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02 mayo, 2024

Provea: Agentes del Estado mataron a 10.085 personas entre 2013 y 2023

Entre Todos D.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su Informe Anual 2023 número 35, en el que advierte sobre una sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela bajo la gestión del presidente Nicolás Maduro, que ya suma 10 años en el poder.

La ONG denunció que en el periodo de Maduro se vulneraron los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, ha señalado Provea.

De acuerdo a los registros de Provea, entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados.

Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han revelado la existencia de una política o plan de Estado orientado a “promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población”, dicen.

Provea también denunció que en 10 años de gestión, Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población.

Aseguraron que las políticas del gobierno nacional han profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades más básicas de una persona.

A juicio de Provea, el deliberado estancamiento del ingreso mínimo de los trabajadores forma parte de una política asumida por la gestión de Maduro para desalarizar el trabajo, profundizando la precarización del empleo y extinguiendo la capacidad de ahorro de las familias.

En materia de acceso a servicios básicos, las cifras son también alarmantes: 69% de la población sufre severas restricciones para el acceso a agua potable, 61,9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso acceso a servicios de transporte.

Entre 2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699 lo que sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados, entre los más bajos de América Latina.