Por David Brooks y Jim Cason,
Corresponsales de La Jornada / México.
Nueva York y Washington. Casi 4 mil niños han sido encarcelados en
centros de detención por las autoridades migratorias de Estados Unidos bajo las
órdenes del presidente Donald Trump, varios de los cuales fueron secuestrados
de sus hogares, escuelas o en calles; algunos, incluso, estuvieron
desaparecidos por días.
“¿Qué delito cometí para ser prisionera?, me preguntaba mi
hija y no sabía qué decirle”, comenta la madre ecuatoriana de una niña de siete
años encarceladas en un centro de detención en Texas, reportó la agencia Ap.
“No estoy feliz, por favor sáquenme de aquí”, escribió una pequeña colombiana
de nueve años recluida en ese mismo lugar, mientras Mathias de siete escribió:
“quiero salir y volver a mi escuela, aquí no nos tratan bien, hay muchos
pequeños. Estamos secuestrados. Ayuda”, reportó ProPublica.
Por lo menos 3 mil 800 menores de 18 años, incluidos 20 bebés, han sido arrestados y encarcelados en centros de detención desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025, informó The Mar-shall Proyect –centro independiente de periodismo de investigación enfocado al sistema de justicia criminal– a finales de diciembre. Más de mil 300 niños han pasado más de 20 días de detención en violación a un acuerdo judicial, hay casos de algunos que permanecieron bajo arresto por más de cinco meses.
En cualquier día, se reporta un promedio de 170 niños en
centros de detención, un incremento de seis veces más que antes del gobierno de
Trump, reporta el Marshall Project con base en cifras oficiales. Hay algunas
jornadas en que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés) mantiene encarcelados a más de 400 menores. Esa cifra no
incluye la ola de arrestos más recientes en Minesota ni a los menores de edad
no acompañados bajo custodia de otras agencias.
La mayoría de los menores fueron arrestados junto con
parientes y llevados al Centro de Procesamiento de Inmigración Dilley, cerca de
San Antonio, Texas, el principal centro de detención para familias sin
documentos, donde encierran a unas mil 100 personas, incluidos niños tan
jóvenes como un bebé de 2 meses. “Literalmente son tratados como prisioneros.
Ésta es una máquina monstruosa”, comentó el diputado Joaquín Castro, quien
visitó la instalación a fines de enero.
Las condiciones dentro de ese centro de detención, como otros
alrededor del país, como el famoso Alcatraz de los Caimanes, en
Florida, son espantosas según denuncias de gente liberada y legisladores que
los han visitado, con alimento insuficiente e insalubre, poca agua y nula o
mínima atención médica, a veces con cientos de personas durmiendo sobre el
piso. Madres han reportado que no pueden conseguir agua pura embotellada para
la fórmula de bebés y reciben comida contaminada con gusanos, entre otras
anomalías.
También han reportado que sus hijos padecen trastornos por
ansiedad y tristeza, a veces con tanto estrés que golpean sus cabezas contra
las paredes y algunos casos de intento de suicidio.
En una serie de investigaciones sobre los menores de edad en
Dilley, ProPublica entrevistó a decenas de niños –de los aproximadamente 300
que estaban ahí en febrero– y sus padres en ese centro por videollamadas;
además, recibió cartas de menores, quienes describieron sus vidas, la angustia
de la detención y las condiciones que padecen dentro de ese sitio (https://www.propublica.org/article/vida-dentro-ice-dilley-ninos).
“Desde que llegué a este centro, lo único que se siente es tristeza y, sobre
todo, depresión”, escribió Ariana, de 14 años, de Honduras, quien llevaba ahí
45 días.
El gobierno no oculta su intención de convencer a los reos de
solicitar la autodeportación, sobre todo, por “el bien” de sus hijos, como
también para generar el clima de temor para que familias decidan abandonar el
país.
Liam Ramos, un niño de cinco años, de repente se volvió la
cara de la crueldad de las medidas antimigrantes, cuando agentes de ICE lo
detuvieron al llegar a su casa en un suburbio de Mineápolis al regresar de la
escuela. Vestido con una gorra decorada con orejitas de conejo y una mochila
del hombre araña, los agentes armados y enmascarados lo rodearon y
detuvieron junto con su padre. Los oficiales lo obligaron a tocar a la puerta
de la casa y pedir entrar para que salieran sus familiares, es decir, lo usaron
como señuelo.
El niño y su padre fueron trasladados al Centro Dilley, en
Texas. Días después, el hombre comentó al diputado Castro que en ese centro
Liam dormía mucho y no quería comer, que estaba sin ganas de nada. Bajo intensa
presión de la comunidad y a escala nacional, ya que las imágenes se hicieron
virales en redes sociales, un juez ordenó la liberación de Liam y su padre,
quienes regresaron a casa en Minesota, sólo para encontrarse con la noticia de
que el gobierno de Trump estaba procediendo para lograr su deportación.
“Todos somos Liam”, comentó Christian Hinojosa, inmigrante
mexicana detenida en Dilley –un centro administrado por una empresa privada–
con su hijo de 13 años durante cuatro meses. La diputada Ayanna Presley
recientemente declaró ante la Cámara de Representantes que Juan Nicolás (de dos
meses), Daphne, Susej, Ailany y Ashley son sólo algunos de los nombres de
“niños traumatizados por la campaña de Trump y ICE de abuso, negligencia y
terror contra infantes”.
Pero después de la atención que provocó el caso de Liam,
ProPublica refirió que se han aplicado medidas aún más severas, desde negarles
acceso a Internet hasta confiscar dibujos, cartas y materiales de artes.
Hay caso tras caso de agentes armados y enmascarados
secuestrando a menores de edad y sus familiares, sacándolos de autos o
ingresando ilegalmente a sus hogares, o en su camino a la escuela. Maestras han
expresado que no sólo han tenido que capacitarse en sus escuelas para saber
cómo responder a la presencia de agentes federales, sino cómo proteger a sus
alumnos y sus familias, además de atender los traumas y temor provocados por
redadas contra las personas e incluso sobre la ausencia repentina de amigos y colegas
entre estudiantes, informaron maestras entrevistadas por La Jornada en
Nueva York y según informes de otras partes del país.
“Pondré mi cuerpo entre cualquier miembro del gobierno
federal y mis estudiantes. Tal vez es ira femenina, pero eso lo tengo profundo
dentro de mí”, comentó Manduy Jung, maestra de séptimo grado en St. Paul, en
Minesota, a 19th News. Los dos sindicatos nacionales de profesores
se han declarado en contra de las medidas antimigrantes.
Hay campañas crecientes para demandar la liberación de los
niños y sus padres de estos centros impulsados por defensores de derechos
humanos, maestros, promotores de libertades civiles y pediatras, entre otros,
pero hasta ahora el gobierno de Trump ha rehusado responder más allá de
asegurar –junto con los contratistas privados de CivicCore– que todo está bien.
“Todos los niños en detención deben ser liberados de
inmediato y esas instalaciones permanentemente clausuradas. Niños, sin importar
su estado migratorio, pertenecen a sus comunidades, escuelas y con sus
familias”, escribió el presidente de la Academia Estadunidense de Pediatría,
Andrew Racine, y otros dos reconocidos especialistas en un artículo en USA
Today.
La academia argumenta que las investigaciones médicas
concluyen que cualquier tiempo que los niños estén detenidos “representa una
amenaza a su salud”, tanto física como mental, “particularmente a aquellos que
ya han experimentado trauma en sus países de origen o durante sus viajes a
Estados Unidos”.
En la imagen de AP, Liam Ramos, de cinco años, quien fue
utilizado por agentes migratorios como señuelo para capturar también a
familiares.
Tomado de La Jornada / México.
