La respuesta a una pregunta sencilla, «¿Aprueba usted el
proyecto de Constitución?», a la que deberán responder los malienses el próximo
18 de junio con una tarjeta –blanca para el sí; roja para el no–, puede trazar
el futuro de un país que vive en una inestabilidad crónica desde que los
yihadistas y los tuaregs se levantaran contra el Estado hace más de una década.
Después del aplazamiento de la consulta, inicialmente prevista para el 19 de
marzo, el portavoz de la Junta Militar maliense, el coronel Abdoulaye Maiga,
anunció en televisión, el pasado 5 de mayo, la fecha en la que se abrirán las
urnas para los malienses.
El referéndum constitucional puede ser la primera etapa del itinerario que devolverá la estabilidad a Malí tras los golpes de Estado de 2020 y 2021, y del compromiso adoptado por la Junta Militar encabezada por Assimi Goita de celebrar elecciones en febrero de 2024 y dejar el poder en manos de los civiles. La periodista y politóloga de la Universidad Internacional de Rabat, Beatriz Mesa, en declaraciones a MN, pone el acento en la figura de Goita que, en su opinión, «lo que ha venido haciendo hasta ahora es suspender todo el proceso electoral que debía haber reinstalado al país en una senda democrática gobernada por líderes civiles. Ese es el problema de Malí, que nos recuerda el escenario tremendo de Sudán». El presidente de la Junta Militar, sin embargo, es consciente del impacto que tiene la permanencia de los militares al frente del país. Aunque la organización regional, la CEDEAO, levantó en julio de 2022 las sanciones económicas impuestas a Bamako después del golpe de Estado que llevó a Goita al poder, no se descarta que vuelva a retomar la senda coercitiva si la Junta no cumple con los plazos que conducirán a los comicios de 2024. A expensas de cómo evolucionen los acontecimientos, Bamako no ha sido reintegrado todavía en la CEDEAO, de la fue apartado tras la asonada.
Un presidente fortalecido
La Constitución que se somete a consulta, entregada a Goita a
finales de febrero, fortalece la figura del presidente, que marcará «la
política de la nación» y tendrá potestad para nombrar al primer ministro, al
Gobierno y para disolver el Parlamento. La propuesta también califica el golpe
de Estado como un «delito imprescriptible», aunque para los levantamientos
cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Carta Magna, si
finalmente se aprueba, se contempla una ley de amnistía. Aly Tounkara, analista
político y experto del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad en el
Sahel (CE3S), en declaraciones recogidas por BBC, pone, sin embargo, una
objeción: «Un período de transición no es lo más adecuado para iniciar reformas
constitucionales e incluso administrativas».
Porque, más allá del refuerzo a la figura del presidente, lo
que se dirime en esta consulta es el modelo del Estado que, tal y como se
indica en la propuesta presentada a los malienses, debería ser una «república,
independiente, soberana, unitaria, indivisible, democrática, laica y social».
Aunque las cuestiones vinculadas a la seguridad y al territorio reciben más
atención fuera de sus fronteras, entre los malienses otro asunto se ha colado
en el debate público y político: la laicidad o confesionalidad del Estado y
cómo encaja la religión dentro de la Constitución. En el país, de abrumadora
mayoría musulmana (88,5 %), la convivencia con otras confesiones (religiones
tradicionales, 8,5 %; católicos, 2,4 %; otros cristianos, 0,6 %) no ha generado
problemas significativos hasta la fecha. Beatriz Mesa considera que «hay
actores religiosos de la sociedad maliense que ven que esta es una oportunidad
para abrir el debate de cómo queda el país, laico o no, y eso es abrir una caja
de Pandora que no afecta solo a Malí, sino al conjunto de los países del
Sahel». Junto a parte de la comunidad musulmana, algunos grupos rebeldes del
norte y parte de la sociedad civil desean una mayor presencia del islam en el
texto constitucional.
La influencia de Wagner
La integridad territorial forma parte del debate en un
momento en el que Azawad y la Macina –región de Segú, donde viven
principalmente pueblos -peúles— funcionan de facto como
estados independientes ante la ausencia y el abandono de la Administración
central. En este contexto, no faltan quienes se preguntan, como Mesa, por el
papel de los mercenarios de Wagner: «Rusia no tiene aliados históricos de
carácter colonial y no se alinea con nadie, sino que interviene porque tiene
una agenda económica detrás. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿El Estado maliense se
va a atrever a enviar a los milicianos de Wagner para que se enfrenten a los
grupos armados secesionistas que son los que mantienen la neutralidad en la
zona de Azawad?».
Donde sí tuvo Wagner una influencia directa y decisiva, junto
al Ejército maliense, fue en la masacre de Moura, una pequeña localidad en el
centro del país, donde mercenarios y soldados regulares asesinaron, en el marco
de una operación antiterrorista, a cerca de 500 personas entre el 27 y el 31 de
marzo de 2022. La ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, hizo público un informe el pasado 12 de mayo –después de
varios meses de espera– en el que concluye que hubo participación directa de
ambos en las matanzas. El documento contradice la versión de la Junta Militar.
Un refrán bambara, «foyi tè sòrò sèguèn kò», advierte
que«no se obtiene nada sin fatiga». Si en alguna ocasión la sabiduría popular
ha servido para explicar la realidad de un país, esta podría ser sin duda una
de ellas.
En la imagen
superior, una mujer porta una camiseta con el rostro de Assimi Goita,
presidente de la Junta Militar de Malí. Fotografía: Florent Vergnes /
Getty
Tomado de MUNDO
NEGRO / España.
