Por Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez / Opinion *
La impasible irrupción del estamento militar en el Poder
Judicial está a la vista de la sorprendida ciudadanía, hecho que la ha dejado
abrumada y tan confundida, que fuera de comentarios personales y de pasillo, no
se ha producido la lógica respuesta que debe tener en una comunidad jurídica
que se respete. Los Colegios de Abogados, las Universidades autónomas, la
Academia y cualquiera agrupación que se relacione con este ámbito debe alzar su
voz ante tal atropello que subyuga aún con mayor fuerza, a un órgano que debe
caracterizarse por su independencia.
Efectivamente, una de las características propias del Poder Judicial está anclada en su independencia, esto se traduce en que debe actuar con total libertad en relación a los otros Poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Igualmente ese actuar lo debe acompañar en relación a los factores de poder que integran la sociedad como es el poder político partidista, el poder económico y el que representa los medios de comunicación, que a veces con la matriz de opinión que construyen, tratan de doblegar y desviar al juez de la decisión correcta.
Y es precisamente en el actuar autónomo del juez en donde
descansa la independencia judicial. El juez no debe acatar órdenes de nadie en
su delicada y vital función de decidir conforme a los hechos probados y a la
legislación vigente. Ni siquiera debe obedecer órdenes de sus “superiores”,
pues nada debe interponerse entre la ley y la autónoma interpretación que el
juez haga de ella. La jurisprudencia o criterio de otros jueces puede servirle
de guía, pero nunca debe tener el propósito de imponerse.
Podemos agregar que a veces la legislación tiene sus lunares
propios de normas inicuas, que imposibilitarían una solución justa del
conflicto que se plantea, en ese caso, el juez inclusive podría desechar esa
norma o ajustarla socialmente, como lo aconsejan las modernas corrientes del
pensamiento jurídico, desechando viejos dogmas del positivismo kelseniano como
que “la ley es dura, pero es la ley”. La misión del juez no es preservar el
sistema como se define, sino proteger al ciudadano en sus derechos, a veces en
contra de disposiciones viles e injustas propias del abuso del ius puniendi o
poder de castigar que detenta el Estado.
Quisiéramos ver a estos “jueces militares” desempeñar estas
funciones, cuando fueron formados en la milicia para recibir órdenes y
obedecerlas. Y no es sòlo su formación lo que hace presagiar un derrumbe
definitivo de la función judicial, sino la preeminencia que tiene ya el Poder
Ejecutivo en relación a los jueces civiles sobre quienes impone sus designios.
Entonces no es que tengamos un Poder Judicial propio de un régimen democrático,
pues vivimos bajo un mandato autoritario, dictatorial que se caracteriza por lo
endeble y sumiso de dicho Poder, sino que lo que nos llama la atención ahora es
el descaro y la insolencia del régimen que de forma petulante, causa el mayor
perjuicio que se le podría asestar a la función judicial, poniendo al frente de
la misma a individuos, que además de no tener la preparación para ello, son por
desgracia, los más adecuados para cumplir dócil, mansamente, las artimañas que
emergen del ilegítimo y corrupto oficialismo, ya que provienen de sus filas al
pertenecer a la soldadesca que integra el Ministerio de la Defensa.
Ya la mano maligna del régimen había tocado al Tribunal
Supremo de Justicia designando inclusive como Magistrados a personas con
antecedentes penales evidentemente comprobados e individuos impresentables y
anónimos dentro de los círculos jurídicos, extraídos del estamento militar,
ahora ha bajado a la jurisdicción ordinaria nombrando como jueces de jerarquía
superior a sujetos de largo historial militar, pero de oficina que no han
disparado un tiro en defensa de la soberanía de la Repùblica, ni se han
preparado para estas funciones. La paulatina militarización del Poder Judicial
es un hecho insólito al cual no se atrevieron dictaduras como la de Pinochet en
Chile o de Videla en Argentina. Así de mal andan las cosas en este sufrido
país.
Además de quedar estupefactos ante tan atrevida medida tomada
por el oficialismo, observamos con mayor asombro la pasividad de la ciudadanía
ante ello, sobre todo de corporaciones gremiales y académicas que han debido
levantar su voz con un sòlo propósito: protestar enérgicamente en contra de
estos desvanes que nos hunde cada vez con mayor contundencia en un país asolado
por un mando autoritario con base en órdenes despóticas y que tiene como único
objetivo, preservar en el poder la ilegitimidad y la perversión con lo
que el mando madurista ejerce sus funciones.
Estamos así en un estatus jurídico inédito, hemos pasado de
la judicialización de la política a la militarización de la justicia,
donde el debido proceso se transforma en el proceso obediente a instrucciones
superiores y la presunción de inocencia se condiciona a parámetros castrenses,
donde la probatoria se restringe a la discrecionalidad de jueces ajenos al
manejo de los derechos ciudadanos esenciales.
El vacío jurídico de nuestro país que investiga el Fiscal
Khan se profundiza y eso a fin de cuentas tendrá consecuencias muy duras para
el régimen, porque en los espacios de la ley no hay fundas para los sables.
Indudablemente en Venezuela se avanza hacia un desenlace donde la
legalidad retomará su papel como garante de la civilidad. Vamos ganando terreno
hacia la institucionalidad, no por nuestros aciertos sino por los errores del
régimen.
*Las opiniones
contenidas en este artículo son de la exclusiva responsabilidad de los autores.
Tomado de El Impulso /
Barquisimeto.
