Misión
Internacional Independiente de la ONU para Venezuela considera que el Gobierno
de Nicolás Maduro cometió "crímenes de lesa humanidad" antes, durante
y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión
Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones
Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó un informe de
158 páginas, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023
y el 31 de agosto de 2024, y en el que acusa a fuerzas de seguridad y grupos
civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas,
actos de tortura y violencia sexual y de género.
Instituciones
"involucradas masivamente"
Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También
asegura que "las declaraciones de las máximas autoridades del Estado,
sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a
generar un clima de hostilidad y violencia".
Otras
instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que
"incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad", la
Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes
contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y
democrático", o el sistema de justicia, que "siguió operando con
falta de independencia".
Perfil de las
víctimas de represión "se amplió"
Aunque
anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado
venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento, que
amplía otro informe presentado
el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, destaca que el perfil
de las víctimas de la represión "se amplió de manera significativa"
en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.
En el
contexto electoral los abusos también fueron sufridos por "ciudadanos
comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los
resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las
autoridades", indicó.
La misión que
preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que, en los
10 meses anteriores a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en
relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la
llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121
detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
Ese tipo de
campañas "sirvieron de justificación para la represión selectiva de
militares, políticos y activistas de la sociedad civil", señaló el informe
del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno
Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La represión
aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el
informe, "pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e
indiscriminadas sin precedente", con un número de detenciones, que
pudieron contarse por miles, "sólo comparable con las protestas de 2014,
2017 y 2019".
rml (efe,
ohchr.org) / Texto tomado de DW / Alemania.
