Aunque públicamente no tienen cargos formales, diez
venezolanos conforman un círculo de poder en El Salvador que solo está por
debajo del presidente, sus hermanos y otros parientes. Provenientes de la
oposición venezolana, están por encima del gabinete de ministros y a cargo de
algunos de los planes más determinantes que se ejecutan en esta administración.
El grupo es liderado por una mujer: Sarah Hanna.
Por Jimmy Alvarado
El Gobierno del presidente Nayib Bukele tiene una estructura
oculta por encima de sus ministros, una especie de supragabinete formado por al
menos diez asesores venezolanos cuyos contratos, honorarios y responsabilidades
no han sido transparentados. La mayoría de ellos están ligados al
autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido
Voluntad Popular en Maracaibo y Caracas. Al menos desde febrero de 2020,
un mes antes de la pandemia de coronavirus, este gabinete paralelo ha dado
órdenes a ministros del gabinete económico, de salud y de otras instituciones
del Ejecutivo. Otro grupo, desde Casa Presidencial (Capres), se encarga de
coordinar las actividades del aparato de propaganda del Órgano Ejecutivo y de
Nuevas Ideas, partido fundado alrededor de la figura de Bukele y que controla
la Asamblea Legislativa desde febrero de 2021.
El Faro analizó declaraciones en eventos internacionales y publicaciones en redes sociales donde algunos de estos venezolanos admiten su rol en el Gobierno; así como fotografías de actividades del Gobierno y de Nuevas Ideas, celebrados entre el 1 de febrero de 2020 y el 1 de mayo de 2021, en las que los venezolanos aparecen como protagonistas. Conversamos con tres funcionarios y dos empleados de este Gobierno que son testigos del trabajo de este grupo, con un empresario que los ha visto gestionar y resolver asuntos oficiales y dos diplomáticos contaron cómo y qué tipo de órdenes giran hacia ministros y otros funcionarios. Además, dos venezolanos que han trabajado con los asesores radicados en El Salvador y que tienen amistad con ellos desde su época de estudiantes universitarios, describieron algunas de las funciones que desempeñan en el país.
Los cinco funcionarios y los dos empleados manifestaron tener
temor a ser identificados, por el riesgo a perder sus empleos o a sufrir
represalias en contra de sus familias; el empresario dijo tener temor a recibir
acoso de Hacienda; los diplomáticos pidieron la reserva de sus nombres, por no
contar con autorización para hablar sobre este tema, y los dos venezolanos, por
temor a enfrentar campañas de desprestigio en su país, debido a que trabajan
con la oposición en Caracas.
Los testimonios de estas diez fuentes permiten dibujar un
organigrama no oficial, una estructura paralela donde la jefa de gabinete no es
la comisionada de Operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, sino una
venezolana: Sarah Abdel Karim Hanna Georges. Hanna ha sido asistente del líder
opositor venezolano Leopoldo López y de su esposa, Lilian Tintori.
En la punta de la pirámide del poder salvadoreño está el
presidente Nayib Bukele, seguido de Karim, su hermano más cercano, y luego sus
también hermanos Ibrajim y Yusef. Los venezolanos sirven como enlace entre el
clan familiar Bukele, el Gobierno y el partido Nuevas Ideas. Trasladan
lineamientos en persona y a través de grupos de Whatsapp desde los que giran
instrucciones. El Faro ha identificado a un grupo de 30 venezolanos que
trabajan en el Gobierno, de los cuales diez pertenecen a un círculo
privilegiado de toma de decisiones. De los 20 restantes, unos no viven en El
Salvador, pero suelen permanecer aquí durante lapsos que van de días hasta
meses.
“Te lo resumo así: casi que por cada ministro tienen un
venezolano detrás dando órdenes”, explicó un amigo de los asesores
venezolanos.
A finales de marzo de 2021, tras una publicación de El Faro
sobre Lester Toledo, jefe de campaña de Nuevas Ideas, un embajador se acercó a
un periodista de El Faro durante un evento. “Sí, es cierto. Hay un montón de
venezolanos que participan en reuniones oficiales del Gobierno, y la líder es
Sarah Hanna”. Los otros asesores venezolanos tienen áreas específicas en el
gabinete ampliado, y le rinden cuentas a Hanna, como ministros no oficiales del
Gobierno.
En el organigrama no oficial de este gabinete paralelo, debajo
de Hanna está su persona de mayor confianza, Miguel Sabal, quien se encarga de
temas logísticos y del reclutamiento de venezolanos en Caracas para trabajar
con el Gobierno de El Salvador. Luego están los asesores por áreas: Miguel
Arvelo, en Salud; Tomás Hernández, en el gabinete económico; Roddy Rodríguez,
en Educación y Cancillería; Juan Carlos Gutiérrez, en los temas de
transparencia, enlace con la Corte de Cuentas y la Cicíes; Santiago Rosas ha
estado a cargo de la elaboración del Plan de Control Territorial, que nunca ha
sido presentado públicamente, y Ernesto Herrera se ha desempeñado como asesor
en el Ministerio de Seguridad. Como asesora de Capres, en protocolo, estaba
María Alejandra García, que actualmente se encarga de coordinar, junto a su pareja,
Tomás Hernández, el Programa de Emergencia Sanitaria (PES). La cabeza del
segundo grupo es Lester Toledo, quien ha trabajado para Nuevas Ideas, pero a
quien el Gobierno encomendó diseñar el PES, como herramienta de organización
del territorio. Las acciones de propaganda en redes sociales son coordinadas
por el equipo de Toledo, que incluye a su hermano Lender y a Esteban Vicuña, en
coordinación con Hanna.
El 1 de junio, El Faro pidió entrevista a varios asesores de
este grupo, a Sarah Hanna, a Lester Toledo, a Esteban Vicuña y a Roddy
Rodríguez, a través de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, pero al
cierre de esta nota no hubo respuesta. El 24 de febrero, Vicuña prometió
brindar una entrevista. “Estoy en un evento, pero mañana con mucho gusto a las
8 am puedo responder a todas sus preguntas”, dijo, pero no volvió a
responder su teléfono. Las instituciones oficiales de comunicación de este
Gobierno no se hacen cargo de gestionar entrevistas con los venezolanos, bajo
la lógica de que no aparecen en ningún organigrama.
Estos asesores no tienen rango oficial y el Gobierno ha
negado que existan sus plazas a través de resoluciones de sus oficinas de
acceso a la información (OIR). El 16 de diciembre de 2020, el Ministerio de
Salud respondió a un ciudadano que solicitó esos contratos que los asesores
venezolanos no aparecían como empleados en los registros de Recursos Humanos, y
Capres declaró que los contratos eran “inexistentes” y “reservados”, según una
resolución del 2 de julio de 2020. Dos empleados de Capres dijeron a El Faro
que los honorarios de los venezolanos salen de la Dirección y Administración
Institucional/Administración General de la Secretaría Privada de Presidencia de
la República, y que todos tienen contratos de asesores.
El 1 de junio, una laboratorista del Instituto Nacional de
Salud (INS) denunció que Miguel Arvelo, Miguel Sabal y Sara Hanna le
instruyeron no procesar pruebas de Covid-19, incluidas las del personal de
primera línea. Esa denuncia interna se conoció por la filtración de un
memorando dirigido a la subdirectora del INS, Xóchitl Sandoval. En diciembre de
2020, un funcionario pidió poner atención al esquema que describe ese
documento. “Los asesores venezolanos son como los chaneques de los Bukele. Los
acompañan a actividades y a reuniones muy específicas de alto nivel”, relató.
“Yo sé que los hermanos toman decisiones, pero no es que agarren el teléfono
para darnos órdenes sino que mandan a sus emisarios: los venezolanos. Eso
sucede en varios ministerios”, añadió.
La relación con estos asesores se comenzó a construir desde
la campaña de Bukele para la elección presidencial de 2019. Sarah Hanna y
Lester Toledo participaron como estrategas en esa campaña. En mayo de 2019,
Bukele realizó una gira a Estados Unidos y participó en una conferencia
de Americas
Society/Council of the Americas, donde se reunió con Carlos Vecchio, un
hombre de confianza de Lester Toledo, que acababa de ser designado embajador en
Washington D.C. por Juan Guaidó, un diputado de Voluntad Popular que el 23 de
enero de 2019 se autoproclamó presidente de Venezuela con el apoyo de Estados
Unidos y de la Unión Europea.
“Agradecidos con el Pdte. Electo de El
Salvador, Nayib Bukele, por su apoyo al pueblo venezolano, el compromiso
demostrado por nuestra causa de libertad, cese de usurpación y la restitución
de la democracia en nuestro país”, escribió
Vecchio tras la reunión del 7 de mayo de 2019. El 2 de noviembre de
2019, Bukele expulsó de El Salvador al cuerpo diplomático de Nicolás Maduro.
En diciembre de 2020, un ministro mencionó a este medio una
regla no escrita en este Gobierno: “Si como titular de una institución no
tienes una vía de comunicación directa con el presidente, te jodiste, porque
los venezolanos mandan”.
El Faro confirmó que, desde febrero de 2020, algunos de estos
asesores participaron como protagonistas en la construcción del “Fondo de
Emergencia” de $2,000 millones en préstamos destinados a combatir la pandemia.
“Ellos se encargaron de la coordinación de las donaciones internacionales, en
la mesa de crisis que luego fue bautizada como Equipo Interdisciplinario
de Contención Epidemiológica y que funcionó en el Edificio Century Tower, en
las inmediaciones de Cifco, en la Zona Rosa”, dijo una fuente que aseguró que
en esa oficina se definieron las fases durante los meses de confinamiento; ahí
se detalló el programa de entrega de canastas de alimentos y también el plan de
vacunación que ha sido declarado secreto hasta 2024. “En ese edificio está
Corsatur, en el piso 10, y el Mitur, en el 11. Ese lugar fue la base de
operaciones de los venezolanos”, confirmó un empleado de Capres, haciendo
referencia a que Turismo gestionó los arrendamientos de los hoteles que
funcionaron como “centros de contención”.
El equipo que coordina los programas de la pandemia
El 17 de febrero, el Gobierno organizó un evento en la Unidad
de Salud Atlacatl, para dar por iniciada la campaña de vacunación contra la
Covid-19, tras el arribo de un primer lote de vacunas AztraZeneca del programa
Covax (Acceso Global a las Vacunas), provenientes de la India. Una hora antes
de que iniciara el evento, Sara Hanna ingresó junto con un equipo de asesores a
supervisar la logística. Ella entró varias veces a una cabina a conversar con
el ministro de Salud, Francisco Alabí, que esperaba al presidente Bukele.
Luego del hecho, un embajador dio más contexto a la presencia
de Hanna en el evento. “Yo tuve conocimiento de que la persona designada por el
Gobierno de El Salvador para coordinar el Covax y para brindar detalles a la
comunidad internacional sobre su implementación es ella”.
En el mismo evento, y en una zona donde la prensa no tenía
acceso, un hombre esperaba sentado a que iniciara el evento. Se trataba de
Miguel Arvelo, quien primero estuvo destacado en Medio Ambiente, pero que en
2020 pasó a ser un enlace entre Capres y el Minsal. “Él se encarga de coordinar
proyectos en el Minsal. Él gira instrucciones de Sarah Hanna a personal de
rango medio y a técnicos de ese Ministerio”, relató un funcionario que
participó en reuniones con él.
El currículum previo de Arvelo no está relacionado a ningún
área de la salud humana. “Cuando ellos arribaron a El Salvador, nadie esperaba
que hubiera una pandemia. Ninguno de los asesores subordinados a Sarah Hanna
-que es odontóloga- era médico, así que por default seleccionaron al veterinario
(Miguel Arvelo), que era el que más o menos entendía esos temas”, relató un
amigo venezolano de los asesores.
En el evento también estaba Miguel Sabal Matheus. Después de
Sarah Hanna y Lester Toledo, que fue jefe de campaña de Nuevas Ideas para las
elecciones de febrero de 2021, Sabal Matheus es el asesor de mayor rango en la
cúpula de venezolanos. Él trabajó en Cúcuta, Colombia, la logística de la ayuda
humanitaria enviada desde Miami, Florida, como delegado de Guaidó.
Sabal es un empresario de Caracas que en 2013 fundó en Panamá
la empresa Recreaciones
Aventura SA, la entidad con la que opera una empresa que organiza
campamentos, talleres de liderazgo y de comunicación en Venezuela, que le ha
servido como plataforma para construir una red de apoyo en ese país, según
relató una fuente venezolana. El Faro pudo constatar que, en febrero de 2014,
Sabal constituyó en Miami la Fundación
Futuro Presente Inc, junto con Sarah Hanna, que se dedica a formar líderes
que han terminado ocupando cargos con Voluntad Popular, el partido opositor del
chavismo fundado en 2009 bajo el liderazgo de Leopoldo López. Otro de los
asesores en El Salvador, Roddy Rodríguez Fuentes, es tesorero de la fundación.
Rodríguez Fuentes es también asesor del Ministerio de
Educación salvadoreño. Antes estuvo designado a Cancillería. De agosto a
noviembre de 2020, fue el responsable del “diseño de un sistema de
planificación, seguimiento y evaluación de procesos de formación docente”, dice
su hoja de vida en Linkedin. De enero a junio de 2020, coordinó la
planificación de los programas en el marco de la pandemia. En su caso, la
confirmación de su participación con el Gobierno de Bukele fue escrita por él
mismo en su hoja de vida: “Fui el responsable de diseñar e implementar
estrategias de cooperación internacional para el Gobierno de El Salvador, las
cuales incluyeron el diseño de una Agencia de Cooperación Internacional de El
Salvador (ESCO), la coordinación de la estrategia de cooperación internacional
del Gobierno durante la respuesta temprana a la pandemia de COVID-19, entre
otras”.
En julio de 2020, ESCO fue creada por decreto ejecutivo como
una institución “que actuará bajo los lineamientos del presidente de la
república”. Es la responsable de coordinar la obtención de cooperación
internacional y de establecer sus prioridades a través de lineamientos.
Rodríguez Fuentes es consultor en Bogotá, Colombia, de la
empresa SmartEd Education
Solutions, que según su página web tiene una filial en El Salvador, cuya
oficina está en el Edificio Century Tower, en la Zona Rosa, en San Benito.
Rodríguez Fuentes es el contacto principal de la empresa en El Salvador. Hasta
mediados de 2020, el edificio Century era el lugar de reunión de los asesores
venezolanos, relató un empresario que debido a su trabajo visitó ese edificio
para asistir a algunas reuniones de negocios no relacionadas con ellos, pero
que pudo reconocerlos. Un técnico de un organismo internacional dijo que en
esas oficinas se reunían los venezolanos: “durante algunos meses supe que ahí
planificaron actividades de la mesa de crisis del Gobierno en el marco de la
pandemia”.
Dos funcionarios de este Gobierno que tuvieron conocimiento
de las actividades de planificación entre enero a abril de 2020, coordinadas
por Capres para la atención de la pandemia, dijeron que los asesores
venezolanos se repartieron áreas. “Por ejemplo, yo supe que en el equipo de
coordinación de compras de alimentos y en la planificación del bono de $300
participaron Sarah Hanna y Tomás Hernández”, relató uno de los funcionarios.
“Hernández es el enlace con las instituciones del gabinete económico: Hacienda,
Economía, Agricultura y hasta BCR”, dijo.
Tres fuentes de Gobierno que tuvieron conocimiento de las
discusiones en Capres y en otros espacios de reunión del gabinete dijeron que
el arquitecto del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) fue Lester Toledo.
“Lester fue la persona que diseñó el PES. Uno de los equipos que se encargaba
del empaque y distribución del programa de entrega era coordinado por los
venezolanos”, dijo un funcionario de alto nivel de este Gobierno. “Él ya había
trabajado en temas logísticos de ayuda humanitaria para Guaidó, entonces era
lógico que él se encargara de coordinar la logística. La coordinación de las
compras se la delegaron a Tomás Hernández”, relató otro de los funcionarios.
Tomás Hernández, el asesor que transmite las órdenes a los
titulares del gabinete económico, no es economista. En un boletín de la
Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela) lo presentan como
ingeniero, y en la descripción de su cuenta de Twitter dice que tiene una
maestría en Ciencia Política. “Él vino a El Salvador, porque su esposa, María
Alejandra García, que había militado en Voluntad Popular, estaba trabajando
como asesora de Capres”, relató un amigo de los venezolanos.
Un funcionario que conoció las discusiones de febrero de 2020
para construir un “Fondo de Emergencia” de $2,000 millones en préstamos, aprobado
por la Asamblea el 26 de marzo, dijo que los venezolanos tuvieron un rol
protagónico en incluir un párrafo del borrador de decreto que establecía como
uno de los destinos del dinero el reparto de canastas de alimentos. “Desde el
inicio, los asesores venezolanos insistieron en las reuniones de planificación
sobre los beneficios que podía tener la entrega de estas canastas para la
campaña legislativa y municipal de 2021”, dijo esta fuente.
El 12 de mayo, Toledo estuvo en Casa Presidencial, y en una
fotografía aparece como expositor del PES, frente a funcionarios del gabinete
que participaron en la compra, importación y distribución de los paquetes de
alimentos, entre los que destaca el director de la Policía, Mauricio Arriaza
Chicas, y el entonces ministro de Agricultura, Pablo Anliker, quien autorizó
las compras millonarias de alimentos.
Semanas antes, el 30 de abril, Toledo compartió en Instagram
un video en el “Centro de Operaciones del PES”, en las Aduanas de San Bartolo,
en Ilopango. “Desde hace semanas venimos trabajando junto al presidente Nayib
Bukele en un conjunto de acciones para que la población no sienta con tanto
impacto los efectos económicos causados por la pandemia de la Covid-19”,
escribió Toledo. En ese mismo lugar, el presidente Bukele y su hermano Karim
anunciaron el programa de entrega de canastas de alimentos semanas después, el
18 de mayo.
Toledo, como representante de su empresa Salto Ángel
Consulting, dirigió
la campaña de Nuevas Ideas para las elecciones legislativas, en las
que ese partido conquistó 56 de 84 escaños de la Asamblea.
La contundente victoria ocurrió en el marco de una de las
contiendas más desiguales. El partido oficialista destinó $8.7 millones para la
campaña en radio, televisión, impresos y redes, versus los $3.6 millones de los
otros ocho partidos, según un informe de Acción Ciudadana. Y eso sin contar con
el efecto del reparto desde el Ejecutivo de despensas (canastas de alimentos) a
los hogares salvadoreños compradas en México, Panamá y Estados Unidos por un
monto superior a los $200 millones de dólares, que fueron repartidas de mayo de
2020 a febrero de 2021, antes de las elecciones.
Los asesores venezolanos detrás de los planes de Bukele
En noviembre de 2019, Juan Carlos Gutiérrez -el
apoderado de Juan Guaidó para rastrear la riqueza que se fugó de Venezuela y
para gestionar su recuperación ante la Unión Europea- fue designado por Bukele
como asesor anticorrupción de la Presidencia salvadoreña. Desde el 26 de
noviembre de 2019, Gutiérrez participó en las actividades para el
establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El
Salvador (Cicíes), en coordinación con la Organización de Estados Americanos, y
para la creación de una unidad para investigar la corrupción desde la Policía
Nacional Civil.
En abril de 2020, mientras sucedían las primeras compras de
la pandemia, Juan Carlos Gutiérrez renunció y partió a España. Consultado por
su salida del Gobierno, Gutiérrez dijo a El Faro -el 8 de abril de 2021- que no
haría comentarios: “por razones éticas y legales no puedo suministrar más
información”.
Según la propaganda oficial, en noviembre de 2019, el Plan de
Control Territorial (PCT) ya llevaba cuatro
meses de haberse implementado. Un venezolano cercano a los asesores reveló
a El Faro que el encargado de trabajar ese plan -al menos el documento- no fue
el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, sino Santiago
Rosas. Sobre eso, un funcionario de este Gobierno confirmó lo siguiente:
“Él era el principal asesor del Ministerio de Seguridad y elaboraba las
estrategias sin consultar con el entonces ministro Rogelio Rivas. Fue el
encargado de diseñar el Plan Control Territorial”.
El 5 de septiembre de 2019, el empresario textil Rodrigo
Bolaños, reconocido por impulsar programas de responsabilidad empresarial
en temas de rehabilitación y reinserción, presentó al venezolano como un
interlocutor del Gobierno. 'Hoy nos acompañó Santiago Rosas, master en Oxford,
encargado del tema de rehabilitación y reinserción. Estoy seguro que su aporte
fortalecerá las iniciativas del nuevo Gobierno en esta área. Bienvenido”, publicó
Bolaños en su cuenta de Twitter ese día.
El embajador del Reino Unido, David Lelliot contestó la
publicación: “Me da gusto ver a un becario Chevening tomando un papel tan
importante en El Salvador”. Chevening es el principal programa de becas de
estudios de posgrado del Reino Unido. Dos funcionarios dijeron a El Faro que,
tras la irrupción del presidente Bukele con militares a la Asamblea para
presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo del Plan de Control
Territorial, Rosas renunció.
Junto a Rosas, el venezolano Ernesto Herrera Núñez asesoró al
Ministerio de Seguridad, según estas mismas dos fuentes del Gobierno. Sobre
Herrera no aportaron más detalles acerca de sus funciones.
Rosas y Herrera trabajaron en la Municipalidad de El
Hatillo (2013-2017), dirigida por uno de los amigos más cercanos de Lester
Toledo, David
Smolansky, un exalcalde en el exilio, que en 2018 fue designado por el
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, como comisionado de esa organización para los migrantes y refugiados
venezolanos. En ese periodo, Rosas era el director de gestión de la
Policía Municipal y Coordinador de Planificación Estratégica y Transparencia; y
Herrera, investigador de estrategias de optimización policial para la Policía
en El Hatillo. En 2018, ambos trabajaron
con Amnistía Internacional una “Propuesta de Reingeniería de la
Seguridad Ciudadana” para “reducir los homicidios y la delincuencia en Venezuela”.
*Con reportes de Efren Lemus y Sergio Arauz
Texto tomado de El Faro / El Salvador. Imagen: Carlos Barrera.
