Por Sonia Osorio
La violencia de género contra refugiadas venezolanas en
Colombia y Perú aumentó en un periodo de tres años y los gobiernos de ambos
países no cumplen con su obligación de garantizarles una vida libre de
violencia y discriminación, ni de garantizarles el acceso a la justicia, según
un informe de Amnistía Internacional.
Entre 2018 y 2020 la violencia de género contra las
venezolanas aumentó un 71% en Colombia y un 31% en Perú entre 2019 y 2021, de
acuerdo con cifras oficiales citadas en el reporte “Desprotegidas: Violencia de
Género Contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú”, divulgado
este martes.
La xenofobia, el estatus migratorio, los mitos sobre la inseguridad provocada por personas extranjeras, los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres, aunado a los roles de género preestablecidos socialmente, aumentan la vulnerabilidad de las venezolanas refugiadas, se detalló.
“La protección contra la violencia de género debería ser una
prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de
quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de
origen. En el caso de las refugiadas venezolanas, estás más bien enfrentan una
doble y brutal desprotección, como lo revela nuestro informe sobre la situación
en Colombia y Perú,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de
Amnistía Internacional.
Más de seis millones de personas han abandonado Venezuela en
los últimos años debido a “masivas violaciones de derechos humanos”. Colombia y
Perú son los países que más venezolanos han acogido, sumando más del 50% de
todas las personas que han huido del país sudamericano (1,84 millones y 1,29
millones respectivamente), señala el reporte.
El informe indica que las venezolanas, que representan el 50%
y el 58% de la población venezolana en Colombia y Perú respectivamente,
enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su
género y nacionalidad.
En el espacio público, las agresiones ocurren en las rutas
migratorias como en sus lugares de residencia. En el ámbito familiar, enfrentan
violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus
parejas o exparejas. Y en cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de
violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines
de explotación sexual, se precisó en el reporte.
Prefieren no denunciar
Ante esta “violencia
omnipresente”, Amnistía Internacional concluye que los Estados colombiano y
peruano “claramente no cumplen con su obligación de garantizar una vida libre
de violencia y discriminación a las refugiadas venezolanas, ni de garantizar el
acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia basada en género”.
Tomado de www.elnuevoherald.com / USA - MARTIN
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