dirigentes sindicales han sido detenidos ilegalmente.
Trabajadores Procesados: Más de 160
trabajadores han sido arrestados o sometidos a juicios penales simplemente por
exigir mejoras salariales y reclamar derechos contractuales.Terrorismo de
Estado Judicial: El Poder Judicial desvirtuó sistemáticamente la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para aplicarla
a los legítimos reclamos de los trabajadores. A los manifestantes se les
imputan de forma rutinaria tres delitos tipificados con saña fiscal para
imponer penas infames de hasta 16 años de prisión: asociación para delinquir,
incitación al odio y conspiración.
Conclusión: Unidad,
Organización y Cohesión
El panorama técnico y
financiero demuestra que sí hay dinero. Los recursos de los 17 campos
estratégicos y los miles de millones de dólares que transitan en la opacidad de
los acuerdos bilaterales pertenecen a la nación, y la prioridad absoluta de una
nación debe ser el sustento de quienes la construyen. Este escenario exige de
manera inmediata la unidad, la organización y la cohesión de todas las luchas
sindicales y gremiales del país. No podemos permitir que las discusiones
geopolíticas o las promesas a 25 años posterguen el plato de comida de hoy. Los
jubilados que entregaron su vida al país, los pensionados abandonados a su
suerte y los trabajadores activos que sostienen las instituciones exigimos la
indexación del salario a la realidad económica real.
¡Salario mínimo de 1.000 dólares ya!
Dinero hay; lo que falta es voluntad de justicia para la clase obrera.
