Entre Todos D.
Grupos armados conocidos como
“colectivos”, presuntamente asociados al Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), tienen invadido el edificio Don Joaquín ubicado entre las esquinas
Pelota a Abanicos en la parroquia Altagracia de Caracas, agredieron de forma brutal y hasta pretendieron
quemar a los dueños del estacionamiento
de dicha edificación quienes buscaban recuperar su propiedad. Vecinos del
sector calificaron el hecho como abominable y clamaron por imputar a los
agresores por los delitos de invasión e intento de homicidio.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, explicó que ante un dantesco suceso como este el Ministerio Público debe actuar con severidad ordenando la aprehensión inmediata de los perpetradores y no protegerlos por el solo hecho de militar en el PSUV y afirmar tener respaldo de altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro. “Los mismos colectivos mientras agredían salvajemente a los dueños del estacionamiento decían ser apoyados por el jefe de Gobierno Nahúm Fernández, Tarek William Saab es vital actuar porque aquí estamos presentes no solo ante el delito de invasión sino un intento de homicidio donde los delincuentes golpearon a una menor de edad y le cortaron la cabeza a uno de los dueño. Llegaron al nivel de rociar con gasolina la puerta del inmueble e intentar prenderlos”, dijo.
Rojas recordó que el edificio
Don Joaquín tiene ya dos años invadido por colectivos armados, en su momento
Johnny Zerpa (hijo de la diputada Carmen Zerpa) encabezó la toma ilegal de
inmueble desalojando a todos los propietarios e inquilinos imponiendo un
régimen de terror en la edificación donde los colectivos cobran altas sumas de
dinero en dólares como alquiler. “En el caso del estacionamiento tomaron el
control del mismo administrando todas las ganancias y a los propietarios cuando
intentaron mediar con los invasores estos les pidieron ser socios y cobrarles
la suma de 1200 dólares mensuales de vacuna para dejarlos trabajar. Aquí la
motivación no es la falta de vivienda sino un negocio encubierto con el disfraz
de militantes del partido de Gobierno”, dijo.
El conocido líder social emplazó al
Ministerio Público a aplicar sin miramientos el artículo 471 de Código Penal,
que especifica el delito de invasión con penas de hasta 10 años de prisión.
