Un cambio legal que busca proteger los derechos de niñas y
adolescentes
María (nombre ficcional dado por la BBC), de
apenas 14 años, se vio forzada a contraer matrimonio con un hombre que tenía el
doble de su edad, a pedido de sus propios padres.
Poco tiempo después, quedó embarazada y, tras complicaciones
en el parto, su esposo la abandonó dejándola sola con su bebé. Esta
historia refleja una problemática latente en Bolivia, donde un cambio legal
significó un avance crucial para los derechos de los menores.
De un marco legal permisivo a la prohibición total
El Código de las Familias en Bolivia establecía los 18 años
como edad mínima para casarse, pero permitía que adolescentes de 16 y 17
años contrajeran matrimonio con autorización de sus tutores, una excepción que
terminó siendo el vehículo para múltiples uniones prematuras.
Según registros del Estado, entre 2014 y 2024 se contabilizaron más de 4.800 matrimonios infantiles y uniones tempranas en menores de 16 y 17 años, además de 487 matrimonios de niñas menores de 15 años, datos del Servicio de Registro Cívico del país.
La organización Save the Children en Bolivia destaca que,
aunque la ley prohibía formalmente estos matrimonios, la excepción abierta
posibilitó su proliferación. «El problema fue la excepción. Nuestra
normativa prohibía los matrimonios de las niñas y adolescentes hasta los 18
años, pero permitía una excepción que posibilitó al menos 4.804 matrimonios de
menores», explicó Jimena Tito experta en problemáticas de la niñez, de la
organización Save the Children, en conversación desde La Paz con BBC Mundo.
Un paso para la protección de los derechos fundamentales
La aprobación en la Cámara de Diputados, este miércoles,
representa un cambio que elimina toda posibilidad de excepciones. La ley
ahora prohíbe, sin distinción, el matrimonio de menores de 18 años, alineándose
con estándares internacionales en derechos humanos y con recomendaciones
de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Es un hecho histórico que implica un paso enorme y
fundamental en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
Bolivia», expresó Tito desde La Paz.
La iniciativa fue impulsada en 2022 por la senadora Virginia
Velasco, quien conoció en primera instancia la problemática al trabajar con
familias vulnerables en El Alto. «No ha sido fácil. Ha sido una lucha que
dimos unidas, cayéndonos y levantándonos. Es un logro histórico e inédito para
evitar que se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes en Bolivia»,
afirmó la legisladora a BBC Mundo.
Con la sanción del Congreso boliviano, ahora solo resta que
el presidente Luis Arce la promulgue oficialmente para que entre en vigor.
La magnitud y las raíces del problema
El problema de los matrimonios infantiles en Bolivia va mucho
más allá de una ley. Tito advierte que la problemática es enorme: «Los datos
que surgen de las investigaciones destacan que la problemática de los
casamientos infantiles es de una magnitud enorme.
«Aproximadamente, el 3% de las niñas bolivianas —cerca de
32.000 menores— han convivido en unión libre o concubinato antes de los 15
años. Sin acta notarial de matrimonio, estas niñas viven en una situación
que, aunque no formal, las expone a múltiples riesgos.
Estas uniones no autorizadas, en muchos casos, abren la
puerta a delitos como la violencia sexual, embarazo infantil, violación y
trata de personas.
Desde 2015 hasta 2023, en Bolivia se registraron más de
458.000 embarazos en niñas y adolescentes, un dato alarmante que evidencia la
gravedad del fenómeno.
Desafíos culturales y sociales en la lucha contra el
matrimonio infantil
Sobre las prácticas culturales relacionadas, Tito remarca que
ninguna de ellas justifica vulnerar los derechos humanos.
La aprobación de esta ley es un paso para que Bolivia se
aproxime a los estándares internacionales y responda a las recomendaciones
internacionales.
La senadora Velasco señala que la ley es solo el primer
paso. “Ahora toca trabajar en la concientización, recorrer escuelas,
universidades, pequeñas localidades contando cuáles son los derechos de las
niñas”, subraya.
Este debate, además, impacta en la esfera política, en un
momento particular en que Evo Morales —quien lideró el país durante 20 años—
está bajo investigación por presunto delito de trata agravada de personas, en
relación con un posible abuso y embarazo de una menor de 15 años con quien
habría tenido un hijo.
Morales permanece refugiado en el Trópico de Cochabamba,
evitando así la orden de arresto emitida por la Fiscalía.
La situación genera un debate profundo sobre la justicia y la
igualdad ante la ley, incluso en los niveles más altos del poder político.
Un camino aún por recorrer: educación y concientización
Para las expertas y activistas, la sanción de esta ley
representa solo el comienzo de una lucha mucho más larga.
La realidad social, marcada por la arraigada naturalización
de los matrimonios tempranos, requiere de un trabajo constante y
multidimensional.
La senadora Velasco señala que, una vez promulgada la
ley, el énfasis debe estar en la educación y la sensibilización en todos los
ámbitos sociales, desde las comunidades rurales hasta las urbanas,
incluyendo escuelas y universidades.
“No basta con aprobar una ley si la sociedad no entiende y no
cambia sus prácticas culturales. El respeto por los derechos humanos debe ser
una prioridad en el discurso social”, sostiene.
Tomado de La Red 21 / Uruguay.
