Por Jesús Puerta * / Opinión
Venezuela atraviesa, desde hace ya más de una década, una de
las crisis sociopolíticas e institucionales más profundas de su historia
moderna. Ella tiene varias capas, como una cebolla. Se destruyó una democracia
que, con todos sus defectos, ofrecía algunas garantías para mejorar y lograr
niveles mayores de participación y formación cívica. Casi tres décadas de
hegemonía del proyecto político,
primero de un caudillo, luego de un partido único, antidemocrático desde su
interior, con dinámicas patrimonialistas, llegamos a lo que se ha caracterizado
como una crisis humanitaria compleja, que ha fracturado la arquitectura entera
de la nación. Cuando el Estado se confunde con la causa de una facción, la
sociedad entera sufre un proceso de desintegración que abarca desde la célula
familiar hasta las más altas instancias del poder público.
El impacto de ese modelo de gobernanza sobre la cotidianidad venezolana es multidimensional. La migración de casi 8 millones de personas, no solo ha desmembrado a la familia como núcleo afectivo y económico, sino que ha despojado al país de su capital humano e intelectual más valioso. Toda la organización social, las empresas, los servicios, la educación, la salud, La universidad venezolana, históricamente bastión del pensamiento crítico, la movilidad social y la autonomía, hoy languidecen, estrangulada por la asfixia presupuestaria, la aniquilación del salario suficiente para sobrevivir y la fuga masiva de trabajadores, profesionales, docentes e investigadores.
Este vaciamiento corresponde a la parálisis y decrecimiento
catastrófico de la economía y el deterioro del aparato productivo. Las
industrias principales, comenzando por el petróleo y las básicas, yacen
desmanteladas, mientras que el endeudamiento externo y la opacidad fiscal
profundizan la precariedad. Los servicios públicos esenciales, la electricidad,
el acceso al agua potable y las redes de infraestructura, sufren un colapso
sistémico al que se suman los estragos de eventos naturales recientes, exacerbando
la indefensión de las comunidades.
En el ámbito de la salud pública, la ausencia de cifras
epidemiológicas oficiales y confiables oculta apenas a medias la realidad de
una atención primaria y hospitalaria diezmada. La vulnerabilidad resultante
traspasa el plano físico e impacta la salud mental de la población: en entornos
marcados por la precariedad económica y la desprotección estatal, proliferan
conductas antisociales, un alarmante incremento en la violencia familiar y de
género, y el aumento de cuadros depresivos que desembocan en tragedias como el
suicidio. La desintegración del entorno formal deja al individuo desprovisto de
certezas y expuesto a la anomia social.
El trasfondo ético e institucional de esta catástrofe se
halla en el resurgimiento de las peores tradiciones políticas de la historia
nacional: el caudillismo, el nepotismo, el amiguismo y la arbitrariedad
autoritaria. Al supeditar las instituciones de la República a la disciplina de
un partido o al culto a personalidades individuales, se dinamitó el principio
fundamental del Estado de derecho. Vuelve la mentalidad del saqueador. Las
racionalizaciones descaradas de los comportamientos más detestables, empezando
por la capitulación y la subordinación al poder extranjero. La práctica
patrimonialista, donde lo público se administra como si fuera un bien privado,
condujo a la suspensión de facto de las garantías constitucionales y a la
inobservancia de la Carta Magna.
Cuando las instituciones se convierten en instrumentos de
exclusión y hegemonía se anula la mediación institucional, pues el ciudadano
pierde los canales legítimos para procesar demandas, exigir derechos o resolver
conflictos de forma pacífica. Encima, se fomenta el sectarismo de la peor
calaña, la lealtad personal, basada en las prebendas, sustituye al mérito, la
capacidad técnica y la idoneidad profesional. De este modo, se abrieron las
puertas a la injerencia, porque se fragmentó el Estado, este se hizo incapaz de
garantizar gobernabilidad interna, al basarse únicamente en la fuerza bruta y
violentar la voluntad popular y, por tanto, a la autodeterminación de los
pueblos (el 28 de julio de 2024), por lo que el país llega a una fragilidad
tal, que queda expuesto a vulneración de su soberanía y sus camarillas
dirigentes se someten a tutelas externas, acabando con la soberanía nacional.
De este desastre, solo queda la fragilidad nacional, una
estructura impotente para articular consensos mínimos, garantizar la seguridad
jurídica o brindar bienestar básico a sus habitantes, todas las características
de un Estado fallido, primero jugando irresponsablemente al oportunismo
geopolítico, aprovechando las pugnas de las grandes potencias, y ahora,
contribuyendo al discurso justificador de la intervención imperialista.
Frente a la gravedad de este cuadro, han proliferado, como en
un brain storming político,
las propuestas: gobiernos de emergencia transitorios, referéndum, etc. Si bien
muchas de estas iniciativas nacen de la frustración acumulada, en la práctica
suelen acentuar la dispersión de las fuerzas democráticas. Multiplicar las vías
paralelas sin un anclaje institucional, fragmenta aún más a los posibles
caminos hacia la democracia y la recuperación de la república, además de
generar confusión en una ciudadanía ya exhausta, obligada a rebuscar el día a
día de su supervivencia.
El objetivo central de la nación no puede ser la invención
constante de atajos procedimentales, sino la construcción de un movimiento
social amplio por la democracia, respaldado por una ética de convivencia
fundada en el respeto, el reconocimiento del adversario y el diálogo sincero.
Para recuperar la cohesión social y salvar al país de la
deriva de la fragilidad, el restablecimiento de la vida democrática, se debiera
avanzar por un Plan del Pueblo que coloque, como primer paso insustituible, la
exigencia y consecución de elecciones en condiciones aceptables de
transparencia, competitividad y arbitraje imparcial. El voto no es solo un acto
de renovación de autoridades, sino la herramienta democrática por excelencia
para revalidar el pacto social establecido en la Constitución. De
esta manera, podemos reiniciar el camino de rescatar la República, con instituciones que
puedan reestructurar la economía, afrontar las complejas tareas de responder
ante las exigencias de pago de una deuda contraída por vías ilícitas,
reconstruir la salud y la educación, y devolver la dignidad a la familia
venezolana.
Cualquier esfuerzo por superar la crisis requiere entender
que la fuerza de la democracia no radica en el mesianismo ni en la
improvisación, sino en el funcionamiento fluido y predecible de sus
instituciones. Detener la fragmentación de Venezuela exige volver a la raíz:
hacer valer la Constitución, rescatar el valor del voto legítimo y edificar,
desde la ciudadanía organizada, un proyecto de país donde la pluralidad sea una
fortaleza y la ley vuelva a ser el escudo de todos.
*Profesor de la Universidad de Carabobo.
