Alternativa 1 dice que son
“2 de los más corajudos defensores de derechos humanos, Venezuela les debe
mucho, hay que protegerlos a toda costa”.
Entre Todos D.
Por pedir una investigación por la gran cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas
en 2021 en el estado Carabobo, según informes realizados por activistas de derechos
humanos; la ONG PROVEA fue demandada por el gobernador Rafael Lacava, quien los
acusa de difamarlo.
Marino Alvarado, miembro de esa organización no
gubernamental, informó que en la demanda incoada por Lacava también figura el
sacerdote jesuita Alfredo Infante, director de DD.HH. del Centro Gumilla.
En una petición realizada en marzo pasado, Provea y el Centro Gumilla exigieron al Ministerio Público que el jefe del Ejecutivo estadal fuese incluido en la investigación solicitada, al igual que el resto de la cadena de mando, porque durante el año pasado se registraran 221 denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra la Policía de Carabobo.
“Supuestamente lo
hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta
responsabilidad que pueda tener el gobernador en las ejecuciones
extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo”, señaló Marino Alvarado.
Quien añadió que “pareciera que hay una política de Estado
para evitar investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad. Nunca
hemos dicho que el Gobernador sea responsable, sino que debe investigarse su
presunta responsabilidad”, dijo.
Alternativa 1 se
solidariza con Alvarado e Infante
El coordinador general de Alternativa 1, Gustavo Hernández
Salazar, vía twitter, de inmediato se solidarizó en nombre de A1, con Marino
Alvarado y Alfredo infante. “Lo que se pretende es callarlos”, escribió el exparlamentario.
Hernández Salazar señaló que “al país entero le corresponde
defenderlos”.
Según el dirigente de Alternativa 1, Infante y Alvarado son “2
de los más corajudos defensores de derechos humanos, Venezuela les debe mucho,
hay que protegerlos a toda costa”.
