Por Fredy Rincón Noriega*
@ferinconccs
Canoabo, 18/8/2026
El 5 de julio de 1858, en el salón de
la Convención Nacional reunida en Valencia, un amplio sector de venezolanos,
principalmente quienes habían derrocado meses antes a José Tadeo Monagas, se
propuso restablecer la vigencia efectiva de un orden político sometido a la
ley, debilitado durante el prolongado ejercicio gubernamental de la familia
presidencial.
Presidió aquella asamblea Fermín
Toro, quien encarnó, como ningún otro dirigente de su generación, la aspiración
de una república gobernada por instituciones y no por la voluntad de los
caudillos. Menos de dos meses después de promulgada la nueva Constitución, esa
aspiración quedó comprometida por el estallido de la Guerra Federal. La
trayectoria de Toro y la obra de la Convención permiten comprender las causas
de aquel fracaso y la naturaleza de la pérdida institucional que entrañó.
Toro nació en El Valle, Caracas, el 14 de julio de 1806, y murió en la misma ciudad el 22 de diciembre de 1865. Su formación fue extensa y esencialmente autodidacta. Estudió literatura, economía política, historia, derecho público y lenguas clásicas y modernas, y se familiarizó con las principales corrientes del pensamiento europeo de su tiempo. Perteneció a la generación intelectual formada durante los primeros años de la República, tras la disolución de la Gran Colombia, en un momento en que la guerra había diezmado a buena parte de los antiguos maestros. Compartió con Rafael María Baralt, Juan Vicente González y otros contemporáneos el esfuerzo de auto educarse mediante el estudio y el intercambio intelectual.
Esa formación, poco común en la
dirigencia venezolana de su tiempo, se tradujo en una producción diversa que
abarcó ensayos políticos y económicos, estudios sociales, crítica literaria,
poesía, periodismo y narrativa. Entre sus trabajos más influyentes figura
Reflexiones sobre la Ley del 10 de abril de 1834, donde examinó las
consecuencias sociales del libre mercado ortodoxo que había suprimido las
restricciones sobre la tasa de interés, y planteó la necesidad de armonizar
esta libertad con las exigencias de la justicia social.
Inició joven su carrera en la
administración de Hacienda. Diputado a los veinticuatro años por excepción de
edad. Periodista bajo el seudónimo de Emiro Kastos, profesor y secretario de la
legación venezolana en Londres. Ejerció funciones diplomáticas en España y el
Reino Unido, experiencias que ampliaron su conocimiento de los regímenes
constitucionales europeos. En su labor parlamentaria abordó varios temas, como
la organización del Estado, el régimen fiscal, la educación, la esclavitud y
las relaciones entre la Iglesia y el poder civil.
Aunque a Fermín Toro y Blanco se le
ha asociado con el ideario conservador, su pensamiento expresó, ante todo, una
concepción civilista de la sociedad y el gobierno. Su postura respondió a la
prudencia institucional frente al desorden y la violencia, antes que a una
adhesión partidista cerrada o a la disciplina de una facción.
El punto de quiebre de su trayectoria
llegó el 24 de enero de 1848, cuando una turba se congregó a las puertas del
Parlamento, en medio de una extrema tensión entre el gobierno de José Tadeo
Monagas y la oposición al régimen. El episodio, que la historiografía ha
llamado “El asalto al Congreso”, dejó víctimas mortales y heridos, lo que
provocó la disolución de la Cámara, cuyos miembros se refugiaron en distintas
legaciones extranjeras. Al día siguiente, representantes del gobierno, entre
ellos el propio Monagas, se presentaron ante esas dependencias para persuadir a
los diputados refugiados de reincorporarse al Congreso y restablecer así el
cuórum necesario para dar por superada la crisis. Fue ante quienes lo instaban
a regresar al recinto legislativo cuando Toro respondió: “Mi cadáver podrán
llevarlo, pero Fermín Toro no se prostituye”. Poco después se retiró a su
hacienda Togo, en las cercanías del lago de Valencia, donde permaneció diez
años dedicado al estudio botánico y al aislamiento político. Ese retiro
constituyó, en sí mismo, un acto de afirmación civilista, el rechazo de la
política de la fuerza sin recurrir a ella.
El regreso de este insigne ciudadano
a la vida pública fue consecuencia de la “Revolución de Marzo” de 1858, el
movimiento que puso fin al prolongado predominio de los hermanos Monagas. Desde
la finca Togo colaboró en la organización política del levantamiento encabezado
por el general Julián Castro. Integró el primer gabinete como ministro de
Hacienda y, poco después, renunció para incorporarse a la Convención Nacional
de Valencia como diputado por la provincia de Aragua, donde fue elegido
presidente.
La Convención reunió a representantes
de las principales corrientes políticas del país en una coyuntura excepcional
de convergencia. Conservadores, liberales moderados, antiguos partidarios del
monaguismo y miembros de los sectores civiles ilustrados coincidieron en la
necesidad de reorganizar la República. Entre los convencionistas figuraron,
además de Toro, Pedro Gual, Valentín Espinal, León Febres Cordero, José
Silverio González, Miguel Nicandro Guerrero, Estanislao Rendón, Cecilio Acosta
y Manuel Felipe de Tovar, una confluencia de figuras notables que convirtió el
encuentro en uno de los escenarios más relevantes de reflexión constitucional
del siglo XIX venezolano.
Desde la sesión inaugural, el letrado
caraqueño concibió la Convención como una empresa de reconstrucción
institucional. Su propósito trascendía la simple sustitución de un gobierno por
otro, para orientarse hacia la edificación de un orden afianzado en la razón,
la justicia y la libertad. En ese espacio, las distintas posturas debían
debatirse sin violencia, de modo que los principios prevalecieran sobre las
pasiones políticas. En última instancia, aspiraba a consolidar la legitimidad
republicana mediante el imperio de las leyes, al margen del predominio de las
armas.
Con relación a la organización del
Estado, rechazó la adopción inmediata de una federación plena. Propuso una
descentralización administrativa que ampliara las atribuciones de las
provincias sin disolver la unidad nacional. Reconoció las virtudes del sistema
federal, pero sostuvo que Venezuela aún no reunía las condiciones sociales,
educativas y administrativas necesarias para implantarlo con éxito.
En sus intervenciones abordó el tema
del sufragio. Reconoció la legitimidad de la soberanía popular y la necesidad
de ampliar progresivamente la participación ciudadana, aunque advirtió que el
analfabetismo y la dependencia de buena parte de la población con los jefes
locales limitaban la libertad efectiva del elector. Defendió la separación de
poderes, el control parlamentario de la acción gubernamental y la restricción
de las facultades extraordinarias, mecanismos destinados a impedir la
concentración personal del poder, lección que la experiencia recién padecida
había dejado planteada con particular fuerza. En materia judicial, defendió la
necesidad de garantizar la independencia de los tribunales frente a las
presiones de toda índole.
El texto constitucional sancionado el
24 de diciembre de 1858 y promulgado el 31 del mismo mes reflejó buena parte de
esa orientación. Adoptó una fórmula centro-federal moderada, que reservó al
gobierno nacional competencias estratégicas fundamentales y otorgó a las
provincias amplios márgenes de autonomía administrativa, fiscal y judicial.
Estableció un período presidencial de cuatro años sin reelección inmediata,
amplió el sufragio masculino a una forma directa y secreta y fortaleció las
garantías del Poder Judicial. Sin embargo, evitó adoptar formalmente la
organización federal del Estado y conservó disposiciones rechazadas por el
liberalismo, como el restablecimiento de la pena de muerte. El resultado fue
una solución conciliadora que satisfizo parcialmente a los sectores
conservadores, pero dejó abiertas las principales demandas del movimiento
federalista.
Una de las constantes de su
pensamiento fue la desconfianza hacia el predominio militar en la conducción
del Estado. Aunque respaldó la designación de Julián Castro como jefe
provisional, advirtió sobre los riesgos de concentrar el poder en un militar. Durante
los debates constitucionales defendió la necesidad de impedir el retorno del
personalismo y la arbitrariedad que habían caracterizado la experiencia
política venezolana desde la independencia.
La alianza política que había hecho
posible la “Revolución de Marzo” comenzó a fracturarse pocos meses después de
instalada la Convención. La expulsión de Antonio Leocadio Guzmán y de otros
dirigentes liberales, decretada durante el gobierno de Castro, profundizó la
polarización. El espacio para una solución institucional se redujo
progresivamente hasta desaparecer, y los levantamientos regionales y la
organización de la oposición desde el exilio prepararon el camino para la
insurrección iniciada en Coro el 20 de febrero de 1859.
El empeño sostenido durante esos
tumultuosos días fue el último esfuerzo por resolver la crisis mediante los
mecanismos constitucionales y el debate parlamentario, en un momento en que la
confrontación armada ya avanzaba con rapidez. La incapacidad para integrar
plenamente las aspiraciones federalistas terminó por cerrar las vías de
negociación y favoreció el recurso a la guerra, conflicto que se prolongaría
hasta la firma del Tratado de Coche en 1863.
Salvo una segunda misión a España en
1860, destinada a gestionar indemnizaciones por los daños ocasionados por la
Guerra Federal, la presencia de este ejemplar ciudadano en la vida política
llegó a su fin con el estallido del conflicto. Entre 1860 y 1862 permaneció en
Europa. A su regreso publicó, en 1863, el prefacio al Manual de Historia
Universal de Juan Vicente González. Dedicó sus últimos años a las
investigaciones botánicas y al estudio de las lenguas indígenas. Dejó inédito
el Ensayo gramatical sobre el idioma guajiro, obra utilizada y elogiada
posteriormente por el naturalista Adolf Ernst.
Juan Vicente González, compañero de
generación, lo llamó el último venezolano. El calificativo no fue ornamental.
Fermín Toro representó el modelo del hombre civil en una época de agotamiento
institucional, y su muerte, en diciembre de 1865, simbolizó el desplazamiento
del civilista por el caudillo y del tribuno por el general.
Su legado quedó asociado a la defensa
de los principios republicanos, la legalidad y el equilibrio de los poderes
públicos. El fracaso de aquel proyecto constitucional no disminuye su
importancia histórica. Por el contrario, reafirma a Toro como expresión del
último gran esfuerzo por preservar la República mediante las instituciones y el
debate parlamentario, antes del estallido de la guerra que marcaría el resto
del siglo XIX venezolano.
*Historiador.
