- ROBERT TALIERCIO O'BRIEN
- LUIS BENVENISTE
- VINCENZO DI MARO
- LEONARDO GASPARINI
- SERGIO OLIVIERI
- EMANUELA DI GROPELLO
La COVID-19 tendrá consecuencias
duraderas innegables para muchas generaciones, ya que un componente
central de las estrategias nacionales para contener la propagación del virus
fue el cierre temporal de las escuelas. La interrupción no fue menor: las
escuelas latinoamericanas permanecieron cerradas en promedio casi un año y
medio, y ello genera gran preocupación por el costo económico futuro de estos
cierres.
La crisis causó importantes pérdidas de aprendizaje que, si no se subsanan, también provocarán un aumento en las tasas de deserción escolar. En ambos casos, el resultado es un impacto drástico en la formación de capital humano que afectará gravemente la adquisición de habilidades de quienes permanecen en el sistema educativo. Como resultado, los niños afectados por la pandemia tienen mayores probabilidades de ingresar a la vida adulta con menos competencias de las que tendrían en otras circunstancias y, en consecuencia, tendrán menos ingresos previstos a lo largo de su vida.
Tanto los modelos de proyección
mundiales como los estudios empíricos han
estimado que los
costos económicos de las sociedades derivados de estas pérdidas de aprendizaje
pueden ser enormes. ¿Pero estas pérdidas son suficientes para afectar la
situación de pobreza de los estudiantes en el largo plazo?
Un estudio reciente del Banco
Mundial titulado El impacto de la COVID-19 en
la educación en América Latina: Consecuencias a largo plazo en la pobreza y la
desigualdad (en inglés), nos proporciona información para
responder esta pregunta a partir de la base de datos SEDLAC. En el
informe se describe una situación calamitosa para el futuro.
La pandemia de la COVID-19 puede
suponer un aumento sustancial de la pobreza de ingreso en el futuro para la
cohorte afectada por la crisis. En 2045, el impacto previsto se traduciría en
un aumento de 1,7 puntos porcentuales en el índice de pobreza (línea de pobreza
de USD 6,85 al día en PPA de 2017). Extrapolado a la totalidad de la
población de América Latina y el Caribe de entre 30 y 45 años, cuando los
jóvenes afectados por la pandemia alcanzarían aproximadamente su edad de máxima
de producción en el mercado laboral, casi 5 millones de personas caerían en la
pobreza si los padres, los Gobiernos o ambos no aplicaran medidas de
compensación (pasar de clases presenciales a clases en línea, equipar a los
estudiantes con computadoras portátiles, dedicar tiempo a la escolarización de
los hijos, etc.).
Incluso en el escenario más
optimista, en el que se implementaron completamente estas medidas, el aumento
de la pobreza seguiría siendo de alrededor de 0,7 puntos porcentuales. El
impacto sería aún más fuerte para quienes abandonaron la escuela, con un
aumento estimado de la pobreza de más de 10 puntos porcentuales.
Lo que es más importante, el
estudio también indica que el efecto negativo en la pobreza duraría mucho
tiempo y solo se absorbería totalmente cuando la generación más afectada
comenzara a jubilarse.
En general, la enseñanza en materia
de políticas relevantes en este caso, que es coherente con estudios anteriores es
la siguiente: los cierres estrictos de las escuelas, que se dictaminaron para
contener la transmisión de la COVID-19, condujeron a pérdidas sustanciales en
términos de bienestar. Por lo tanto, ahora los esfuerzos normativos necesarios
para retomar el rumbo son enormes y deben mantenerse durante mucho tiempo.
Esta es una lección importante que
se debe considerar a la hora de diseñar una respuesta de políticas óptima para
este tipo de crisis en el futuro. Las políticas educativas en
la época posterior a la COVID-19 deberán centrarse en reducir estos déficits de
aprendizaje, y ello incluye intervenciones como los programas de cursos de recuperación después de la jornada
escolar.
En América Latina y el Caribe,
la agenda educativa posterior a
la COVID-19 también requeriría nuevos compromisos para reintegrar a todos los
niños que abandonaron la escuela; recuperar el bienestar socioemocional de los
niños, y valorar, apoyar y capacitar a los docentes.
Los sistemas de protección social
también necesitan una reforma fundamental para
ser más adaptativos y aumentar la cobertura, la capacidad de respuesta, la
interoperabilidad y el uso de los datos para responder mejor a las crisis.
El Fondo de Prevención,
Preparación y Respuesta frente a las Pandemias, aprobado
recientemente, es una herramienta importante para apoyar a los países que están
considerando estas políticas para responder a la COVID-19.
Los autores agradecen la orientación de Emanuela Di Gropello, jefa de la práctica de Educación en América Latina y el Caribe.
Tomado del Blog del Banco Mundial.
En la imagen, centros escolares en la comunidad Floripón, Siuna, Nicaragua.
Foto: Jorge Antonio Bastino.
