Juan Linares / Opinión*
Por años, Venezuela ha sido presentada como un “caso atípico”
en la economía mundial. Hoy, sin embargo, ya no hay espacio para eufemismos:
con un salario mínimo de apenas 0,26 dólares mensuales, el país registra el
ingreso más bajo del planeta. No se trata de una distorsión estadística ni de
una exageración retórica; es la constatación de un modelo que ha pulverizado el
valor del trabajo hasta hacerlo prácticamente inexistente.
La historia económica moderna ofrece ejemplos de colapsos salariales extremos, pero casi todos están asociados a contextos de guerra, destrucción masiva o crisis humanitarias derivadas de conflictos armados. Alemania tras la Primera Guerra Mundial, Zimbabue en su hiperinflación o países devastados por guerras civiles han vivido episodios similares. Venezuela, en cambio, llegó a este punto sin bombas, sin invasiones y sin trincheras. El deterioro es el resultado de 27 años de un experimento político autodenominado Socialismo del Siglo XXI, marcado por corrupción, improvisación y una sistemática destrucción institucional.
El germen de esta visión puede rastrearse en el discurso del
propio Hugo Chávez. En una de sus transmisiones de “Aló Presidente”, el
entonces mandatario cuestionaba abiertamente la lógica del salario, promoviendo
el trabajo voluntario incluso entre trabajadores del Estado. “¿Qué nos importa
que nos paguen? ¿Acaso vinimos aquí a cobrar?”, decía, mientras señalaba a
camarógrafos y criticaba lo que calificaba como “vicios heredados de la cuarta
república”. Aquella escena, que en su momento pudo parecer anecdótica o
ideológica, terminó convirtiéndose en una declaración de principios: el trabajo
dejó de ser un derecho remunerado para transformarse en una suerte de deber
político.
Lo que siguió fue un proceso progresivo de desvalorización
del ingreso laboral. Primero, mediante controles y distorsiones que erosionaron
el aparato productivo; luego, a través de una inflación descontrolada que
pulverizó el poder adquisitivo; y finalmente, con la sustitución del salario
por bonos discrecionales, sin incidencia en prestaciones sociales ni en
cálculos de jubilación. En la práctica, el trabajador venezolano dejó de
percibir un salario real.
Hoy, la narrativa oficial y paraoficial intenta normalizar
esta situación. Voceros del gobierno, acompañados por algunos empresarios,
sindicalistas alineados y analistas mediáticos, insisten en que el país avanza
hacia una “recuperación económica”. Sin embargo, evitan responder una pregunta
esencial: ¿qué ocurrirá con los trabajadores cuando llegue la vejez?
En economías funcionales, la respuesta a esa interrogante
está estructurada en sistemas de seguridad social robustos. Países como
Noruega, Dinamarca o Finlandia han desarrollado fondos de pensiones sólidos,
financiados por aportes significativos de trabajadores y empleadores. Incluso
en América Latina, Chile instauró un modelo de capitalización individual que,
con todas sus críticas, se sustenta en contribuciones reales derivadas de
salarios efectivos.
Pero en Venezuela esa base no existe. No puede existir. Con
un salario mínimo de 0,26 dólares y una canasta alimentaria que supera los 700
dólares mensuales, según el CENDAS-FVM, el trabajador apenas sobrevive. No hay
margen para el ahorro, mucho menos para la cotización. Los llamados “bonos” que
distribuye el Estado no cuentan para prestaciones ni para pensiones, lo que
implica que millones de ciudadanos están condenados a llegar a la vejez sin
ningún tipo de respaldo económico.
La consecuencia es devastadora: la jubilación en Venezuela ha
dejado de ser una etapa de descanso para convertirse en una antesala de la
pobreza extrema. La pensión por vejez, equivalente al salario mínimo, se diluye
mes a mes por efecto de la devaluación del bolívar, acercándose peligrosamente
a cero. No es una metáfora: el país podría convertirse en el primero del mundo
donde el salario desaparezca formalmente.
Este escenario no es accidental ni inevitable. Es el
resultado de decisiones políticas concretas, de un modelo que subordinó la
economía a la ideología y que desmanteló los incentivos básicos de producción y
trabajo. También es producto de la complicidad —activa o silenciosa— de actores
que, desde distintos espacios, han preferido maquillar la realidad antes que
confrontarla.
Mientras tanto, el trabajador venezolano enfrenta una cruel
paradoja: trabaja, pero no gana; cotiza, pero no acumula; envejece, pero no se
jubila. En un país donde el salario ha sido reducido a una cifra simbólica, la
dignidad laboral se ha convertido en una deuda pendiente.
Y así, sin guerra que lo explique pero con políticas que lo
evidencian, Venezuela avanza hacia un territorio inédito: el de una sociedad
donde el trabajo ha perdido su valor económico, y donde el futuro
—especialmente para quienes construyeron el país con su esfuerzo— se desvanece
en la misma proporción en que se devalúa su moneda.
Otro logro, dirán algunos. Otra tragedia, dirán otros. Lo
cierto es que, más allá de la retórica, el salario en Venezuela ya no alcanza
ni siquiera para existir.
*Las opiniones contenidas en este articulo son de la
exclusiva responsabilidad del autor.
