Por Juan Linares R. / Opinión
En los sistemas eléctricos donde existe planificación real,
los fenómenos climáticos no son excusas sino variables previstas. Sequías, olas
de calor o eventos como El Niño forman parte del cálculo técnico que permite
anticipar contingencias y activar respaldos operativos sin afectar de forma
severa a la población. En Venezuela, sin embargo, la narrativa oficial vuelve a
colocar en el clima la responsabilidad de una crisis estructural que lleva años
gestándose. El reciente anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez,
sobre un “Plan de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua” ante la llegada de un
supuesto “Súper Niño”, no hace más que reiterar un patrón: atribuir a factores
externos lo que en esencia responde a fallas internas acumuladas.
La justificación oficial se apoya además en los daños
provocados por el doble terremoto del 24 de junio, señalando afectaciones en
torres, líneas de transmisión y la planta Termocarabobo. Sin embargo, esta
explicación choca con la experiencia cotidiana de millones de venezolanos que
padecen racionamientos, apagones y fluctuaciones eléctricas de forma
sistemática desde hace más de una década. El problema no radica en El Niño,
sino en la ausencia de mantenimiento, inversión y gestión transparente, sumado al
colapso del parque termoeléctrico, que hoy opera muy por debajo de su
capacidad. Mientras en países como Brasil o Colombia estas plantas funcionan
como respaldo inmediato ante la caída de los embalses, en Venezuela la
dependencia casi absoluta del Guri convierte cada sequía en una amenaza
crítica, evidenciando la fragilidad de un sistema eléctrico abandonado.
Hablar del sistema eléctrico venezolano es hablar de una
paradoja que roza lo absurdo: un país con una de las mayores capacidades
instaladas de generación en América Latina, pero sometido a racionamientos
diarios, apagones prolongados y una incertidumbre energética permanente.
En teoría, Venezuela cuenta con aproximadamente 16.000 MW de
capacidad termoeléctrica instalada, a lo que se suma una capacidad
hidroeléctrica similar o incluso superior, sustentada principalmente por el
complejo del Bajo Caroní, donde destaca la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar
(Guri). A esto habría que añadir los 2.160 MW que debió aportar la Central
Hidroeléctrica de Tocoma, un proyecto inconcluso que simboliza tanto la
ineficiencia como la corrupción estructural del sector.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué un país con esta capacidad vive en penumbra?
La respuesta no es técnica, sino política y estructural. El
sistema eléctrico nacional ha sido víctima de años de desinversión, mala
gestión, falta de mantenimiento y, sobre todo, corrupción sistemática. Plantas
termoeléctricas que nunca funcionaron a plena capacidad, equipos comprados con
sobreprecios, contratos opacos con empresas extranjeras y proyectos inconclusos
como Tocoma han drenado miles de millones de dólares sin traducirse en mejoras
reales para el ciudadano.
A esto se suma el fracaso de los llamados sistemas de
generación distribuida, que en su momento fueron presentados como solución
rápida a las crisis regionales. En la práctica, muchos de estos generadores
terminaron abandonados, dañados o convertidos en símbolo de negociados
ilícitos.
Cuántos MW de generación distribuida se planificaron y cuánto
quedó en “chatarra”
El plan de generación distribuida contemplaba casi
1.000 plantas, por más de 1.000 MW y 1,3 millardos de dólares, pero que en la
práctica menos de 30% llegó a operar.
De acuerdo a fuentes técnicas y gremiales:
El parque de generación distribuida tenía una capacidad
instalada planificada de alrededor de 865–1.040 MW, dependiendo de la
fuente.
En 2016, solo 241,8 MW estaban efectivamente en operación, es
decir, apenas 28% del total de plantas de generación distribuida
funcionaba.
Las mismas fuentes señalan que el costo total de los
proyectos de generación distribuida rondó 1,3 millardos de dólares para esos
1.040 MW, con fuerte cuestionamiento por sobreprecios y baja vida útil.
Investigaciones sobre Derwick indican que la capacidad
originalmente contratada en sus plantas termoeléctricas, no solo generación
distribuida clásica) era de unos 3.516 MW, pero solo generan alrededor de 827
MW, es decir, menos de una cuarta parte.
Estas cifras permiten argumentar en que una porción
considerable de esa capacidad terminó siendo “chatarra” o infraestructura
semi–operativa, por obsolescencia, fallas y abandono.
En qué estados se instalaron más plantas de generación
distribuida
El CIEA publicó una distribución regional aproximada para las
plantas de generación distribuida:
Total de plantas de generación distribuida: 969.
Distribución por región:
Región Andina: 285 plantas.
Región Oriental: 147 plantas.
Región Sur: 106 plantas.
Región Occidente: 124 plantas.
Región Capital: 54 plantas.
Región Insular: 121 plantas.
La mayor concentración de plantas de generación distribuida
se dio en la región andina y en la región oriental, con presencia importante
también en la región insular.
Para Derwick en particular, la lista de proyectos incluye
plantas en varios estados clave:
Picure (Vargas / La Guaira).
La Raisa I y II (Miranda).
Guarenas I y II (Miranda).
Juan Bautista Arismendi (Nueva Esparta).
Sidor Planta A (Bolívar).
El Furrial y Morichal (Monagas).
Barinas (Barinas).
No todas son “generación distribuida” en el sentido estricto
de pequeños grupos electrógenos, pero sí entran en el paquete de proyectos
termoeléctricos de emergencia de 2009–2010, muy cuestionados por sobreprecios y
baja eficiencia.
Aquí tienen la situación macro de los tres grandes
sistemas que componen el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Venezuela:
Sistema Hidroeléctrico
Estado: Crítico y sobreexigido.
Capacidad Instalada: Cerca de 16.000 MW (Concentrados
principalmente en el Bajo Caroní: Guri, Macagua y Caruachi).
Capacidad Real Disponible: Aproximadamente 8.500 a 9.500 MW.
Situación Actual: Carga con el 75% o más de toda la
electricidad que consume el país. Opera con severas limitaciones; centrales
clave como Macagua y Caruachi tienen menos de la mitad de sus turbinas activas
por falta de repuestos. Además, depende críticamente de las líneas de
transmisión troncales, las cuales viajan miles de kilómetros para llevar la
energía al centro y occidente del país.
Sistema Termoeléctrico
Estado: Crítico y desmantelado de forma generalizada.
Capacidad Instalada: Cerca de 16.000 MW distribuidos en todo
el territorio.
Capacidad Real Disponible: Solo 2.500 a 3.000 MW activos.
Situación Actual: Registra una inoperatividad de casi el 80%
debido a fallas profundas por obsolescencia, falta de inversión y escasez de
combustible (gas y diésel) para activar los ciclos combinados. Su baja
disponibilidad obliga a sobrecargar al sistema hidroeléctrico y deja sin
respaldo a las regiones del centro y occidente. El gobierno gestiona acuerdos
internacionales con la meta de recuperar megavatios perdidos en los próximos
años.
Generación Distribuida (Plantas Menores)
Estado: Prácticamente inoperativa.
Capacidad Instalada: Alrededor de 3.000 a 4.000 MW acumulados
(Sumando miles de microplantas diseminadas en el territorio).
Capacidad Real Disponible: Casi 0 MW (Aporte marginal menor
al 0,5% del consumo nacional).
Situación Actual: El parque de pequeños grupos electrógenos
(adquiridos bajo convenios internacionales en décadas pasadas) se encuentra
paralizado casi en su totalidad.
El abandono de estas unidades se debe a la ausencia extrema
de filtros, lubricantes, personal técnico calificado para reparaciones y, de
forma crítica, al desvío o escasez del combustible diésel necesario para
encenderlas cotidianamente en pueblos y hospitales.
Balance Total del SEN
Tipo de Generación Capacidad
Instalada Capacidad Disponible Aporte Real al Consumo
Hidroeléctrica ~16.000
MW ~9.000 MW 75% a 80% (Sostiene al país)
Termoeléctrica ~16.000
MW ~2.800 MW 20% a 25% (Déficit crítico)
Distribuida ~3.500
MW Casi 0 MW Menos del 0,5%
TOTAL ~35.500 MW ~11.800 MW La
demanda máxima ronda los 15.000 MW, generando un déficit estructural
permanente.
Mientras tanto, el ciudadano común enfrenta racionamientos
eléctricos de hasta cinco horas diarias —o más—, con apagones inesperados que
paralizan la vida cotidiana, afectan la producción, dañan equipos y deterioran
aún más la calidad de vida.
El discurso oficial ha intentado, durante años, justificar la
crisis apelando a factores externos: sabotajes, sanciones, clima o incluso
ataques cibernéticos. Sin embargo, estos argumentos han perdido credibilidad
frente a una realidad persistente y visible: el deterioro progresivo de la
infraestructura eléctrica.
En este contexto, anuncios recientes como los convenios con
empresas extranjeras —incluyendo la rusa INSA— generan más escepticismo que
esperanza. La población, agotada de promesas incumplidas y acuerdos que no se
traducen en mejoras tangibles, percibe estos anuncios como parte de un ciclo
repetitivo de propaganda sin resultados.
El riesgo más inmediato no es solo técnico, sino social. La
electricidad no es un lujo: es un servicio esencial que impacta la salud, la
educación, la economía y la estabilidad social. Cuando este servicio falla de
manera sistemática, la frustración colectiva se acumula y puede transformarse
en protesta.
Venezuela se encuentra en un punto crítico donde la crisis
eléctrica ya no es solo un problema de infraestructura, sino un detonante
potencial de conflictividad social. El agotamiento ciudadano es real, y la
paciencia tiene límites.
Resolver esta crisis requiere mucho más que acuerdos
internacionales o anuncios mediáticos. Implica una transformación profunda en
la gestión del sector: transparencia, inversión real, profesionalización
técnica y rendición de cuentas. Sin estos elementos, cualquier intento de
solución será, como hasta ahora, insuficiente.
Porque al final, la oscuridad que vive el país no es solo
eléctrica: es también el reflejo de un modelo que ha fallado en garantizar lo
más básico.
