Por Carlos Subero
Una delicada discusión se está
dando ahora en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando se disponen a
aprobar las reglas que regirán para la asignación de los testigos electorales
que acrediten los candidatos y comandos.
El punto polémico es que se plantea
que para poder ser acreditado como testigo electoral en una mesa de votación
que funcionará el 28 de julio se debe ser elector de esa misma mesa.
Hay posiciones encontradas en esto.
Mientras el oficialismo, por boca de Diosdado Cabello en su programa Con el
Mazo Dando, avaló la propuesta restrictiva, voceros de la oposición como
Guanipa destacan que eso es una medida que va contra la oposición y debe
rechazarse.
Una decisión como la planteada
comprometería a la opositora Plataforma Unitaria para favorecer la posición del
Psuv y su candidato Nicolás Maduro. Se explica por qué.
¿Por qué son importantes los testigos?
Es necesario explicar que la
importancia de los testigos es vital en la intención de los comandos de
realizar su conteo propio del escrutinio electoral. Los testigos acreditados
ante el CNE son personas autorizadas para solicitar y recibir copia certificada
del acta de escrutinios que emita la mesa de votación el día de la elección.
Si se colocan testigos en cada una
de las 30 mil mesas de votación que funcionarán en el país, y estos obtienen
copia el acta de escrutinios, pues la misma noche de la elección, el comando
podrá tener certeza de la votación exacta obtenida en los comicios.
Pero no solo esto. Hay algo más
importante. El comando que logre esos testigos podrá demostrar fehacientemente
cada voto obtenido, en lo que se llama parte de la defensa del voto.
Hasta ahora, el asunto de la
designación de estos testigos oficiales, representantes de cada candidato, era
sin condiciones del sitio donde se vote. Es decir, si una persona vota en
ProPatria, municipio Libertador, puede ser testigo en una mesa que esté en
Petare, municipio Sucre, estado Miranda. No se había aplicado restricción
alguna.
Ahora habría que estar inscrito
como elector en la mesa donde se intente ser testigo. La nueva norma que se
intenta aplicar trastoca esta situación y obliga a los comandos electorales a
un esfuerzo complicado de organización para poder cubrir las decenas de miles
de mesas electorales.
La magnitud del problema
Pero hay unos comandos que están
mejor preparados para una normativa como la que está en discusión. Por ejemplo,
el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) tiene una estructura
organizativa de militantes que les incluye no solo por centro de votación, sino
por cada calle del país. Si tiene sus militantes inscritos y registrados por
cada uno los 15 mil 800 centros de votación, pues está en mejor posición de
seleccionar sus testigos por cada mesa, con solo extraerlos de su lista.
Otra cosa ocurre con la Plataforma
Democrática y su candidato Edmundo González Urrutia. Se trata de un cúmulo de
partidos, organizados cada cual a su manera, y que no tienen control por cada
uno de los miles de centros de votación del país. Entonces para encontrar a
cada testigo tendrán que realizar un trabajo de hormiguita que consiste en
chequear el listado de todas y cada una de las 30 mil mesas electorales para
buscar a algún simpatizante a quien puedan postular como testigo para el 28 de
julio en esa mesa.
La oposición tiene desde hace meses
un programa denominado 600K, que busca precisamente prepararse para cuidar sus
votos del 28 de julio. Este plan opositor estaba montado sobre la base que
cualquier persona puede ser testigo en cualquier mesa de votación, sin importar
si es elector de allí o no. Entonces, de aprobarse la nueva norma, trastocaría
todo ese proyecto 600K y le obligaría a adaptarse urgentemente al cambio
oficial de exigencias.
Comenzar otra vez
Es decir, tendrá que empezar por
hacer la lista de simpatizantes y asignarlos a su mesa votación como
posibles testigos, y luego ver en qué mesas faltan simpatizantes para poder
buscar en ese listado quién podría servir como testigo.
Es decir que se pierde todo el
trabajo de meses ya adelantado, y hay que recomenzar bajo nuevos criterios.
Y para eso tienen solo unos 40 días
de trabajo.
El polémico asunto está aún en
discusión dentro del CNE. Y de un momento a otro puede tomarse la decisión
final, que puede tener mucha influencia sobre las elecciones este 28-J.
Texto tomado del diario La Calle / Valencia (Ven).