Por Luis Fuenmayor Toro
/ Opinión
Luego de todos los lamentables y desagradables incidentes
ocurridos en las elecciones presidenciales, incluyendo las ilegales actuaciones
del Consejo Nacional Electoral y del propio Tribunal Supremo de Justicia, el
gobierno del presidente Maduro arremete contra las protestas sociales generadas,
con acciones represivas por parte de los cuerpos policiales y la
judicialización de quienes participan, bajo el argumento de que se trata de un
plan de desestabilización instrumentado por la oposición que se arroga el
triunfo electoral.
Adicionalmente,, el gobierno asume la realización de una reforma legal electoral en la Asamblea Nacional, con la que realmente pretende reducir mucho más la ya constreñida participación electoral de la población venezolana. Dada la crisis de legitimidad de origen que el Ejecutivo enfrenta, uno pensaría que esa reforma debería dirigirse a subsanar todas las fallas, limitaciones y vicios existentes en el sistema actual, así como a cambiar totalmente la composición del árbitro electoral, cuya reputación resultó totalmente dañada y goza hoy de muchísima menor credibilidad que la ya deteriorada que tenía.
Pero no es así. Como siempre, el gobierno rechaza cualquier
posibilidad que signifique aceptar que se equivocó, que no actuó conforme a
derecho, que los resultados electorales son rechazados por buena parte de la
población, que tiene una posición comprometida internacionalmente y que la
división del país y los enfrentamientos permanentes dificultarán en forma
importante, la necesaria y urgente recuperación económica y social del país. En
una suerte de huida hacia adelante, la autocrítica gubernamental desaparece, el
autoritarismo recrudece y el sectarismo se enseñorea del escenario político.
Nuevamente se desprecia la posibilidad de buscar una salida
nacional con la mayoría del país, que relegue definitivamente la violencia
política y que genere las aproximaciones necesarias, para la construcción de un
camino de unidad, progreso y paz, que es lo que en definitiva anhela el pueblo
venezolano. Se vuelve a imponer un criterio de gobierno, que no ha dado
resultados positivos en estos 25 años de gestión. Así como la oposición
intransigente ha fracasado durante estos cinco lustros, el gobierno también ha
fracasado, pues no ha podido gobernar en paz, ni en forma constructiva, y hoy
se encuentra en una posición peor que la que tenía antes de las elecciones.
Vuelve a imponerse la conducta de obligar antes que
convencer, de imponer antes que persuadir; de la amenaza constante, del castigo
permanente, de la burla siniestra, del conflicto inmutable, de constante
intranquilidad, desasosiego y desesperanza, escenario que no les ha servido a
los venezolanos, que es rechazado por la inmensa mayoría y que deja de lado sus
necesidades apremiantes. Pareciera que el peligro real de disolución de la
nación no tiene mayor importancia y que se ha llegado al extremo de relegar los
altos intereses de la Patria, frente a los bastardos intereses de personas y
grupúsculos.
No nos cansaremos, por el tiempo que nos quede, y corriendo
el peligro de no ser comprendidos, de recriminar a quienes ejercen el poder su
inatención a estas quejas y demandas. Es al gobierno, precisamente porque
gobierna y no puede desprenderse de esta realidad, ni mucho menos esconderse
detrás de excusas pueriles, a quien nos dirigimos preferentemente, sin que esto
signifique no exigirles a todos los actores políticos, la sindéresis que un
momento como el que vivimos requiere. Es la supervivencia de la patria lo que
nos estamos jugando y hay que comenzar con tener conciencia de ello.
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