El presidente salvadoreño
impulsa sus políticas de mano dura con las que ya ha encarcelado
a unas 91.650 personas
El presidente de El
Salvador, Nayib Bukele, firmó este pasado miércoles una
reforma constitucional para permitir imponer penas de prisión perpetua a
menores de hasta 12 años de edad.
La medida, aprobada el
mes pasado por la Asamblea Legislativa —donde el partido de Bukele tiene
mayoría—, se aplicaría a personas condenadas por cometer o ser cómplices de
delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.
La pena máxima en El Salvador
antes de las reformas de Bukele era de 60 años para adultos, una cifra menor
para los menores de edad. Esta nueva reforma, que entrará en vigor el próximo
26 de abril, pretende crear nuevos tribunales penales y establece una revisión
obligatoria de las condenas a partir de varias décadas después de su inicio,
dependiendo de la edad del condenado y la gravedad de los delitos.
Varias organizaciones de derechos humanos denuncian casos de detenciones arbitrarias y sin garantías
Esta última medida se
suma a otras políticas de mano dura impulsadas por el presidente, siendo un
paso más controvertido al implicar a menores de edad. Tras un repunte de
la violencia de las pandillas en 2022, un estado de emergencia inicialmente
temporal se ha convertido en la nueva normalidad del país centroamericano,
donde se suspendieron los derechos constitucionales y se ha encarcelado a más
del 1% de la población.
Según
varias organizaciones de derechos humanos, se han documentado casos
de detenciones arbitrarias durante años, a menudo bajo cargos vagos o con
escasas pruebas. Los presos son frecuentemente juzgados en procesos
masivos y los abogados pierden el rastro de sus clientes.
En uno de esos juicios masivos
el año pasado, presuntos miembros de pandillas recibieron condenas de cientos
de años de prisión, mientras que funcionarios del gobierno de Bukele han
afirmado previamente que los pandilleros detenidos “nunca volverán” a las
calles.
Bajo esta ofensiva, el
gobierno de Bukele ha detenido ya a unas 91.650 personas en El Salvador, y
según datos proporcionados por el mismo Bukele, menos del 10% han sido puestas
en libertad, lo que ha generado acusaciones de violaciones de derechos humanos
y detenciones arbitrarias, aunque también ha reducido drásticamente la tasa de
homicidios en un país históricamente azotado por las pandillas.
El aliado de derechas del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido duramente criticado por
debilitar los contrapesos institucionales y socavar la frágil democracia
salvadoreña, modificando la Constitución en diversas ocasiones para, por ejemplo,
eliminar los límites de mandatos presidenciales, abriendo la puerta a que pueda
mantenerse en el poder de forma indefinida.
Expertos afirman que el
Gobierno de Bukele también ha intensificado su persecución de enemigos
políticos, deteniendo a críticos y activistas, y obligando cada vez más a
periodistas y voces opositoras a elegir entre el exilio o la prisión.
Agencias - Tomado de La
Vanguardia / España. Imagen: Jose Cabezas / Reuters.
