Por Carlos Torrealba R. *
- La decisión del gobierno de no
renunciar al poder bajo ninguna circunstancia, ha pasado a un punto de no
retorno, donde no se plantea la irreversibilidad. Aquí no hay que olvidar lo
que repetidas veces han declarado altos personeros del oficialismo: "ni por
las buenas ni por las malas, más nunca volverán a gobernar este país".
- Como se sabe, el presidente
Nicolás Maduro ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para
solicitar la validación de su reelección, en medio de una creciente presión nacional
e internacional para que se publiquen y auditen las actas de la votación del 28
de julio, dadas las "dudas razonables" sobre el resultado de las
elecciones en Venezuela.
- Ahora bien, sería iluso pensar que el TSJ tome una decisión contraria a la anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al proclamar a Nicolás Maduro presidente electo para el período 2025-2031 y la razón es muy sencilla: el TSJ, como así es percibido por el país, no es hoy un poder independiente, está bajo control del oficialismo, lo que inclina la balanza hacia una de las partes en conflicto. A consecuencia de ello, no es de esperar que la crisis política en desarrollo se resuelva a nivel de esta instancia judicial. Por el contrario, se agravará aún más ante la persistencia de la duda de que hubo fraude en las presidenciales.
- Al validar el TSJ la
"reelección" del presidente Nicolás Maduro, Venezuela tendrá, a
partir del 10 de enero de 2025, cuando se realice el juramento de ley en la
Asamblea Nacional, un gobierno sin tener la legitimidad del pueblo, otorgada
por el voto popular, dadas las "dudas razonables" respecto a su
origen.
- Un gobierno así constituido que
no busca gobernar sino mantenerse en el poder, su escenario futuro camina hacia
un creciente autoritarismo, con violación del estado de derecho y los derechos
humanos, ocasionando mayores problemas a los que ya tiene acumulado el país
producto de una crisis económica y social no resuelta, que presagia una
situación aún más difícil para la vida de los venezolanos.
- Si antes del 10 de enero de 2025
no se resuelve la crisis política en desarrollo y no se revierte la eventual
instauración de un gobierno "ilegítimo", el panorama hacia adelante
no es nada alentador. Se limitarán o perderán las pocas instituciones democráticas
que quedan; el país sufrirá de un mayor aislamiento internacional con severas
consecuencias económicas; se incrementará el descontento y la presión social
por mejoras de las condiciones de vida y cuando exista una sobrecarga de
demandas sociales se hará evidente la creciente dificultad para procesar los
problemas y ofrecer respuestas en clave de políticas públicas efectivas y
eficaces con un Estado económicamente quebrado.
- En este contexto, el reto que ha
de asumir la sociedad en conjunto es evitar que ese futuro catastrófico se haga
realidad. El país lleva 25 años de conflicto, confrontación y antagonismo.
Tenemos una nación agotada que ha perdido oportunidades de desarrollo económico
y social, que hoy vive en el atraso y convertida en una de las economías más
pobres de América Latina, luego de haber perdido las tres cuartas partes del
tamaño que tenía en los últimos diez años.
- No obstante, Venezuela es un país
recuperable económica y socialmente por el enorme potencial que tiene, similar al
potencial que tienen muchas de las economías emergentes del mundo. Este
país podría convertirse en el lapso de veinte años o menos en una nación
moderna, próspera y de gran empuje, altamente atractiva para formar familias y
hacer empresas, incluso para los visitantes que vengan a invertir y hacer
turismo.
- La condición para que eso ocurra
es la existencia de instituciones democráticas, gobiernos sólidos con
alternancia en el poder, inversión privada nacional e internacional que ayuden
a expandir un rápido crecimiento con sostenibilidad a largo plazo, liderazgo
con visión de futuro y comprometido con un modelo de desarrollo productivo,
diversificado y exportador, generador de riqueza y bienestar social, y
ciudadanos concienciados con la hoja de ruta.
- Por lo antes dicho, es vital que
Venezuela resuelva la crisis política en desarrollo, de manera que el país
pueda avanzar por la vía de satisfacer la aspiración de cambio que subyace en
la sociedad. A ello llegaremos si y solo si las partes involucradas entienden
la conveniencia de negociar y llegar acuerdos con sentido pragmático dentro de
un escenario “ganar-ganar”, tanto para el gobierno como para la oposición,
donde ninguno de estos factores obtendrán lo que inicialmente pretenden. O en
palabras del Padre Arturo Sosa, s.j.: "una posición que no es ni la mía ni
la tuya, sino una tercera posición o una distinta posición que supone que yo
tengo que ceder parte de ella para construir una cosa nueva".
- Si bien es la voluntad de las
partes en conflicto lo que puede conducir a la negociación y al establecimiento
de un pacto de beneficio mutuo; no menos cierto es que la mediación
internacional puede jugar un papel fundamental para alcanzar acuerdos. Por ello
hay que apoyar los buenos oficios y la diplomacia en plena marcha de los
gobiernos de México, Colombia y Brasil, así como el acercamiento y la
conversación entre Estados Unidos y Venezuela, con miras aliviar la crisis y
dejar abiertas las opciones, entre ellas, el levantamiento de las sanciones
personales, para bajar la resistencia a negociar.
- Mientras tanto, hay que tener
paciencia activa, hacer política dialogando y manejando la disputa en forma
pacífica y dar tiempo para que las presiones y persuasiones produzcan el
escenario para un acuerdo negociado, con plenas garantías para las partes en
conflicto. Solo así se podrá resolver la crisis política y crear las
condiciones para una transición hacia la democracia en paz y con estabilidad,
de manera que el país pueda aspirar a tener un futuro mejor.
*Economista.
