La madre de Ricardo, quien según las autoridades murió
en un operativo en la Sierra Nevada, envió un mensaje al presidente colombiano
para exigir que se esclarezcan las circunstancias en las que perdió la vida,
pues no pertenecía a ningún grupo armado al ser jornalero en una finca
ganadera. Foto tomada de X
Jairo Gómez, Especial para La
Jornada
Bogotá. Sin cumplir aún dos meses de gobierno, el ultraderechista Abelardo de
la Espriella enfrenta un duro revés en su política de seguridad al revivir los
llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales– y con el regreso de los
atropellos de la policía contra la población.
Tres casos despertaron indignación en el país y obligó a los
organismos de control ciudadanos a pedir explicaciones al gobierno: Ricardo
Rodríguez Martínez, muerto en un operativo de la policía contra una estructura
armada ilegal; Luis Carlos Mojica Guzmán, desaparecido por parte del ejército,
y Donovan Balanta, miembro de las comunidades afrodescendientes que habitan
Bogotá, asesinado por la policía.
Sobre Rodríguez, de 18 años, se sabe que era un trabajador campesino y jornalero que se empleaba a destajo en la zona rural aledaña a la caribeña Santa Marta, escenario de confrontación del Estado contra fuerzas paramilitares dedicadas al narcotráfico y control político en la región desde hace 40 años.
Su madre, Marelvis Rodríguez, junto con su esposo e hijas
denunció el asesinato de Ricardo alegando que “nada tenía que ver con
organizaciones criminales, pues simplemente era un jornalero que se ganaba la
vida para ayudar a la familia”.
La misma semana de su asesinato, considerado como un falso
positivo, en las calles de Bogotá, capital del país, la policía, en un
desproporcionado operativo, capturó y torturó hasta la muerte a Donovan
Balanta, un afrodescendiente desplazado.
Imágenes exclusivas del @Canal91mas revelan
claramente el momento de la detención de Balanta, la violencia con que fue
reducido, la utilización de una pistola eléctrica por siete agentes de policía
que posteriormente fueron retirados de la institución.
El tercer caso es el del campesino Luis Carlos Mojica Guzmán,
que según la Junta Acción Comunal de la Macarena, departamento del Meta, al sur
de Colombia, fue desaparecido por una unidad militar de la región.
Exigen justicia
La Defensoría del Pueblo pidió al gobierno del
ultraderechista De la Espriella, una rigurosa investigación y el
esclarecimiento de los tres casos; sobre Balanta, agregó que su muerte pudo
obedecer a un hecho de discriminación racial que “merece ser castigado”.
Según Indepaz, institución privada que hace seguimiento al
conflicto, la comunidad denunció que el Ejército asesinó al campesino Mojica
Guzmán y después ocultó el cuerpo, “constituyéndose en un claro falso positivo
que la institución debe esclarecer de inmediato”, haciendo eco a los reclamos
de la comunidad.
Estos tres casos se dieron en el contexto de priorizar la
seguridad y en el cual el presidente ultraderechista camina por encima de
cadáveres envueltos en bolsas, aparece en público con revólver al cinto y hace
de la captura de delincuentes un espectáculo por las redes sociales y los
medios de comunicación.
“Por la razón o por la fuerza. ¡Viva Cristo Rey!”, es su
eslogan a dos meses de asumir la presidencia.
La Jornada / México.
