La ministra Mónica García respondió públicamente con un
mensaje en X que no dejó margen para la ambigüedad diplomática. «En Estados
Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump
apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán «, escribió
la alta funcionaria española.
Entre Todos D.
La Administración Trump ordenó a su embajada en Madrid
investigar la muerte asistida de una joven cuyo caso fue avalado por todos los
tribunales españoles y por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Washington invocó "fallas sistémicas en derechos humanos" basándose,
en parte, en bulos desmentidos por la justicia española.
Noelia Castillo accedió al derecho a la muerte digna luego de
luchar contra su propia familia y grupos ultraderechistas.
El Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump instruyó
a sus diplomáticos en Madrid para recabar información sobre cómo las
autoridades españolas gestionaron el proceso que culminó en la muerte
asistida de Noelia Castillo, una joven de 25 años que falleció el 26 de marzo
en Sant Pere de Ribes, Barcelona. La información trascendió a través de un
cable interno filtrado al diario New York Post, cuya existencia fue confirmada
por fuentes de la propia Administración estadounidense al diario ABC de España.
El documento va más allá de una expresión de preocupación
protocolar. Ordena a los funcionarios de la embajada transmitir al
Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que describe como «serias preocupaciones» por «numerosos
fallos sistémicos en materia de derechos humanos «, cuestiona la respuesta
judicial y policial ante las agresiones sexuales sufridas por la joven y pone
en duda la aplicación de la ley de eutanasia española en casos que involucran
sufrimiento psiquiátrico y condiciones no terminales. Washington fijó el 3 de
abril como plazo para trasladar formalmente esas inquietudes al Gobierno
español.
Quién era Noelia Castillo y qué avaló la justicia española
Noelia Castillo fue diagnosticada con trastorno
obsesivo-compulsivo y trastorno límite de la personalidad, así como una
depresión clínica profunda. En octubre de 2022, días después de una agresión
sexual, intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Sobrevivió,
pero quedó con paraplejia irreversible, daño neurológico permanente y
dolor crónico. Desde abril de 2024 solicitó formalmente la eutanasia al amparo
de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, vigente en España desde 2021.
Lo que siguió fue un proceso judicial de 601 días marcado por
las apelaciones sucesivas de su padre, respaldado por la organización
ultraderechista Abogados Cristianos. El juzgado de lo
contencioso-administrativo número 12 de Barcelona, el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo ratificaron en distintas instancias
que Noelia tenía plena capacidad para tomar la decisión.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó los
últimos recursos de urgencia presentados para frenar el
procedimiento. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el organismo
independiente previsto por la propia ley había aprobado la solicitud por
unanimidad en julio de 2024.
Los argumentos de Washington para meterse en un asunto
ajeno
El cable del Departamento de Estado norteamericano menciona
que Noelia habría expresado «dudas» en sus últimas horas y que esas
señales fueron ignoradas. Es el argumento central de la presión estadounidense.
Sin embargo, los tribunales españoles ya habían examinado ese punto con
anterioridad. La sentencia del juzgado barcelonés descartó como prueba de
retractación una carta manuscrita de la joven fechada el 29 de julio de 2024, y
estableció que su voluntad se había mantenido firme e inequívoca durante todo el
proceso.
El documento filtrado también solicita información sobre los
presuntos agresores sexuales de Noelia, incluyendo su origen y situación
migratoria. Este detalle conecta directamente con una narrativa difundida en
redes sociales que atribuía las agresiones a menores migrantes no
acompañados durante el período en que la joven estuvo bajo tutela de los
servicios sociales catalanes.
La Dirección General de Prevención y Protección de la
Infancia de la Generalitat desmintió que exista registro alguno de un
incidente de ese tipo durante el tiempo en que Noelia estuvo
institucionalizada, entre 2015 y 2019. Organizaciones de verificación de datos
catalogaron esa versión como desinformación, o fake news, y se enmarca en una
creciente ola de bulos que se entrecruzan con un aumento del racismo
y la xenofobia en España.
La respuesta del Gobierno: soberanía y reproche directo
El Ministerio de Sanidad afirmó no haber recibido ninguna
comunicación oficial del Gobierno estadounidense. La ministra Mónica García
respondió públicamente con un mensaje en X que no dejó margen para la
ambigüedad diplomática. «En Estados Unidos mueren cada año miles de personas
sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos
humanos entre Gaza e Irán «, escribió García, antes de pedir a la
Administración Trump «que deje de alimentar la agenda ultra internacional
metiendo sus narices en cualquier sitio».
La frase sintetiza la lectura del Gobierno español sobre lo
ocurrido: no se trata de una preocupación humanitaria genuina, sino de una
intervención política que utiliza el lenguaje de los derechos humanos de forma
instrumental, en un momento de tensión bilateral sostenida.
Una relación bilateral que acumula fracturas
La irrupción de Washington en el caso Noelia no se produce en
el vacío. España vetó el uso de las bases militares de Rota y Morón para
operaciones vinculadas al conflicto con Irán y cerró su espacio aéreo a
aeronaves militares estadounidenses. Trump respondió con críticas públicas
reiteradas al Gobierno de Sánchez, especialmente por la negativa española a
incrementar su gasto en defensa hasta los umbrales exigidos por la OTAN. La
presión sobre el caso de eutanasia se inscribe en ese clima de fricciones acumuladas.
La injerencia de la Administración Trump en el caso Noelia
Castillo presenta al menos cuatro problemas de fondo que la
diferencian de una expresión ordinaria de preocupación entre aliados.
El primero es que la ley española de eutanasia fue
aprobada democráticamente en 2021 por el Parlamento español, y su
aplicación en este caso fue revisada y validada por cuatro instancias
judiciales distintas, incluyendo una europea. No existe ningún vacío legal ni
procesal que justifique la tutela externa.
El segundo es que el cable diplomático recoge como argumento
principal una versión falsa de los hechos —las supuestas dudas
finales de Noelia— que los propios tribunales españoles habían analizado y
desestimado antes de que Washington enviara instrucción alguna a su embajada.
El tercero es que la solicitud de datos sobre el origen
migratorio de los agresores de Noelia introduce en un expediente de
derechos humanos una agenda de control migratorio ajena por completo al
objeto declarado de la investigación.
El cuarto, quizás el más revelador, es el canal elegido.
En lugar de una nota diplomática formal entre gobiernos aliados, la
Administración Trump optó por filtrar un cable interno a un tabloide afín
ideológicamente, con el efecto de máxima presión mediática y mínima
trazabilidad oficial. El Ministerio de Sanidad confirmó no haber recibido
comunicación alguna por vías formales.
Con información tomada de La Red 21 / Uruguay.
