Ciudad de Guatemala. La fiscalía de Guatemala pidió este miércoles quitarle la inmunidad al
presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de haber autorizado pagos
"ilegales" a constructoras, informó un fiscal.
"Se
presentó" a la Corte Suprema la solicitud de "retiro de antejuicio en
contra del señor presidente" para ser investigado por los delitos de abuso
de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la
Constitución, recurso que puede llevar luego a quitarle la inmunidad, dijo el
fiscal Rafael Curruchiche en conferencia de prensa.
El antejuicio es el derecho que tienen los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las pesquisas. En el caso del presidente, la ley establece que si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión final sobre la inmunidad.
El
fiscal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por
"corrupto" y "antidemocrático", acusó al mandatario
socialdemócrata de haberle ordenado a la ex ministra de Comunicaciones Jazmín
de la Vega los pagos de contratos millonarios a empresas supuestamente
involucradas en hechos de corrupción.
"Disparates"
"Los
disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción
penal", reaccionó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
en un mensaje enviado a los medios.
Arévalo
y la fiscal general, Consuelo Porras, están inmersos en una guerra sin tregua
desde el año pasado.
Si se
abre una investigación penal contra el presidente, la fiscalía puede pedir una
orden de prisión preventiva contra él y, si la justicia accede, le costaría el
cargo.
El
actual caso se deriva de una denuncia presentada contra Arévalo el 16 de julio
por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la ultraderechista Fundación contra el
Terrorismo y también sancionado por Washington por "corrupto".
"Hemos
podido establecer entonces que el señor presidente [...] es la principal
persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala",
afirmó Curruchiche.
El
fiscal presentó un audio de una conversación entre Arévalo y la entonces
ministra grabado en mayo, que fue divulgado por la prensa local.
En la
conversación, el mandatario le notifica a Vega su destitución por no haber
cumplido una orden de pagar a empresas conforme a un listado acordado.
A
inicios de agosto, Arévalo confirmó la veracidad del audio y señaló que los
listados se elaboraron para pagar tras verificarse que las obras estuvieran en
ejecución.
Arévalo versus Porras
El nuevo
caso abre un capítulo más en el enfrentamiento entre Arévalo, que goza del
respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea, y la fiscal Porras, que también
es considerada "corrupta" por Washington y el bloque europeo.
La
disputa se inició en 2023, cuando la fiscalía abrió investigación contra el partido
Semilla de Arévalo después de que el socialdemócrata se colara en el balotaje
presidencial por sorpresa con un mensaje de mano dura contra la corrupción.
Por ese
caso, la fiscalía mantiene otro pedido para investigar a Arévalo por supuesto
lavado de dinero en la conformación del partido.
El
presidente, quien asumió el poder en enero, carece de facultades para remover a
Porras, cuyo mandato culmina en mayo de 2026. Para poder destituirla, Arévalo
presentó una iniciativa de ley para que se le otorgue esa potestad, pero el
proyecto está estancado en el Congreso.
Afp / Tomado de La Jornada /
México.