Andrés Azpurua, director ejecutivo de VE Sin Filtro y Venezuela Inteligente, explica que no hay manera de saber a quienes les han interceptado las comunicaciones, pero aclara que no es difícil presumir que en ese grupo se incluyen ONG o actores cívicos, en una dinámica que para expertos ratifica el “historial” de un gobierno convertido en “Estado policial” perseguidor y censurador.
Por Redacción Web*
Un informe de
Transparencia en las Comunicaciones 2021 de la multinacional española
Telefónica, al que la Voz de América tuvo acceso, señala que en Venezuela, su filial
Movistar contabilizó al menos un millón 584 mil 547 líneas telefónicas
afectadas por “solicitudes de interceptación legal” por parte de las
autoridades venezolanas.
Ello representa “más del 20%” de las líneas de teléfono de internet y son significativamente más altas que en el resto de la región en donde la compañía española opera servicios de telefonía móvil, resalta VE Sin Filtro, una organización que defiende los derechos digitales y se dedica al monitoreo y documentación, con criterio técnico, de censura en internet y otras amenazas a los DDHH.
Telefónica
también refiere que han registrado 149 mil 152 solicitudes de “metadatos
asociados a las comunicaciones”, lo que se refiere a los datos del suscriptor
(nombre, cédula, dirección), pero también información como número de mensajes y
llamadas recibidas, de quién, a qué hora, la frecuencia e incluso dirección de
IP.
“En Venezuela se
ha hablado por años de la prevalencia de llamadas pinchadas y el monitoreo
excesivo e injustificado de otras formas de comunicación, pero por primera vez
hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles. Aunque la
interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar
crímenes graves, su uso debe estar acorde con los estándares de DD.HH.”, alerta
VE Sin Filtro.
“Autoritarismo
digital de China” a la medida de Venezuela
El Ministerio
Público (MP), a través de sus fiscales, el Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Bolivariano de
Inteligencia (Sebin) -previa solicitud del MP y autorización del juez
correspondiente-, son algunas de las autoridades competentes, precisa el
informe.
Consultado por
VOA, Andrés Azpurua, director ejecutivo de VE Sin Filtro y Venezuela
Inteligente, explica que no hay manera de saber a quienes les han interceptado
las comunicaciones, pero aclara que sí tienen maneras de tener alguna
precisión.
“Algunas de las
personas cuyas comunicaciones han sido interceptadas incluyen ONG o actores
cívicos. La escala es muy grande y esto indica que es un abuso sistemático. No
hay manera de esconder esto bajo investigaciones penales legítimas, esto se
nota que es un tema abusivo y excesivo de parte del Estado”, advierte.
Para Azpúrua, lo
más preocupante del informe, en cuanto al caso Venezuela, es la “cantidad” de
“líneas afectadas por estas escuchas, pinchazos, intercepciones de
telecomunicaciones”.
“No son solo las
llamadas, va mucho más allá, cuando se interceptan las comunicaciones de una
línea de teléfono pudieran estar viendo el contenido de las llamadas, la
ubicación del teléfono en tiempo real, los mensajes de texto, incluyendo los
mensajes de texto de los códigos de verificación que te puedan estar mandando
diversos servicios”, detalla.
Azpúrua resalta
que no existe información sobre si pudiera estar ocurriendo “algo similar” en
operadoras telefónicas venezolanas, entre ellas, la estatal CANTV, pero
considera que es muy probable y “hasta peor”.
“Complicidad”
Andrés
Cañizález, profesor universitario especialista en derechos de libre información
y de prensa en Venezuela, se declara preocupado por la “complicidad” de una
empresa privada transnacional en lo que califica como prácticas propias de un
“Estado policial”.
“Estamos
hablando de una empresa privada que se hace cómplice de un Estado policial”,
comenta el experto a la Voz de América, preguntándose, a su vez, qué tipo de
presiones ejerce el gobierno madurista para obligar a una empresa privada a
obedecer directrices que son claras violaciones a derechos civiles.
El caso admitido
por Telefónica Movistar en su informe de transparencia sirve de evidencia a la
comunidad internacional para ratificar el “historial” de un gobierno que se ha
convertido en un “Estado policial”, opina.
La VOA no obtuvo
un comentario inmediato de Tarek William Saab, fiscal general designado por la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y, de momento, el MP venezolano no se ha
referido públicamente al informe.
No obstante, en
2020, el exdirector del Sebin, Manuel Christopher Figuera, quien se desmarcó
del gobierno de Maduro, denunció que se “han empleado empresas de
telecomunicaciones privadas para clonar números telefónicos e interferir
correos” y se refirió puntualmente a Movistar.
Lee el reportaje
completo en VOA.
*Nota tomada de El Carabobeño / Valencia.
