El Tribunal General anula los pactos porque implican
comerciar con productos del Sáhara Occidental, un territorio que la comunidad
internacional no reconoce como parte de Marruecos
GUILLERMO ABRIL / FRANCISCO PEREGIL
Bruselas / Rabat - Batalla a batalla, la vieja guerra legal del Frente
Polisario sigue avanzando en la Unión Europea. En una sentencia de gran
trascendencia política y potencial seísmo diplomático, el Tribunal General de
la UE ha ordenado anular los acuerdos de comercio y pesca suscritos entre
Marruecos y la UE, tal como reclamó el Frente Polisario en sendos recursos. El
tribunal anula los acuerdos porque implican comerciar con productos del Sáhara
Occidental y desplegarían sus efectos sobre un territorio que la comunidad internacional
no reconoce como parte de Marruecos.
La sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo, contra la que cabe recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, pide que se mantengan los efectos de los pactos durante un período de tiempo, que no puede ser superior a dos meses, o al pronunciamiento del TJUE si hubiera recurso, pues su anulación con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta.
El motivo de la anulación es que la justicia europea entiende
que no se tuvo en cuenta, a la hora de suscribir los acuerdos, el
consentimiento del pueblo saharaui, en su calidad de tercer afectado. Y aunque
la sentencia es recurrible, el TJUE ya se pronunció a favor de las peticiones
del Frente Polisario en abril y junio de 2019, en relación, por un lado, al
acuerdo de libre comercio y productos agrícolas firmado entre Bruselas y Rabat, y,
por otro, el acuerdo pesquero refrendado en 2019 entre ambas
partes.
“El Consejo [órgano que representa a los 27 Estados miembros]
no tuvo suficientemente en cuenta todos los factores pertinentes relativos a la
situación del Sáhara Occidental y consideró erróneamente que disponía de un
margen de apreciación para decidir si cumplía la exigencia de que la población
de dicho territorio expresara su consentimiento”, afirma una de las
resoluciones de la sentencia.
A pesar de que la UE había realizado “amplias consultas” con
los “actores socioeconómicos”, los cuales se mostraron en su mayoría
“favorables a la ampliación de las preferencias arancelarias del Acuerdo de
Asociación al Sáhara Occidental”, o al menos así lo aseguraban los acuerdos
impugnados, el tribunal estima que de estas consultas no puede inferirse que
hubiera un consentimiento. “Ese enfoque permitió, como mucho, recabar la
opinión de las partes afectadas, sin que dicha opinión condicionase la validez
de los acuerdos controvertidos ni vinculase a las partes”, dice la sentencia.
El Tribunal General considera que, en la medida en que los
acuerdos controvertidos se aplican expresamente al Sáhara Occidental y a sus
aguas adyacentes, afectan al pueblo de dicho territorio y requerían que se
obtuviera su consentimiento. Por tanto, “las decisiones impugnadas tienen
efectos directos sobre la situación jurídica del Frente Polisario en su calidad
de representante de ese pueblo y de parte en el proceso de autodeterminación de
dicho territorio”. El 90% de las capturas incluidas en el acuerdo de pesca se obtienen
en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.
Marruecos reaccionó oficialmente a la sentencia a los pocos
minutos de difundirse, con una declaración conjunta del Ministro de Asuntos
Exteriores, Naser Burita y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Con
ella quisieron transmitir tranquilidad: “Adoptaremos las medidas necesarias
para asegurar el marco jurídico que garantice la continuación y la estabilidad
de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos”.
“Las relaciones con España no se verán afectadas”
Una fuente diplomática de Marruecos indicó a El PAÍS que la
sentencia no afectará en nada a las relaciones bilaterales con España. “Las
cosas que están programándose respecto a España seguirán igual que ahora”.
Respecto a los acuerdos de agricultura y pesca con la Unión Europea, la misma
fuente vaticinó su continuidad. “Esta sentencia va a ser apelada ante el
Tribunal de Justicia Europeo y va a ocurrir lo que ya sucedió en 2016: que la
justicia europea rectificará otra sentencia que se produjo en 2015 y que
anulaba los acuerdos. Estamos seguros”. La citada fuente oficial ve en el
tribunal “mucha política y muy pocos argumentos jurídicos”, además de
“incoherencias y contradicciones”. Y apela a la UE para que “asuma su responsabilidad
para proteger el acuerdo global con Marruecos”.
La onda expansiva de las decisiones relativas a un acuerdo
comercial y a otro de pesca suscritos entre Bruselas y Rabat, pero con
incidencia directa en el Sáhara Occidental, tienen capacidad para hacer saltar por los aires los lazos de
Marruecos con la UE y especialmente con España, socio principal en la relación
entre ambas orillas.
El Frente Polisario exigía la anulación de los acuerdos con
Marruecos alegando, ente otros motivos, la incompetencia del Consejo de la UE
(el organismo que representa a los Veintisiete Estados miembros) para
suscribirlos. La organización alegó en sus recursos que la Unión Europea y
Marruecos “carecen de competencia para negociar acuerdos internacionales
aplicables al Sáhara Occidental en lugar de la población de dicho territorio,
que es representada por el Frente Polisario”.
Las sentencias suman otro par de legajos más en el ya
amplio corpus jurisprudencial europeo sobre el territorio en
disputa. El TJUE anuló
en diciembre de 2015 un acuerdo comercial firmado en 2012 entre Rabat y
Bruselas por el cual Marruecos podía vender productos cosechados en
esa zona. El tribunal reprochó al Consejo que no tuvieran en cuenta “que la
soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no está reconocida
ni por la Unión Europea ni por sus Estados miembros ni, de manera más general,
por la ONU”, según el fallo. En 2016, sin embargo, el TJUE dio la razón a la UE, permitiendo la
aplicación del tratado, aunque dejando claro que en ningún caso el Sáhara
Occidental pertenece a Marruecos, y que por tanto este último no puede exportar
productos saharauis como propios. En 2018, finalmente, la justicia
europea refrendó el antiguo acuerdo pesquero entre Bruselas y
Rabat (de 2007), aunque volvió a recordar que este no es aplicable al Sáhara
Occidental porque ese territorio “no forma parte del Reino de Marruecos”.
Las relaciones económicas entre ambas partes son clave: la UE
es el primer socio comercial de Marruecos y el país africano es, a su vez, el
mayor socio de la UE de entre los vecinos del Sur. Los intercambios suman
35.300 millones de euros, con un superávit de 5.000 millones para el bloque
comunitario, según cifras de la Confederación General de Empresas de Marruecos.
Pero esta asociación, a través de un comunicado emitido este miércoles, asegura
que el Frente Polisario “es prácticamente incapaz de ejercer ningún control
sobre un territorio del tamaño del Reino Unido” y que los acuerdos comerciales
y de pesca suscritos han tenido efectos beneficiosos para ambas partes, en
línea con informes de la Comisión Europea, según argumentan.
Pero los intereses en juego van mucho más allá de estos
intercambios o de los 128 barcos (93 de ellos españoles) que faenan en aguas
saharauis; van más allá incluso de las relaciones económicas entre ambas
partes. Para Marruecos, buena parte de su política exterior, desde los acuerdos
sobre inmigración irregular a la cooperación contra el terrorismo islamista, se
supeditan en gran parte a que los Estados miembros no cuestionen su control
sobre el Sáhara Occidental.
El golpe jurídico de Luxemburgo, además, llega en un momento
crítico en las relaciones entre el país africano y España, con el ministro de
Exteriores, José Manuel Albares, tratando de recomponer los platos rotos en los
últimos meses. Los lazos entre ambos se vieron notablemente deshilachados
cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó el
pasado diciembre el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara
Occidental, y se tensaron aún más cuatro meses después, cuando España acogió al
líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño sin
anunciárselo a Rabat.
Este episodio desencadenó
a su vez una nueva crisis, ahondada con la entrada en mayo de 10.000
personas en Ceuta desde territorio marroquí. Durante las tensiones, Marruecos
llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, como protesta. Y
Benyaich continúa en Rabat, a pesar de que la ministra de Exteriores que
autorizó la entrada de Gali, Arancha González Laya, ya no forma parte del
Gabinete del presidente Pedro Sánchez. Desde diciembre sigue en el aire
una cumbre de alto nivel prevista entre los dos vecinos, y
Albares, sucesor de Laya, aún no ha logrado consensuar un viaje oficial.
Tomado de El País / España
