Entre Todos D.
En una entrevista publicada en La Voz de Galicia y
realizada por Rubén J. García, el catedrático Carlos Ruiz Miguel vuelve a poner
el foco en una realidad jurídica que España y parte de la comunidad
internacional prefieren ignorar: el Sáhara Occidental sigue siendo un
territorio pendiente de descolonización, y España –por mucho que intente
eludirlo– continúa siendo la potencia administradora de iure. Así lo
afirma Naciones Unidas desde 1975, sin ambigüedades. No hay transferencia de
soberanía a Marruecos, no hay legalidad que legitime su presencia. Cuando
el Gobierno español decide reconocer el plan de autonomía marroquí, no está
resolviendo el conflicto: está violando el derecho internacional.
El profesor lo dice con claridad: «Naciones Unidas no ha aprobado el plan marroquí, ni lo ha respaldado como solución». La resolución 2797 (2025), aprobada la semana pasada por el Consejo de Seguridad, no valida el esquema marroquí, ni elimina el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro. La ruptura del alto el fuego en 2020 y la reanudación de la lucha armada por parte del Frente Polisario son consecuencia directa del bloqueo internacional, pero también de una verdad que está en el aire desde hace décadas: el referéndum de autodeterminación no se ha celebrado porque Marruecos lo ha impedido, con la complicidad silenciosa de sus aliados.
Más grave aún es el componente de chantaje diplomático que
podría subyacer al giro español. Ruiz Miguel apunta que el cambio de
posición en 2022 no se explica por razones jurídicas ni políticas internas,
sino por presión externa ligada al espionaje con el sistema Pegasus*. Pedro
Sánchez, que un año antes había posado públicamente con el presidente saharaui,
pasó súbitamente a avalar la propuesta marroquí sin consulta al Parlamento ni
al pueblo español. Un movimiento opaco, sin legitimidad democrática, que deja
al descubierto la fragilidad de la soberanía política cuando la política
exterior se somete al chantaje.
Y mientras tanto, el tiempo corre, pero la verdad no cambia:
el pueblo saharaui sigue siendo un pueblo con derecho a la autodeterminación,
reconocido en todas las instancias internacionales. España, guste o no a
quienes gobiernan hoy, sigue siendo responsable ante el derecho internacional:
de proteger a la población saharaui, de impulsar la descolonización y de no
colaborar en la prolongación de la ocupación. La historia juzgará no solo a
quienes ocupan, sino también a quienes callan, legitiman o miran hacia otro
lado. Es hora de elegir: ¿del lado del derecho o del lado de la impunidad?
Con información de No Te Olvides del Sahara. Imagen: XOAN A.
SOLER.
ETD. *Se refiere a un sonado caso de espionaje donde, al
parecer, la inteligencia marroquí tuvo acceso a los teléfonos de altos
funcionarios españoles, entre ellos, al del mismo presidente del gobierno.
