Por Juan Linares / Opinión
Todos los trabajadores, pensionados y jubilados Unidos
y organizados por un aumento salarial y las pensiones según lo establecido en
el artículo 91 de la Constitución Nacional.
La brecha entre el discurso macroeconómico oficial y la
realidad material de los trabajadores venezolanos se profundiza en este inicio
de año escolar. Frente a salarios mínimos congelados y bonos pulverizados por
la devaluación, la reinstalación de las mesas de consenso laboral amenaza con
repetir los fracasos burocráticos del pasado. Se hace urgente un frente común
que dignifique el ingreso de la clase obrera y rescate el poder adquisitivo
nacional.
A los trabajadores, pensionados y jubilados venezolanos nos siguen negando un salario digno. Hoy, la base laboral del país no puede bajar la guardia; es imperativo reclamar en todos los espacios posibles la restitución del ingreso real. Esta es una reivindicación que comenzó a desmoronarse en el año 2018 con la implementación de instrumentos regresivos como el Memorando 2792 y el Instructivo ONAPRE, avalados por factores de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) y la FBT/M21. Frente a esta política, la clase obrera debe mantenerse en alerta permanente, pues la gestión oficial se sostiene sobre la base de la manipulación discursiva y el quiebre de las condiciones materiales de vida.
Recientemente, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez,
afirmó ante la opinión pública que el 91% de los ingresos del Estado se destina
a la protección social y a las reivindicaciones salariales. Sin embargo, la
realidad material desmiente categóricamente la narrativa oficial. La
bonificación de inicio del año escolar recibida por los docentes venezolanos
—apenas 12,50 bolívares, equivalentes a 0,015 dólares— evidencia una brecha
abismal entre el libreto televisivo y el día a día de las escuelas. Esta distorsión
estadística, monumental por su desconexión con la calle, no solo afecta al
magisterio, sino a toda la administración pública nacional, cuyo salario mínimo
legal arrastra más de cuatro años y medio congelado en un equivalente pírrico
de 0,15 dólares al mes. Pretender sostener la ficción de una "trayectoria
de crecimiento progresivo" desde los micrófonos estatales exige omitir la
aritmética básica de la supervivencia. Al cierre de diciembre de 2025, el tipo
de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) clausuró el año en 301,37
bolívares por dólar, consolidando una devaluación acumulada de la moneda
nacional del 82,7% en doce meses.
Para esa misma fecha, mientras la Canasta Alimentaria
Familiar del CENDAS se ubicaba en 498,47 dólares, el personal activo recibía un
Bono de Guerra de 32.400 bolívares (unos 119,65 dólares indexados al tipo de
cambio de ese momento). Transcurridos ocho meses bajo un complejo panorama de
tutelaje geopolítico e internacional liderado por Donald Trump en la escena
global, el cuadro económico en este mes de septiembre de 2026 es marcadamente
más dantesco. Con el dólar oficial superando la barrera de los 840 bolívares,
el poder adquisitivo real ha sido pulverizado. El ajuste del Bono de Guerra a
200 dólares opera como un cascarón vacío debido a la inflación en divisas,
mientras el BCV continúa con la emisión de papel moneda sin respaldo para
sostener una burocracia ineficiente.
La contradicción entre el discurso de abundancia y la
precariedad de las regiones es insostenible. Mientras la prensa internacional
ventila debates sobre recursos financieros en el limbo exterior y reporta una
producción petrolera que supera el 1,2 millón de barriles diarios, el ciudadano
común no percibe el impacto de los acuerdos energéticos. Paralelamente, el
ministro de Educación, Héctor Rodríguez, asegura que los docentes gozan de
ingresos de hasta 506 dólares al mes mediante bonificaciones específicas; una
afirmación que se estrella contra el recuerdo vivo del magisterio y sus
devaluadas escalas básicas. El Estado sustituyó el salario formal por
asignaciones bonificadas sin incidencia legal, afectando directamente el
cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y utilidades. Tras 30 años de
servicio ininterrumpido, el cálculo de retiro de un empleado público se basa en
el sueldo mínimo congelado, convirtiendo la jubilación en un acto de
desprotección institucional. Esta crisis de servicios se vive con especial
agudeza en el interior del país. Sectores de Cojedes, Sucre y Nueva Esparta
enfrentan severos bloques de racionamiento eléctrico por parte de Corpoelec y
una escasez crónica de agua por tuberías que obliga a las familias a destinar
parte de sus limitados ingresos a la compra de camiones cisterna. En el ámbito
escolar, la falta de presupuesto e infraestructura ha llevado a la
improvisación de horarios, afectando la calidad académica de la juventud.
Frente a este escenario, el anuncio gubernamental sobre la reinstalación de las
«Mesas de Consenso Laboral y Social» en el Ministerio del Trabajo —divididas en
subestructuras para el sector público, privado y de seguridad social— es
percibido por las bases como una nueva estrategia de dilación burocrática. Este
mecanismo evoca el estancamiento del Foro de Diálogo Social Tripartito
desarrollado entre 2022 y 2024 bajo asistencia técnica de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), donde se evaluaron los convenios sobre
fijación de salario mínimo (Convenio 26), libertad sindical (Convenio 87) y
consulta tripartita (Convenio 144). A pesar de los extensos cronogramas de
reuniones, el resultado material para los trabajadores y pensionados fue nulo:
no se restituyó el poder de compra ni cesaron las restricciones a la disidencia
sindical.
Las mesas de diálogo convocadas bajo las premisas del
Ejecutivo actual no representan una instancia real de negociación colectiva,
sino la continuación de una política patronal restrictiva. Sentarse en esos
espacios sin una voluntad política de indexación salarial es aceptar una
discusión eterna en las alturas burocráticas, mientras abajo la inflación sigue
aplastando al pueblo. Ante este escenario, es imperativo hacer un llamado
urgente a la solidaridad activa de todos los sectores sociales, gremiales y profesionales
del país. Los jubilados y pensionados constituyen hoy el eslabón más vulnerable
de nuestra sociedad; hombres y mujeres que lo dieron todo y que hoy no pueden
ser dejados a su suerte en la indigencia institucional. Defender su derecho a
un retiro digno no es una demanda aislada, sino un deber moral e histórico que
requiere el respaldo y la movilización de toda la Venezuela trabajadora.
Los trabajadores, pensionados y jubilados debemos continuar
la lucha en defensa de un salario digno y justo según lo establecido en el
artículo 91 de la Constitución Nacional, debemos estar unidos y organizados y
el llamado es a los sindicatos, gremios y coaliciones que es tiempo de unidad y
lucha.
