La Cámara de Diputados confirmó en el Pleno de este lunes (9)
la intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal decretada
por el presidente Lula en respuesta a los actos de vandalismo ocurridos este
domingo (8) en Brasilia.
La aprobación se produjo luego de que Arthur Lira (PP-AL), quien calificó los
ataques de inaceptables, construyera un acuerdo de liderazgo para aprobar el
asunto. Solo el PL, el partido del expresidente Bolsonaro, y otro pequeño
grupo politico no votaron la propuesta.
El texto pasa ahora al Senado Federal en la forma del Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 1/23, que deberá ser votado por los senadores este martes (10).
El relator de la propuesta, diputado Rubens Pereira Júnior
(PT-MA), afirmó que se trata de una medida “amarga”, pero “necesaria y
proporcionada” frente a los graves hechos ocurridos. El objetivo es
recuperar el control del orden público en el Distrito Federal.
El parlamentario señaló que las fuerzas de seguridad pública
del Distrito Federal se mostraron incapaces de prevenir, frenar y reprimir los
ataques que realizan las personas con la intención de derrocar al gobierno
democráticamente electo. “En efecto, el gobierno del Distrito Federal y su
Secretaría de Seguridad Pública fueron, cuanto menos, ineptos, negligentes y
omisos en el tratamiento de un tema tan sensible, por tratarse de una tragedia
anunciada”, dijo.
El relator consideró los hechos delictivos e incompatibles
con los fundamentos democráticos de la Constitución. “Fomentan la ruptura
con el orden constituido; llamar a la disolución de las instituciones
democráticas y los Poderes establecidos; e instar a la instauración de un
nuevo gobierno, basado en bases autoritarias y antidemocráticas”, condenó.
La intervención se circunscribe al área de seguridad pública
del Distrito Federal en el período comprendido entre el 8 y el 31 de enero de
2023, con el objetivo de poner fin al “grave deterioro del orden público en el
Distrito Federal marcado por hechos de violencia e invasión de edificios
públicos". El gobierno federal será responsable de todas las
actividades directa o indirectamente relacionadas con la seguridad pública.
El secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo
Capelli, fue designado interventor y tendrá el control operativo de todos los
cuerpos de seguridad pública distritales durante el período. Capelli
estará subordinado al Presidente de la República y podrá solicitar recursos
financieros, tecnológicos, estructurales y humanos del Distrito Federal y de
los órganos civiles y militares de la administración pública federal para
lograr los objetivos de la intervención.
Foto: Bruna Spada/Cámara de Diputados de Brasil/ Con texto
tomado de Sul 21.
