“Amnistía no solo para ellos, para
nosotros también”, reclamó el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, según relató su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ante manifestantes
chavistas reunidos la semana pasada. El pedido, enviado días atrás desde una
cárcel de Nueva York, llegó mientras la Asamblea Nacional discute la letra
chica del proyecto de ley de amnistía para “delitos políticos o conexos”, lo
que sembró dudas sobre si se permitirá o no la rendición de cuentas de figuras
chavistas que protagonizaron los episodios más graves de represión en el país.
Hasta ahora, el texto debatido no
deja lugar a interpretaciones, ya que excluye de los beneficios legales a las
violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad,
entre otros, lo que abarca a las fuerzas de represión que están siendo
investigadas por la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de
Hechos de la ONU.
No obstante, el debate del viernes se suspendió por la falta de acuerdo sobre una modificación a uno de los artículos que podría impedir que activistas en el exilio, como los líderes opositores María Corina Machado o Edmundo González, se acojan a la medida. Por esta suspensión, la discusión sigue abierta y en espera de una nueva fecha.
“El borrador no prevé la posibilidad
de que quienes hayan violado los derechos humanos o hayan cometido crímenes de
lesa humanidad queden impunes. Sin embargo, hay que esperar hasta tener el
texto definitivo para poder determinar con claridad su alcance”, dijo a CNN
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización Foro Penal, una de las ONG
que participaron en reuniones con legisladores para presentar sugerencias y
cuestionamientos al proyecto.
Sobre el pedido
de Maduro, Himiob comentó: “Es evidente que están buscando una fórmula que
les permita evadir sus responsabilidades en las graves violaciones a los
derechos humanos que han cometido”.
En ese sentido, el activista expresó
que “por momentos, parece que más que una ley de amnistía lo que buscan es una
especie de ‘ley de punto final’, esto es inaceptable”. Según explicó, eso
altera el sentido del proceso: “Una amnistía que iguale a las víctimas con sus
victimarios y que procure la impunidad de estos últimos no es una amnistía”.
Por su parte, Oscar Murillo,
coordinador general de la ONG Provea, que también participó de la reunión con
diputados, dijo a CNN que el chavismo con las declaraciones de Maduro “está
generando una base conceptual y política para evitar más adelante acusaciones
de personas que han estado directamente vinculadas a la estructura represiva
venezolana, es una manera de buscar un salvavidas”.
De todos modos, Murillo no ve por
ahora una rendija por la cual el oficialismo pueda introducir una modificación
en el proyecto de ley que exima de responsabilidades al aparato de seguridad
involucrado en las muertes de manifestantes y la persecución de la disidencia.
“No debería ocurrir”, comentó. Incluso, afirmó que el siguiente paso debería
ser la desarticulación del sistema represivo, teniendo en cuenta que varios
jerarcas siguen en sus puestos, aunque reconoció que el proceso toma su tiempo.
“Es el próximo paso urgente, pero las transiciones no son lineales, estamos
conscientes de eso”.
Reacciones del chavismo
Algunos sectores más duros del
oficialismo, por su parte, se mostraron críticos con el texto, al recordar a
víctimas de la violencia desatada durante protestas opositoras. “Es una
manipulación tan grotesca que los colocan a ellos (opositores) como que fueran
víctimas del Estado venezolano. ¡No son víctimas del Estado venezolano!”,
declaró la diputada chavista Iris Varela. “Es indispensable que prevalezca la
justicia”, agregó.
La asambleísta, en una entrevista
con La
Iguana TV, insistió en que en Venezuela no hay presos políticos, sino
“políticos que cometieron delitos”, y habló de procesar a exfuncionarios, pero
no en referencia a figuras cercanas a Maduro, sino a personas que se alejaron
del Gobierno, como la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, exiliada desde 2017
tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. “Luisa Ortega Díaz
no tiene cómo cobijarse de una ley de amnistía, por nada del mundo. Ella tiene
que venir a ponerse a derecho el día que se le ocurra, pero pagar”, apuntó.
Himiob, de Foro Penal, también se
pronunció sobre la discusión del artículo que, además de excluir a delitos de
lesa humanidad, conforme a la Constitución, también indica que la amnistía no
alcanza a casos de homicidio, tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio
público. Esa disposición “desconoce que la represión se ha servido de
imputaciones de delitos falsas para neutralizar a sus disidentes u opositores”,
dijo el activista, por lo que instó a tratar el tema “con cuidado y apego a la
verdad”.
Aunque familiares de presos políticos
esperaban que se cumpla la promesa del presidente de la Asamblea Nacional,
Jorge Rodríguez, de tener aprobado el proyecto el viernes pasado, Murillo se
mostró esperanzado en que el aplazamiento del debate pueda traer paños fríos a
la discusión. “Creemos que esa pausa, el diferimiento, puede ser sana, en el
sentido de generar las reflexiones necesarias”, afirmó.
El fin de semana, el ministro de
Defensa, Vladimir Padrino López, señalado por la Misión de la ONU como uno de
los responsables directos de violaciones a derechos humanos, declaró que la
propuesta de amnistía “es un acto de amor” que “no significa validar lo que
estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro
presente”.
A mes y medio del derrocamiento de
Maduro, de su captura por parte de fuerzas de Estados Unidos y de los cambios
que estos hechos desataron, Venezuela espera a conocer la versión final de una
ley de amnistía que, según el gobierno en funciones, busca dar la vuelta a la
página a las numerosas tensiones políticas que han marcado al país durante más
de dos décadas.
Texto tomado de CNN. En la imagen, Gonzalo
Himiob, vicepresidente del Foro Penal.
