En ese país, Assange está acusado por la publicación de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y de cables diplomáticos confidenciales sobre las actividades del país norteamericano en las guerras de Irak y en Afganistán, que fueron difundidos por su portal de noticias alternativas.
Los 18 cargos
que le imputan relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso
informático conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión. Fue también con la ley de espionaje vigente para
aquel entonces, que los esposos Ethel y Julius Rosenberg fueron ejecutados en
la silla eléctrica en 1953 solo por su
filiación comunista en medio del maccartismo más feroz. Extraditar a Assange a
EE.UU y darle esa condena de casi 200
años de cárcel es el equivalente a una ejecución.
Gracias a
Assange, y luego a otros ciberactivistas, el mundo pudo conocer la verdad sobre
las atrocidades perpetradas contra la población civil por las tropas invasoras
de EEUU y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
en el medio oriente.
El verdadero
delito es que estos hechos permanezcan ocultos bajo el manto de una supuesta
confidencialidad cuando son crímenes de Estado contra la población civil,
crímenes de lesa humanidad.
La posible
extradición de Assange constituye una amenaza no solo para la prensa y la
democracia británica y europea, sino para todos aquellos que en el mundo
ejercemos labores de comunicación e información y defendemos la libertad de
expresión. No podemos permitir que el periodismo de investigación sea
criminalizado y judicializado.
Desde la Red
de Comunicación Popular y Alternativa de Venezuela, capítulo Barinas,
expresamos nuestra solidaridad con Julian Assange y llamamos a la movilización
y el activismo mundial por su liberación.
