El Enviado
del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara, Staffan de
Mistura, en una sesión a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad, planteó la
idea de la partición del Sáhara Occidental como propuesta de solución del
conflicto. Rápidamente el Frente Polisario mostró su oposición a la idea.
Por Jorge
Alejandro Suárez Saponaro
Las Naciones
Unidas intentaron aplicar la “receta” de la partición, en el caso del
Mandato de Palestina. La resolución 181 de 1947, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, dio paso al denominado “Plan de
Partición con Unión Económica”. En su momento fue creada la UNSCOP,
el Comité Especial para Palestina, compuesto por once países, donde las grandes
potencias no estaban representadas, con el objetivo de dar el mayor marco de
neutralidad. El resultado fue la propuesta de crear en el territorio del
Mandato Británico de Palestina, dos estados (árabe y judío) y un territorio
bajo administración internacional (Jerusalén). El plan fracasó por la oposición
de la Liga Árabe y del propio Reino Unido que por razones políticas no
quería asumir el costo de implementar el plan. Sin entrar en debate, el
proyecto naufragó por la falta de consenso entre los actores involucrados.
El proceso de paz del Sáhara Occidental murió formalmente luego de los incidentes de Guerguerat en 2020, cuando Marruecos violó abiertamente el denominado Acuerdo Militar Nro.1 en el marco del Plan de Arreglo de 1991. El desalojo violento de manifestantes saharauis por parte de fuerzas marroquíes, sepultaron definitivamente un plan de paz que solo existe en el papel. Rabat se ha negado sistemáticamente a cumplir con lo acordado en materia de realizar el censo para el referéndum de autodeterminación; la reducción de la presencia militar en las zonas ocupadas; la posibilidad que los saharauis puedan visitar sus familiares en los territorios ocupados; el silencio ante el reclamo por los prisioneros de guerra saharauis desaparecidos en manos marroquíes.
Este
comportamiento ha sido tolerado por Francia, principal aliado de Rabat; Estados
Unidos; y España, que para Naciones Unidas es la potencia
administradora de iure. El conflicto quedó congelado por décadas, a pesar
de las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de la potencia
ocupante, el veto francés ha impedido que la misión de las Naciones Unidas en
el terreno – MINURSO – tuviera facultades en materia de
derechos humanos, un hecho excepcional si lo comparamos con otras misiones de
paz.
La farsa del
Plan de Autonomía
En 2007 el
gobierno marroquí presentó el Plan de Autonomía como única
salida al conflicto. Tanto España como Francia fueron funcionales a un
proyecto, ilegal, desde el punto de vista del derecho internacional. El
fundamento que negaba a los saharauis elegir su propio destino y “legalizar” la
anexión del Sáhara Occidental.
Marruecos es
potencia ocupante en los términos del Derecho Internacional Humanitario y por
ende tiene la obligación de aplicar el derecho previo a la invasión (art. 43
del Reglamento de La Haya y 64 de la IV Convención de Ginebra). Las únicas normas
que puede dictar es a los efectos de mantener el orden e impedir abusos hacia
la población civil. Desde la invasión marroquí al Sáhara Occidental, las
instituciones y legislación existente, fueron reemplazadas por normas impuestas
por Rabat. Asimismo, la llegada de colonos, es una flagrante violación al
artículo 49 de la IV de los Convenios de Ginebra.
La anexión
marroquí del territorio saharaui, está en contravención art. 43 del Reglamento
de La Haya de 1907, y 64 del IV Convenio de Ginebra. Por lo tanto, es
abiertamente ilegal aceptar el Plan de Autonomía en los
términos fijados por Rabat, no es más que legitimar o avalar la violación del
derecho internacional, además de los derechos humanos de los saharauis.
La vaguedad
de la propuesta marroquí sobre el “plan de autonomía” llevó
al propio De Mistura a cuestionarlo al señalar: “ya es hora de que
Marruecos explique su plan de autonomía”. Esto pone en evidencia
que estamos ante una de las tantas maniobras dilatorias del régimen marroquí
para vulnerar el derecho internacional y llevar a cabo su proceso de
asimilación de las zonas ocupadas.
España rehén
de la política del Majzén, no hace más que ceder a las
presiones, posiblemente para evitar un conflicto de mayores proporciones que
pongan en riesgo las ciudades españolas de Ceuta, Melilla y
las plazas de soberanía. Esta política de contención, desde la perspectiva de
Madrid, no es más que una claudicación, donde se ve comprometidos sus intereses
nacionales.
El derecho
está del lado de los saharauis
La Corte
Internacional de Justicia, en noviembre de 1975, fue contundente al señalar en
su dictamen – pedido por Marruecos y Mauritania – que el Sáhara
Occidental, nunca fue parte de dichos países.
El dictamen
del Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos de las Naciones
Unidas, en 2001, Hans Correll, fue clave en materia de la cuestión de los
recursos naturales, donde señaló que la titularidad de estos, es el pueblo
saharaui. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en
una serie de fallos que podemos denominar “históricos” fue claro
al señalar que el Sahara Occidental es una entidad distinta de Marruecos, y por
ende no le pertenece. Ratificando que el pueblo saharaui es el titular de los
derechos sobre los recursos naturales existentes en su territorio como el
espacio marítimo circundante.
La realpolitik se
impone y los fallos judiciales, como las resoluciones de las Naciones Unidas
donde claramente dejan en claro el estatus del Sáhara Occidental. No
obstante, la Unión Europea mira hacia otro lado ante las violaciones
de derechos humanos contra el pueblo saharaui; Estados Unidos sigue siendo un
proveedor de armamento avanzado junto a Francia; España avala el plan de
autonomía que busca imponer Rabat.
En este
contexto encontramos a la República Árabe Saharaui Democrática, proclamada en
febrero de 1976. Tiene todos los elementos para ser considerado un estado:
gobierno, territorio y población (más allá que gran parte vive exiliada); es
reconocida por ochenta países y es miembro fundador de la Unión
Africana. Esto nos lleva a reflexionar que estamos ante la realidad de un
estado que tiene gran parte de su territorio ocupado por otro actor.
Las
contradicciones en el plano jurídico de Marruecos en lo atinente al
Sáhara Occidental, no se agota solo en el tratado con Mauritania de
1976, desconocer el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de
1975, sino al incorporarse a la Unión Africana en 2017, Rabat aceptó las
condiciones de ingreso, entre otras cosas de aceptar la integridad territorial
de los estados miembros (entre ellos la República Saharaui).
Desde
diferentes perspectivas, sea el Sáhara Occidental como Territorio No
Autónomo o como Estado, estamos ante una ocupación ilegal. La falta de
consensos por parte de determinados actores de la escena internacional, impide
lo que dice claramente el derecho, sea respetado.
La partición
del Sáhara Occidental ¿ficción o realidad?
La propuesta
de la partición del territorio, no es nueva, debemos remontarnos durante la
gestión de Koffi Annan como Secretario General de las Naciones Unidas
en 2002. Marruecos se opuso de plano y por medio de una política de
intransigencia absoluta, busca desgastar políticamente al Frente
Polisario, bloquearlo a través de maniobras diplomáticas, todo ello
acompañado por una campaña de represión en las zonas ocupadas y una asimilación
acelerada a través de la llegada de colonos.
Marruecos aceptó
la partición del territorio en su momento, cuando firmó el Tratado de
Delimitación de las Fronteras Estatales en abril de 1976, con Mauritania
dividiéndose el Sáhara Occidental. La derrota mauritana frente a las
fuerzas saharauis y la evacuación del Río de Oro, los marroquíes, ocuparon la
región y el tratado suscripto se transformó en letra muerta. Este hecho fue condenado
por las Naciones Unidas, por medio de la resolución 34/37 de 1979.
Adherimos a
la opinión dada en su momento por el reconocido académico experto en el
conflicto del Sáhara Occidental, Dr. Carlos Ruiz Miguel, que la
partición podría ser una solución, donde ambas partes tienen que hacer
concesiones recíprocas. Nadie sale ganando. Políticamente para Marruecos puede
seguir con su “relato” sobre la “marroquinidad” del
Sáhara Occidental para su frente interno, para el caso saharaui dar por
finalizado el conflicto y recuperar parte del territorio ocupado. España se
vería beneficiaria, al haber dos actores con frente marítimo frente a Canarias,
lo que facilitaría la cuestión de la delimitación de la plataforma continental,
acuerdos pesqueros, control de migraciones. Cabe destacar en el caso de
la República Saharaui, Madrid tendrá un vecino sin aspiraciones
expansionistas. En el ámbito regional, generaría mayor nivel de seguridad para
Mauritania y Argelia, al existir un estado “tapón”, el estado
saharaui.
La propuesta
de partición, en el marco de nueva edición impulsada por De Mistura,
obliga a la Moncloa, aceptarla, en atención que el titular español de
exteriores, Albares y el mismo jefe de gobierno español, Pedro Sánchez,
manifestaron públicamente que apoyaban los esfuerzos del Enviado Personal. Vale
la pena recordar, que España apoya abiertamente la solución de dos estados para
el conflicto palestino israelí (por lo tanto, aceptar la partición del
territorio en disputa), no apoyar una solución de este tipo para el caso
del Sáhara Occidental, es una verdadera incongruencia.
Estados
Unidos, a través del Departamento de Estado, señaló que respalda la
labor del Enviado Personal del Secretario General de la ONU, De Mistura.
Por lo tanto, dicho país no puede permanecer ajeno a la propuesta de partición
y es una suerte de «seguro» ante una posible reedición de la propuesta de Trump
de reconocer la ocupación marroquí.
El camino
para alcanzar un acuerdo, que implique la división de las zonas ocupadas
entre Marruecos y la República Saharaui, solo es factible, si Rabat
reconoce como actor al Frente Polisario/República Saharaui, y con
participación activa de actores regionales (Argelia y Mauritania) como fuera de
ella (España y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU).
Alcanzar este tipo de consensos, dado el panorama internacional, es poco
probable en el corto plazo.
El creciente
enfrentamiento de Estados Unidos y sus aliados frente a Rusia y China,
paraliza al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, institución clave para
hacer cumplir las resoluciones aplicables al Sáhara Occidental.
Creemos que el camino a seguir en este panorama tan complejo, es avanzar en el
reconocimiento de la República Saharaui como estado observador de la ONU,
movilizando la opinión del Sur Global. Desde el punto de vista político, la
opinión pública internacional, tomaría nota que la situación del Sáhara
Occidental, es la de un estado ocupado y por ende, cualquier proceso de
negociación y/o propuesta de solución de la conflicto, debe tener al gobierno
saharaui como parte de ella y garantizando la existencia de la República Saharaui
como estado.
Fuente: El Confidencial Saharaui. En la imagen de archivo, Staffan de
Mistura.
