El empresario malasio "Fat Leonard" habría estafado
por al menos 35 millones de dólares
"El fugitivo que huyó de Estados Unidos, fue arrestado y
devuelto al país desde Venezuela para que enfrente a la Justicia", dijo el
presidente Joe Biden. Fue uno de los canjeados por Alex Saab.
El gobierno de Estados Unidos liberó al
empresario colombiano Alex Saab, un aliado clave del presidente
venezolano Nicolás Maduro que enfrentaba cargos de lavado de dinero en Florida,
a cambio de la libertad de 10 estadounidenses y 20 venezolanos detenidos en su
territorio. Entre los presos intercambiados se encontraba Leonard Glenn
Francis --más conocido como "Fat Leonard"--, un empresario malasio
que se declaró culpable en el mayor escándalo de corrupción en la historia de
la Marina norteamericana.
"Un fugitivo llamado Leonard Francis, quien huyó de
Estados Unidos antes de que pudiera ser condenado por su papel principal en un
descarado caso de soborno y corrupción, fue arrestado y devuelto al país desde
Venezuela para que enfrente a la justicia por los delitos que cometió contra el
Gobierno y el pueblo estadounidense", señaló el presidente demócrata Joe
Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Francis fue
enviado a una cárcel de Miami, según un portavoz de la Agencia Federal de
Prisiones citado por The Washington Post. Se espera que en
los próximos días sea trasladado a San Diego para que finalmente enfrente los
cargos federales en su contra.
Un contratista intocable
Francis dirigía el negocio de servicios navales de su
familia: Glenn Defense Marine Asia Ltd. (GDMA), empresa con sede en Singapur
que proporcionaba alimentos, agua y combustible a buques. Durante más de dos
décadas, se desempeñó como un contacto clave para los barcos de la Armada
estadounidense en puertos de Asia. En ese tiempo se ganó el favor de
oficiales navales obsequiándoles carne kobe, habanos, entradas para conciertos
y fiestas sexuales en hoteles de lujo. A cambio, ellos ocultaban que el
contratista cobraba de más por el suministro a los barcos o que recibía pagos
por servicios falsos en los puertos que controlaba en el sudeste asiático.
Además, le compartían información clasificada e incluso redirigían buques
militares a puertos que eran lucrativos para su empresa, lo que le dio ventaja
sobre sus competidores en el rubro.
Aun así, no todos los soldados quisieron formar parte de la
trama de corrupción que creció con el pasó de los años. En 2004, Glenn
Defense envió a David Schaus, un teniente asignado a la Oficina de Apoyo a
Buques de la Marina en Hong Kong, una enorme factura por el bombeo de 100.000
galones --aproximadamente unos 378.541 litros-- de aguas residuales de un
destructor que pasó cuatro días en puerto. Esa cantidad resultaba imposible
porque los tanques del barco contenían sólo 12.000 galones y recibían mantenimiento
una vez al día. Schaus habló con Francis para pedirle una explicación, pero
este último se puso furioso al ser llamado mentiroso. "Los tenientes no me
dicen qué hacer", aseveró el malasio, ante la negativa del soldado a pagar
la cuenta.
Dos años más tarde, Schaus denunció ante el Servicio de
Investigación Criminal Naval (NCIS) que la empresa de "Fat Leonard"
cobró a la Marina 68.000 dólares de más por bombear aguas residuales del
portaaviones USS Ronald Reagan durante una visita de tres días a un puerto en
Asia. No obstante, el caso no avanzó y el teniente renunció a su trabajo a
los pocos meses. Lo mismo ocurrió con otras 27 investigaciones del
NCIS, todas cerradas a partir de la colaboración de agentes que respondían al
contratista a cambio de sobornos.
El derrumbe
Todo fue color de rosas para Francis por varios años hasta
que los funcionarios de la Marina finalmente se dieron cuenta de que se había
infiltrado en el NCIS. En julio de 2013, subieron intencionalmente
informes falsos a su base de datos, indicando que otras investigaciones contra
la empresa estaban cerradas, con la intención de que el malasio se confiara de
su inmunidad. Su despreocupación fue tal que, dos meses después, cayó en la
trampa que le habían preparado: viajó desde Singapur hasta San Diego
para reunirse con dos almirantes de la Armada, ante la posibilidad de conseguir
nuevos contratos, pero fue arrestado en el hotel Marriott
Marquis donde se alojaba.
En una entrevista con The Washington Post,
funcionarios del NCIS mencionaron varias razones por las que Glenn Defense
logró evadir las investigaciones durante tanto tiempo. La más importante, según
dijeron, fue que el NCIS restó importancia a las investigaciones de fraude y
corrupción después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando el
contraterrorismo se convirtió en la misión principal de la agencia. Antes de
eso, el NCIS tenía 140 agentes especiales en todo el mundo asignados a delitos
económicos, mientras que en 2002 sólo eran ocho. Hasta 2008 no hubo
un solo agente encargado de este tema en Asia. "Realmente no había una
sola persona supervisando todas esas quejas", sostuvo uno de los
funcionarios.
"Fat Leonard" se declaró culpable en 2015,
admitiendo haber ofrecido más de 500.000 dólares en sobornos en efectivo a
funcionarios de la Marina. Los fiscales afirmaron que estafó a la
Armada por al menos 35 millones de dólares. Aunque estaba expuesto a una
posible sentencia de 25 años de cárcel, su condena se postergó varias veces
debido a su papel como testigo clave. Es decir, como parte de su acuerdo de
culpabilidad, colaboró con la investigación que condujo a la condena de varios
oficiales.
En 2018 el tribunal le concedió la prisión domiciliaria
debido a un cáncer de riñón. Tres semanas antes de su sentencia
programada, el 4 de septiembre de 2022, rompió su tobillera electrónica
con una tijera para cortar metales y se dio a la fuga. Las autoridades
estadounidenses emitieron una "notificación roja", una solicitud
dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener
provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega. Además
ofrecieron una recompensa de 40.000 dólares a cualquier persona que diera
información que condujera al paradero del contratista.
Fue detenido días después en el Aeropuerto Internacional de
Maiquetía Simón Bolívar, en las afueras de Caracas. Como parte de su ruta
de escape, primero pasó por México y Cuba, hasta llegar a Venezuela, desde
donde tenía previsto viajar hasta Rusia, según informó la delegación venezolana
de Interpol a través de una publicación en redes sociales.
Moneda de cambio
Desde entonces, pese a estar preso, Francis tenía la
intención de que las autoridades venezolanas le otorgaran asilo político. Sin
embargo, todas sus esperanzas se desvanecieron el 20 de diciembre cuando lo
trasladaron a San Vicente y las Granadinas como parte del intercambio de
prisioneros acordado entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela.
Posteriormente, fue llevado a una cárcel de Miami, donde se encuentra
actualmente, a la espera de ser trasladado a San Diego para que cumpla su
condena.
"Yo sospechaba que algo iba a suceder ya que la Sala de
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia nunca respondió a ninguna de
mis solicitudes, ni siquiera en cuanto la atención de las dolencias físicas de
Leonard. Es un señor que viene de ser operado en EE.UU. por un cáncer de riñón.
Yo me encargué de llevarle personalmente su medicina, pero nunca tuve una
respuesta positiva en cuanto a trasladarlo a una clínica o un hospital para ser
evaluado", explicó a PáginaI12 Marco Antonio
Rodríguez-Acosta, el abogado del malasio en Venezuela.
También afirmó que, desde el momento en que su cliente fue
detenido en 2022, según la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal
(COPP), EE.UU. tenía un plazo de 60 días para formalizar la solicitud de
extradición con toda la documentación y pruebas necesarias, lo cual no realizó.
Además, el máximo órgano del sistema judicial venezolano tampoco emitió un
falló durante los 11 meses posteriores al vencimiento de dicho periodo. En ese
sentido, Rodríguez-Acosta argumentó que la reciente extradición de Francis
fue una medida arbitraria por parte de los gobiernos estadounidense y
venezolano, al saltarse el procedimiento judicial y al no respetar el derecho a
la defensa del contratista. "Este hecho representa un duro golpe
para quienes aún confían en la independencia de poderes en ambos países",
remarcó.
Informe: Axel Schwarzfeld / Tomado de Página 12 – Argentina.
