En el primer mes de Gobierno de la sucesora de Andrés Manuel
López Obrador, México ha visto una crisis de violencia al rojo vivo, con
enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y el asesinato de policías,
de un sacerdote reconocido por su labor humanitaria y de dos periodistas.
Mientras, la reforma judicial aprobada en el coletazo final del Gobierno AMLO
sigue generando discordia.
México cambió
de mandato, pero no ha dejado atrás, al menos de momento, la crisis de
violencia.
Esta ha aumentado en regiones como
Sinaloa, en el occidente del país, donde ha castigado a la población, atrapada
en enfrentamientos entre las facciones del antiguo Cartel
de Sinaloa: por un lado, los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, del otro, a los
seguidores de ‘El Mayo’, luego de que los llamados ‘Chapitos’ colaboraran con
las autoridades estadounidenses para la detención de ‘El Mayo’ en julio
pasado.
Los enfrentamientos dejan cientos
de muertos y la situación de inseguridad ha recaído entre los habitantes del
estado y afectado asimismo su economía.
Entre tanto, en Chiapas, en el sur del país, el 19 de octubre fue asesinado el Padre Marcelo Pérez, reconocido entre la población por sus labores humanitarias. El líder religioso había recibido amenazas con anterioridad y su muerte evidenció la inseguridad en este estado sureño, colindante con Guatemala, donde diversos grupos armados se disputan el control territorial en la frontera.
A nivel nacional, el número de
miembros de la fuerza pública asesinados ha sido notorio. La organización civil
Causa en Común informó este viernes que este mes de octubre, primero del
mandato de Sheinbaum, registró los asesinatos de 31 policías. De acuerdo
con la entidad, del 25 al 31 de octubre hubo nueve casos, que elevaron el
número total de agentes asesinados en lo que va del 2024 a 257.
Reporteros sin Fronteras hace un
llamado a proteger a los periodistas
Mientras tanto, la ONG Reporteros
Sin Fronteras (RSF) llamó este viernes al nuevo Gobierno a garantizar
la seguridad de los periodistas en el país, luego del asesinato el pasado
martes del periodista Mauricio Cruz Solís, en el estado de Michoacán (oeste).
El pedido de la organización llega en
la víspera del Día Mundial para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra
Periodistas -establecido por Naciones Unidas-, que se conmemora cada 2 de
noviembre.
"La lucha contra la impunidad
de los crímenes cometidos contra periodistas y el fortalecimiento de las
políticas de protección deben ir de la mano si queremos hacer frente con
eficacia a la crisis de violencia que amenaza cada día la libertad de prensa en
México", dijo Artur Romeu, director de la oficina de RSF para América
Latina.
Cruz Solís, de 25 años y director
del portal informativo 'Minuto x Minuto', también presentaba el noticiero
‘Enlace Informativo’, de la estación Radiorama. Solís había informado en
directo en varias ocasiones haber recibido amenazas y había reportado incidentes
de seguridad a las autoridades.
La tarde del 30 de octubre,
Patricia Ramírez González, que se desempeñó como periodista de
espectáculos, también fue asesinada.
Estos casos se suman a los de otros
cuatro periodistas asesinados en 2024: Alejandro Martínez Noguez, el 4 de
agosto, en Guanajuato; Luis Fernando Cosgaya Herrera, el 14 de agosto, en
Estado de México; Víctor Alfonso Culebro Morales, el 28 de junio, en Chiapas, y
Roberto Carlos Figueroa Bustos, el 26 de abril, en Morelos, según datos de Naciones
Unidas.
Por su parte, la ONG Artículo 19
indicó que desde el inicio del mandato del predecesor de Sheinbaum, Andrés
Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, 47 periodistas han sido asesinados
en el país. El mismo número de trabajadores de la profesión fueron asesinados
durante el Gobierno de Enrique
Peña Nieto (2012-2018).
La reforma judicial en México y un
malestar que no cesó
Los primeros 31 días de mandato de
Sheinbaum también estuvieron marcados por la reforma judicial impulsada por
López Obrador en la recta final de su Gobierno.
Un remezón a la Justicia en el país
altamente criticado por la oposición y por el sector judicial, que aseguran que
acabará con la división de poderes en el país. Hasta el momento, la presidenta
de la Corte Suprema, Norma Piña, y otros siete magistrados del Alto Tribunal
han renunciado en oposición a la medida.
Con la reforma, se estableció un
cambio radical: en el país los jueces pasarán de ser elegidos por su carrera
dentro del Poder Judicial a serlo por voto popular, algo con lo que el Gobierno
AMLO dijo que se aumentará la legitimidad de estos cargos, así como la
transparencia en su elección. La medida fue apoyada por la actual
mandataria.
Tras su aprobación, los
trabajadores del Poder Judicial se declararon en paro prolongado de sus
funciones, lo que ha puesto en espera cerca de 13.000 casos judiciales en el
país. Sheinbaum, por su parte, ha criticado que los trabajadores judiciales se
mantengan en huelga y que sigan recibiendo sus salarios.
La reforma aún enfrenta desafíos
legales que podrían poner en pausa su implementación.
Con EFE – Tomado de France 24 / Imagen: archivo.
