Durante casi una semana, a principios de abril, los rumores
sobre la gravedad del estado de salud del presidente Kais Saied sonaban con
fuerza en la capital tunecina. La ausencia de comparecencias públicas y de
anuncios oficiales generaban cierta esperanza en los que siguen sin entender la
deriva autoritaria en la que está sumido el país, y angustia en los que se
felicitan por volver a tener una figura fuerte –al margen de ideologías– al
frente del país.
En esos días, el ayuno que impone el Ramadán era a menudo la excusa para declinar una entrevista para opinar sobre la peor situación socioeconómica vivida en décadas en el país. En la sede del partido islamista Ennahda apenas había movimiento y, frente al abierto recibimiento habitual, invitaban a sentarse en la recepción mientras los posibles portavoces declinaban hablar con la prensa para, más de una hora después, disculparse e invitar a dejar el número de teléfono para contactar más tarde. Algo que no ocurría.
No hizo falta esperar mucho para comprender la razón del
ostracismo autoimpuesto por el Partido del Renacimiento, que tras la Revolución
de los Jazmines (2011) se convirtió en la fuerza política más votada en 2018.
El 17 de abril, Rachid Ghannouchi, de 81 años y principal opositor de Saied,
fue detenido por haber advertido de la deriva de Túnez hacia una «guerra civil,
si los partidos de izquierdas y los que se identifican con el islam político,
como Ennahda, son eliminados».
Casi un mes después, la Justicia tunecina ha sentenciado al
líder islamista a un año de cárcel y al pago de 1.000 dinares (300 euros) por
«apología del terrorismo» en relación a otro caso que se remonta a 2022. Según
la Policía, Ghannouchi «incitó a los tunecinos a matarse entre ellos» al decir
en el funeral de un líder de su partido que esa muerte «no asusta a dirigentes
o tiranos».
Tanto el partido de Ghannouchi como organizaciones de
derechos humanos e intelectuales en el exilio han rechazado la sentencia
asegurando que se trata de una caza de brujas, y han pedido su liberación.
Aseguran que «los cargos presentados contra Ghannouchi y más de 20 de líderes
de la oposición y personalidades –entre los que hay exministros, empresarios y
el propietario de la radio más escuchada del país, Mosaïque FM– son un intento
desesperado de eliminar a las voces de la oposición para destruir la democracia
en Túnez y distraer la atención ante una profunda crisis política, económica y
social».
La «conspiración contra la seguridad del Estado» es el
argumento que, como ya ocurrió en otros países donde las revoluciones populares
permitieron una mayor apertura, usa el régimen de Saied, sin apenas inmutarse,
ante la acusación de condenar al país hacia el totalitarismo. No le preocupa
eso ni el hecho de que los abogados de los señalados por el régimen tunecino
aseguren que los dosieres contra sus clientes estén vacíos de pruebas.
En la imagen superior, rueda de prensa en la sede de Ennahda tras la
detención del líder de la formación, Rachid Ghannouchi, el 17 de abril.
Fotografía: Hasan Mrad/Getty
Tomado de MUNDO
NEGRO / España.
