“You can get
much further with a kind word and a gun than you can with a kind word alone”
–Al Capone
Por Germán Briceño C.*
Un lunático con una obsesión violenta se valdrá de cualquier
medio a su alcance para satisfacer su sed de venganza, lo cual no implica que
la sociedad no deba hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que tales
individuos se salgan con la suya. Acabamos de verlo en Japón, donde el ex
integrante de las fuerzas navales Tetsuya Yamagami acabó con la vida del ex
primer ministro Shinzo Abe, mediante dos disparos a quemarropa con un arma de
fabricación casera con la que habría ensayado varias veces el atentado en su
propia casa.
Yamagami se había formado la delirante idea de que Abe era uno de los cabecillas de la secta Moon, a la que inculpaba de arruinar a su madre exigiéndole cuantiosas dádivas. La conmoción se apoderó inmediatamente de todo el país del sol naciente, no solo por la jerarquía de la víctima, el jefe de gobierno más duradero de la historia, sino por lo inusitado del episodio: se trata de uno de los países con menos armas de fuego en manos de civiles y donde la violencia armada y el homicidio son auténticas rarezas, casi siempre reservadas a los ajustes de cuentas de la yakuza, la temible mafia local.
Apenas unos días antes, la conmoción se producía en los
Estados Unidos, en donde por el contrario ya se han convertido en una trágica
costumbre los frecuentes asesinatos masivos por parte de dementes armados. Esta
vez ocurrió en el marco de las celebraciones por el 4 de julio, en la apacible
y pudiente localidad de Highland Park en el estado de Illinois, donde un
desequilibrado imberbe la emprendió a tiros contra la multitud desde una
azotea, disparando más de setenta rondas con un rifle de asalto, cobrándose la
vida de siete personas e hiriendo a docenas más. Esto sucedía cuando ni
siquiera se habían enfriado los cuerpos de la enésima matanza escolar ocurrida
pocas semanas atrás, perpetrada por otro joven de dieciocho años, solitario y
retraído, quien con su respectivo rifle semiautomático adquirido tranquilamente
en un gran almacén, después de dispararle a su abuela y anunciar en las redes
lo que estaba a punto de hacer, asesinó a una veintena de niños bordeando los
diez años y a dos profesoras que intentaron protegerlos, en una escuela
primaria de la remota ciudad de Uvalde en el suroeste de Texas, entre montes y
riachuelos célebres por su caza deportiva, a medio camino entre San Antonio y
la frontera mexicana.
Como era de esperarse con Highland Park y antes con Uvalde –y
puesto que tampoco habían transcurrido demasiados días desde el anterior
asesinato a sangre fría de una decena de afroamericanos por
parte de otro niñato supremacista blanco en un supermercado de Buffalo, en el
estado de Nueva York–, el debate sobre el control de armas ha abierto las
funciones para la enésima temporada que, como las anteriores, estará en
cartelera por unos días hasta ser absorbida por más rutinarias y acuciantes
preocupaciones.
Ya la estadística de muertes masivas por arma de fuego se
observa en los Estados Unidos con una mezcla de rutinaria indignación e
impotencia, como la estratosférica cifra de la deuda pública, cuyo imparable y
cotidiano incremento puede seguirse en tiempo real a través de Internet o en la
ya célebre pizarra colocada en One Bryant Park en Midtown Manhattan. Por
ejemplo, tan solo este fin de semana que acaba de terminar mientras escribo,
murieron cinco personas y dos docenas resultaron heridas en eventos de este
tipo (ya existe incluso una categoría legal que los define como el asesinato en
un solo incidente de tres o más personas que no pertenezcan a una misma
familia) que ni siquiera alcanzaron los titulares nacionales.
La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos,
ratificada en diciembre de 1791, consagró el derecho a poseer y portar armas.
Si ese derecho nos suena hoy como algo surrealista y anticuado, es porque
efectivamente lo es: un ancestral y esperpéntico vestigio de beligerantes
épocas pasadas. El asunto, cuyos orígenes se remontan hasta la antigua Roma,
comenzó a tomar cuerpo en la Inglaterra del siglo XVI, en tiempos de la reina
Isabel, en los que se exigía que los individuos de todas las clases formaran
parte de una milicia para la defensa del reino. Desde siempre ha existido una controversia
entre quienes sostenían que la cuestión se refería a tomar las armas como parte
de dicha milicia, y quienes creían que se trataba de un derecho individual a la
defensa propia. En un comentario a propósito del mismo, Sir William Blackstone
ponía el énfasis con acierto en que en definitiva se trataría de un derecho
accesorio o instrumental, que acudía en auxilio de los derechos naturales a la
legítima defensa y a la resistencia a la opresión, y del citado deber cívico de
actuar concertadamente en defensa de las instituciones.
La Corte Suprema de los Estados Unidos, en sendas decisiones
dictadas hace algo más de una década, señalaba que no se trataría en todo caso
de un derecho ilimitado y por lo tanto no excluiría la imposición de algunas
restricciones de larga data, como la prohibición de la posesión de armas de
fuego por parte de criminales o enfermos mentales. Sin embargo, la propia Corte
Suprema dictaminó que los gobiernos estatales y locales estarían limitados en
la misma medida que el gobierno federal a infringir este derecho. Es decir, ni
los Estados ni el Gobierno Federal pueden abolirlo. Como prueba de esto, y de
las contradictorias interpretaciones a las que ha dado lugar el polémico asunto
a lo largo del tiempo, la misma Corte acaba de anular hace pocos días por
inconstitucional una centenaria normativa del estado de Nueva York que exigía
una licencia para portar armas ocultas en lugares públicos. Lo preocupante de
este precedente es que existe legislación similar en otros siete estados que
ahora podría ser objeto de impugnación.
El Congreso estadounidense, salvo el tímido saludo a la
bandera bipartidista que a duras penas acaba de aprobarse, no ha sido capaz de
ponerse de acuerdo para codificar el asunto de manera exhaustiva y permanente a
nivel federal, dejando en manos de los estados una regulación dispersa y
diversa, con un amplio espectro de severidad o laxitud. Una razón de peso
detrás de esto es que, aunque cueste trabajo creerlo, un porcentaje
significativo de la población se opone a este tipo de regulaciones,
particularmente los simpatizantes del Partido Republicano, que, de esta manera,
han logrado influir en la posición de sus representantes.
Algunos sectores radicales han logrado incluso elevar el
culto a las armas hasta las alturas de una idolatría intocable e inmutable. Tal
es el caso de la estrafalaria Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas
en inglés), una especie de Ku Klux Klan de nuevo cuño y al mismo tiempo uno de
los más poderosos grupos de presión pro-armamentistas del país. Por estos días
celebraban casualmente su convención anual en Houston, a tan sólo cuatrocientos
kilómetros del luctuoso Uvalde, y entre sus oradores figuraba nada menos que el
inefable Donald Trump.
Y aquí comienzan las reveladoras paradojas. Como bien
resaltaba el buen corresponsal Luis Pablo Beauregard, Texas es un estado open
carry, lo que equivale a decir que cualquier mayor de 21 años puede portar
un arma en la calle legalmente (y cualquier mayor de 18 años, como el asesino
de Uvalde, puede comprar una en los numerosos almacenes del ramo). A pesar de
esto, las pistolas y rifles fueron prohibidos durante el discurso de Trump por
los protocolos de seguridad del Servicio Secreto, que intuye que la posesión
indiscriminada de armas es algo peligroso, pues en virtud de este derecho,
cualquier desequilibrado se siente en la libertad de hacerse con un rifle de
asalto y emprenderla a tiros contra sus inocentes semejantes (o contra el
propio Trump) para exteriorizar sus problemas, complejos o frustraciones.
Por lo que atañe al discurso de Trump ante la Convención de
la NRA no hay nada digno de reseñar, excepto que no dijo nada distinto de lo
esperado. Habló de los «grotescos esfuerzos» demócratas para controlar las
armas y pidió convertir los centros educativos en fortalezas y armar a los
profesores. No sabemos si Trump lo sabe, pero no parece que este sea el camino
más aconsejable y eficaz, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el distrito
escolar de Uvalde tiene su propio cuerpo policial, y ya hemos visto lo que
pasó: esa misma policía ha terminado siendo objeto de feroces críticas por su
cuestionable actuación rayana en la cobardía.
El meollo del asunto es éste, y aquí viene a cuento el
trágico asesinato de Abe en Japón: que un desequilibrado pueda acceder con
armas a un mitín político, un colegio o un supermercado –cosa que debe
impedírsele por cualquier medio factible, claro está– solo es una parte del
problema; la otra es que antes haya podido hacerse con un arsenal en una
armería casi sin restricciones. De acuerdo con The Small Arms
Survey, con menos del 5 % de la población mundial, Estados Unidos posee
casi la mitad de las pistolas y fusiles en manos civiles registrados en el
planeta (393 millones, de un total de 857 millones), a razón de 120 armas por
cada 100 personas. Japón, por su parte, apenas llega en conjunto a
377.000 armas en manos de civiles, 0,3 por cada 100 habitantes. Como bien lo
resumía el premio Nobel de Economía Paul Krugman, no se trata de que los
estadounidenses en su conjunto tengan una mayor inclinación al asesinato que el
resto de los terrícolas, lo que sucede es que cualquier estadounidense con
instintos asesinos puede armarse hasta los dientes con una facilidad pasmosa.
Bajo este aparente desprecio por la vida de los demás si colide
con ciertos «derechos» individuales subyace un mar de fondo de paradojas y
contradicciones que afecta las principales banderas de los partidos políticos.
Quienes se oponen férreamente al aborto –y están en lo correcto al hacerlo–,
son los mismos que luego favorecen la posibilidad de que los nacidos puedan ser
acribillados en una escuela o ejecutados mediante inyección letal. Por su
parte, quienes defienden las restricciones a las armas para intentar evitar los
asesinatos masivos y se oponen a la pena de muerte, están dispuestos a
sacrificar la vida de los nonatos con su permisividad respecto al aborto.
A todo esto, no deja de ser igualmente paradójico cómo tantos
nos sentimos casi en la obligación de inmiscuirnos en los asuntos públicos de
los Estados Unidos. Tal vez sea porque, no pudiendo participar tan libremente
en los asuntos públicos propios, veamos allí una ventana para hacernos oír en
un país libre y porque, además, caigamos en la cuenta de que las cuestiones
morales no tienen tiempo ni lugar y es preciso afrontarlas allí donde se
presenten. Por tratarse de una sociedad abierta y libre, los estadounidenses
han demostrado ser capaces de aprender de sus errores, aunque a veces se tomen
su tiempo. No es improbable que en el tema de las armas acabe pasando lo mismo
y hagan buena aquella irónica humorada de Churchill: los americanos siempre
terminan haciendo lo correcto, después de haber intentado todo lo demás.
*Abogado y escritor /
Articulo tomado de la revista SIC / Caracas.
