El presidente, que aún se niega a admitir su derrota
en 2020, pide a los suyos arrebatar a los Estados el control de los comicios a
tiempo para las legislativas de medio mandato, en las que se juegan el Congreso
El presidente Donald Trump dio este lunes un paso más en su
indisimulada retórica autoritaria al instigar al Partido Republicano a quitar
competencias a los Estados para “nacionalizar” las elecciones en Estados Unidos
a tiempo para poder influir en la cita con las urnas del próximo mes de
noviembre. La formación se juega perder el control de las dos Cámaras del
Congreso, y él, el éxito o el
fracaso de la segunda parte de su mandato.
Ese llamamiento a los republicanos ha hecho saltar las
alarmas en Washington sobre las verdaderas intenciones de Trump con respecto a
las legislativas, de las que ha llegado
a decir que “no deberían celebrarse”.
Las declaraciones las hizo en el podcast de Dan Bongino, personalidad de la llamada machosfera y del movimiento MAGA (Make America Great Again), que, tras ejercer como subdirector del FBI durante algo menos de un año, volvió recientemente a su antiguo púlpito. El presidente estaba a mitad de uno de sus largos monólogos, esta vez dedicado al tema de la inmigración, cuando afirmó: “Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control’. Tomar el control de la votación, de la votación en, al menos, muchos lugares... en 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar las elecciones”.
La sugerencia, que no concretaba a qué lugares se refería
Trump, supone una invitación a contradecir la Constitución, dado que esta
establece, en la sección cuarta del artículo 1, que en Estados Unidos son las
leyes estatales las que rigen las citas con las urnas, pensadas como un proceso
descentralizado del que son responsables funcionarios de ambos partidos de los
miles de distritos en los que está dividido el vasto mapa del país. Las
declaraciones de Trump hay que ponerlas en el contexto de su obsesión ―y la del
mundo MAGA― con el bulo de que los comicios en Estados Unidos están corrompidos
por un fraude masivo.
La gran mentira
Más de cinco años después, sigue defendiendo, sin pruebas,
que los demócratas le robaron las elecciones de 2020, en las que perdió
claramente contra Joe Biden. Su insistencia en lo que se conoció como la “gran
mentira” desembocó en el asalto al Capitolio por parte de una
turba que creyó lo que Trump y sus aliados repitieron entonces
sin cesar.
En su cruzada por cambiar las reglas electorales, el
presidente de Estados Unidos firmó en marzo pasado un decreto que exigía la
presentación de una identificación a la hora de votar en todo el país
(actualmente, hay 14 estados que no la piden) y perseguía impedir que contaran
los sufragios por correo que lleguen después del día de las elecciones, aunque
estos cuenten con un matasellos previo a esa jornada. Ese decreto se ha
encontrado con la resistencia de jueces federales por todo el país.
“¿Quién no quiere que los votantes se identifiquen?
Nadie", afirmó Trump este martes en una comparecencia ante la prensa en el
Despacho Oval. “Solo alguien que quiera hacer trampas puede desear algo así. ¿Y
quién hace trampas? Los demócratas", añadió.
Agentes del FBI acudieron la semana pasada con una orden de
registro a un centro de escrutinio electoral del condado de Fulton, que incluye
la ciudad de Atlanta, la más poblada
del Estado de Georgia. Ese distrito fue clave en el triunfo de Biden
y, junto a Arizona o Wisconsin, una de las zonas cero de los intentos de Trump
por alterar los resultados de aquellas elecciones. Los agentes se incautaron de
miles de papeletas. La idea de que entonces se produjo un fraude en Georgia
sigue viva gracias a la insistente labor de activistas MAGA locales, que han
presentado decenas de demandas que no han producido ningún resultado que
permita darles la razón.
Tras esa operación sin precedentes, en la que intervino
personalmente la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, se supo,
gracias a una exclusiva de The New York Times, que Trump había
llamado personalmente a los agentes para agradecerles su labor.
Su Administración
ha pedido a los Estados que compartan sus datos electorales. Al menos
24 de los que se han negado a cumplir con esa orden, amparándose en ese
artículo primero de la Constitución, esperan ahora que llegue la demanda de la
Casa Blanca. La semana pasada, la fiscal general, Pam Bondi, exigió a las
autoridades de Minnesota, escenario estas semanas de un
brutal despliegue antiinmigración en el que dos estadounidenses han
muerto a manos de los federales, que compartieran esa información como un paso
indispensable para terminar con el despliegue de 3.000 agentes.
Otra de las obsesiones del mundo MAGA dice que los
inmigrantes indocumentados votan masivamente por el Partido Demócrata. Más allá
de que los recién llegados carecen normalmente de implicación en los asuntos de
la política y de que parece poco probable que un inmigrante irregular se
arriesgue a cometer un delito electoral que le podría traer la deportación, una
investigación oficial concluyó que en Georgia, de los ocho millones de votos
emitidos en las últimas elecciones, solo 20 correspondían a personas sin el
estatus de ciudadanos.
Pese a la evidencia de las cifras, Trump insistió en su
entrevista con Bongino en vincular la urgencia por lanzar la “mayor deportación
de la historia” con la buena salud del proceso electoral en Estados Unidos. “Si
los republicanos no los expulsan [a los inmigrantes indocumentados], nunca
volverán a ganar una elección”, dijo en el citado podcast. “Es increíble cómo
logran que estas personas voten. Si no los expulsamos, los republicanos nunca
volverán a ganar una elección”.
Las últimas declaraciones de Trump se suman a otras en el
mismo sentido, hechas recientemente. Si en una entrevista con The New
York Times lamentó no haber usado a
la Guardia Nacional para incautarse de las urnas en 2020 para que
funcionarios afines contaran los votos, en una conversación con la agencia
Reuters afirmó que “Estados Unidos no debería celebrar las elecciones de medio
mandato” (según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, “estaba
bromeando”).
También ha prometido consecuencias legales para quienes
supervisaron las elecciones de 2020, como parte de la venganza que está
planteando contra sus enemigos desde que regreso al poder. Y ha amplificado
teorías de la conspiración sobre la implicación de China, la CIA, el FBI,
Italia, Dubái o Suiza en el supuesto fraude que hizo que perdiera la
presidencia.
Tomado de El País / España. Imagen: BONNIE CASH / POOL (EFE)
