El gobierno
estadounidense habría pagado U$S 20 mil por cada deportado
El Gobierno
de El Salvador comenzó a recibir a supuestos miembros de una organización
criminal venezolana y a pandilleros de la Mara Salvatrucha expulsados de
EE.UU.
Por Stanley
Luna
El presidente
de El Salvador, Nayib
Bukele, comenzó a cumplir la promesa que le hizo en febrero pasado al
secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su gira por
Centroamérica: recibir a migrantes deportados y de diferentes
nacionalidades desde el país norteamericano como parte de la política
anti-inmigrante implementada con celeridad por Donald Trump.
Así, el pasado domingo, el Gobierno salvadoreño recibió a los primeros
deportados. De acuerdo con la información oficial, se trató de 238 miembros de
la organización criminal venezolana El Tren de Aragua y otros
23 miembros de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13),
pero especialistas en seguridad pública ponen en duda el perfil de estas
personas por la crisis democrática y falta de transperencia que vive El
Salvador desde que Bukele asumió el poder, en 2019, y por el discurso xenófobo
de Trump.
En su visita a El Salvador, Rubio se reunió en privado con Bukele. Tras la reunión, el funcionario estadounidense confirmó que Bukele se había ofrecido en no solo recibir a miembros de estas bandas criminales, sino que también a convictos estadounidenses o con residencia legal en Estados Unidos que hubiesen cometido delitos graves. Días después de esta reunión, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo en una entrevista televisiva que Bukele le había pedido a Rubio la devolución de los líderes pandilleros detenidos en territorio norteamericano.
Aunque este
acuerdo de expulsión de migrantes de otras nacionalidades que no fueran la
salvadoreña para ser recibidos en El Salvador parecía incierto y horas antes de
que se concretara un juez estadounidense había prohibido a Trump
invocar la Ley de Enemigos Extranjeros -que es del año 1798- para
realizarlas, la noche del domingo, Bukele hizo una publicación en X junto a un
video en el que se observa la llegada de un grupo de hombres de Estados Unidos.
Los hombres son custodiados por fuerzas de seguridad desde su arribo al
aeropuerto salvadoreños y luego aparecen siendo rapados de la cabeza dentro del Centro
de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel destinada para
pandilleros que se ha vuelto un símbolo mundial de la estrategia represiva de
Bukele y que ha sido visitada por funcionarios y funcionarias internacionales,
como la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.
Ningún periodista salvadoreño ha podido acceder a ella.
Uno de los
detenidos que aparece en el video es el líder histórico de la pandilla
MS-13, César Humberto López Lario, alias El Greñas de Stoner,
acusado de terrorismo en Nueva York. La pandilla a la que pertenece es una de
las tres principales en El Salvador y ha sido señalada en investigaciones
periodísticas y fiscales de haber negociado con Bukele la reducción de homicidios.
"Seguimos
avanzando"
“Como
siempre, seguimos avanzando en la lucha contra el crimen organizado. Pero esta
vez, también ayudamos a nuestros aliados, logrando la autosuficiencia de
nuestro sistema penitenciario y obteniendo información vital para hacer de
nuestro país un lugar aún más seguro. Todo en una sola acción”, publicó Bukele.
En el mismo posteo, el mandatario dijo que por estas detenciones Estados Unidos
pagaría “una tarifa muy baja, pero alta” para El Salvador. La agencia AP, que
obtuvo detalles del acuerdo firmado entre ambos países, detalló que por cada
preso El Salvador recibirá 20 mil dólares anuales.
Trump publicó
el video compartido por Bukele en la red social Truth Social y agradeció a su
par por su “comprensión ante la horrible situación que se permitió Estados
Unidos por la incompetencia demócrata”.
En los
próximos días la lista de deportados que recibe El Salvador podría
multiplicarse, ya que la Casa Blanca anunció que este martes revocará
el premiso de residencia de más de 500.000 migrantes procedentes de Cuba,
Nicaragua, Haití y Venezuela que ingresaron a Estados Unidos bajo la
figura legal de "parole humanitario" durante la gestión de Joe Biden. A
las personas que gozan de este beneficio migratorio se les cancelará el permiso
de trabajo y cualquier protección contra la deportación.
Bukele y la
mano dura
Durante la
primera administración de Trump (2017-2021) desde Honduras, Guatemala y El
Salvador partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos y estos países
del Triángulo Norte de Centroamérica firmaron con el Gobierno estadounidense un
acuerdo de “tercer país seguro” que les obligaba a frenar la migración, recibir
a sus ciudadanos retornados y ofrecer condiciones dignas de vida para sus
habitantes, similar a lo que firmó en julio pasado Panamá con Joe Biden ante la
crisis migratoria en la selva del Darién, frontera entre Panamá y Colombia.
Pero hasta el
día de hoy, solo Guantánamo, la base militar estadounidense en
territorio cubano en la que están recluidas las personas acusadas de
terrorismo, tiene similitudes con lo que está ocurriendo en El Salvador,
señala a Página/12 la investigadora salvadoreña especializada
en seguridad pública, Jeannette Aguilar.
“La mayor
ganancia de Bukele es geopolítica al aparecer en el escenario
internacional como aliado incondicional de Trump y ser legitimado por Estados
Unidos como referente del modelo securitista a nivel internacional. Con este
acuerdo, Trump potencia y amplía el mensaje central del modelo Bukele que, para
conseguir seguridad, hay que violar derechos humanos”, opina Aguilar. La
especialista también menciona que con este acuerdo Bukele busca “conseguir
impunidad” en los casos ventilados en cortes de Estados Unidos que investigan
las negociaciones de su gobierno con líderes de la MS-13 para reducir los
homicidios.
Bukele se
convirtió en presidente en 2019, rompiendo con la tradición bipartidista
salvadoreña y en medio de una escalada violencia causada por las pandillas.
Construyó su carrera política como alcalde de una localidad cercana a la
capital, San Salvador, y luego fue alcalde de la capital bajo la bandera del
FMLN, el partido nacido de la guerrilla. Dos años después de ganar la
Presidencia, su partido obtuvo la mayoría de diputaciones en el Congreso y esto
le permitió maniobrar la cooptación del Estado: sus diputados y diputadas y
otros afines destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional y al
Fiscal General para imponer a personas cercanas al Gobierno. Y, luego, esta
concentración de poder también fue clave para que, partir de 2022, el Gobierno
implementara un régimen de excepción que a la fecha suma 85 mil
personas detenidas; y, en 2023, le permitió a Bukele la reelección
inmediata a pesar de una prohibición constitucional.
Para Enrique
Anaya, constitucionalista salvadoreño, el acuerdo entre Estados Unidos y El
Salvador para recibir a personas provenientes de Norteamérica carece de
sustento legal, incluso deja en el vacío sobre cuál de los dos países recaerá
la responsabilidad ante las denuncias internacionales que estas deportaciones
generen. En Caracas, Venezuela, ya hubo una manifestación en donde familiares
de deportados desvincularon a sus parientes enviados a El Salvador de El Tren
de Aragua, la organización criminal que nació en una cárcel de este país
sudamericano.
El mensaje
Sin embargo,
en medio de un contexto en donde hay censura a las voces críticas del discurso
oficialista, Anaya señala que las detenciones de los deportados en el
CECOT también funcionan como un mensaje para la ciudadanía: “Que la
represión en El Salvador va a continuar, que si inclusive se está recibiendo a
personas del extranjero, a cualquier salvadoreño lo van a poder meter preso”.
Gabriela
Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, estima que aún no es posible conocer los
efectos que pueda causar el hecho de juntar en una misma cárcel a personas que
presuntamente pertenecen a dos organizaciones criminales diferentes. “Supone
distintas interrogantes en materia de seguridad”, dice. Mientras que Verónica
Reyna, directora de la organización Servicio Social Pasionista, señala que
ante la cooptación estatal en El Salvador, la única vía para frenar estas
deportaciones son las cortes federales estadounidense.
Página/12 intentó
contactar al Gobierno de El Salvador a través de su secretario de Prensa,
Ernesto Sanabria, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Tomado de Página
12 / Argentina. Imagen: EFE.
