Ni tres horas le hicieron falta al juez de la Audiencia
Nacional, Santiago Pedraz, para dictaminar que los informes de la
acusación contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, no
han "suministrado
elementos siquiera indiciarios que
avalen la existencia de motivos bastantes para
creerle responsable de delito alguno". Así las cosas, no
se adopta ningún tipo de medida cautelar por riesgo de fuga y Ghali es libre de
marcharse donde quiera cuando reciba el alta hospitalaria. Y así lo ha
hecho, partiendo
de nuevo a Argelia. ¿Saben a dónde irá cuando recobre las fuerzas,
aunque la mayor parte de la prensa continúe obviándolo? A la guerra, de
donde vino, porque desde el pasado 13 de noviembre, Marruecos reactivó el
conflicto bélico al romper el alto el fuego.
El juez Pedraz, el mismo al que el ahora senador del PP y siempre bufón de la Corte, Rafael Hernando, llamó "pijo ácrata" cuando sus autos no le agradaban, ha considerado innecesario decretar prisión provisional y la retirada del pasaporte de Ghali. Lo cierto es que en esta querella absolutamente sobreactuada quienes han acosado física y mediáticamente al presidente de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) han ido de despropósito en despropósito, viendo desmontadas sus absurdas teorías, como las que apuntaban a la entrada en el país con pasaporte falso, cuando Ghali entró con su pasaporte argelino.
La cuestión del Sáhara Occidental no le es ajena a la
Audiencia Nacional (AN). De hecho, en 2006 ya se inició un
procedimiento en su Juzgado Central de Instrucción número de 5. La diferencia
con respecto a la actual, es que era en sentido inverso, es decir, que la
víctima era el pueblo saharaui y el genocida Marruecos, concretamente, sus
fuerzas armadas militares y policiales. Los delitos por los que se
abrió la causa se extendían desde el 6 de noviembre de 1975 y el 7 de octubre
de 1992. Instruyó la causa entonces el juez titular de la sala, Baltasar
Garzón.
Siete años más tarde, se amplió la querella inicial al
encontrarse indicios probatorios sobre la detención ilegal y
ejecuciones extrajudiciales de hasta ocho víctimas relacionadas en la querella
de 2006, asesinadas a manos del ejército marroquí en Smara (Sáhara
Occidental) en febrero de 1976. Los cadáveres de estas víctimas saharauis
fueron hallados en una fosa común en Fadret Leguiaa.
La ampliación de la querella se haría efectiva en enero de
2014, admitiéndose a trámite al probarse no sólo que las muertes de
esas ocho personas saharauis habían sido violentas por arma de fuego y con
tortura previa sino, además, a manos del Ejército Real Marroquí. Sería
en 2015 cuando el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº
5 entonces, imputó a once ciudadanos marroquíes, ordenando la detención
de siete de ellos, sin que Marruecos ejecutara tales órdenes. Dicho de otro
modo, salvaguardando la seguridad de sus verdugos.
El auto
del juez Ruz de 2015 fue demoledor para Mohamed VI, que no sólo veía cómo la
Justicia española daba un revés a su régimen torturador sino que, además, negaba
la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, apoyándose para ello,
entre otras, en la sentencia del Tribunal de La Haya de 1974, anterior a la
Marcha Verde, que indicaba que "los datos aportados no
suponen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del
Sahara Occidental y el Reino de Marruecos o el complejo
mauritano". La Justicia española dictaminó que "la
ocupación del territorio del Sahara Occidental por Marruecos se efectuó
empleando la violencia contra el pueblo saharaui y provocó el
desplazamiento de gran parte de esta población a través del desierto hacia
Argelia (Tinduf)".
Las acusaciones no eran algo baladí y, desde luego, estaban
mucho más sustanciadas de lo que está la querella contra Ghali, con el
bombardeo de Um Dreiga (febrero de 1976) con un papel protagonista. Así, los
escritos de la acusación de entonces daban testimonio de medio centenar
de asesinatos a sangre fría consumados por miembros de las fuerzas armadas o
policiales marroquíes, 76 delitos de asesinato en grado de tentativa, más de
200 delitos de detención ilegal de personas, 23 delitos de lesiones o
torturas… Mención especial, por cierto, al gran Manuel Ollé,
abogado que entonces llevó la causa saharaui y ahora se ha hecho cargo de la de
Ghali.
Ese es el retrato de Marruecos, el legado de Hassan II y
Mohamed VI que ayer, con lo dictaminado por el juez Pedraz, volvió a sufrir un
duro revés. La credibilidad de Mohamed VI cotiza a la baja. En la
órbita del dictador alauita reina el nerviosismo, puesto que incluso dentro del
propio Marruecos la imagen del monarca se ha visto extraordinariamente
debilitada entre el pueblo marroquí, que ha visto como su rey no ha
dudado en lanzar al mar a menores para conseguir sus fines políticos.
Rabat anda dando bandazos como un pollo sin cabeza, con ataques
inéditos al Ejecutivo español, con esperpénticas amenazas que han
terminado por convertir una tensión bilateral entre Marruecos y España en un
conflicto a nivel europeo. Estaba tardando este nivel de escalada,
concretamente 45 años, que son los que Marruecos lleva vulnerando la legalidad
internacional, con la connivencia de España y la UE.
Tras más de cuatro décadas de infamias de gobiernos españoles
de diferente signo político y los Borbones como símbolo fraternal de
regímenes que no velan por los DDHH, hay que ser cuando menos escépticos.
No en vano, ahí está Pablo Casado, líder del principal partido de
la oposición que no duda en volver a mercantilizar con vidas humanas,
las saharauis, a cambio de lo que él considera estabilidad geoestratégica y
comercial.
Estas amenazas por parte de Marruecos, el reconocimiento por
parte de su titular de Exteriores de querer anexionarse Ceuta y Melilla o el
modo en que sistemáticamente instrumentaliza miles de vidas humanas para
presionar a España es el pago a la sumisión y pleitesía que
nuestro país lleva rindiéndole desde hace casi medio siglo -por no
hablar de la financiación-. Quien a partir de ahora continúe apostando por
mantener la misma línea sin aplicar ningún tipo de contramedida o restricción
y, sobre todo, sin asumir de una vez por todas la responsabilidad
histórica de España con el Sáhara Occidental, no sólo estará ciego sin ver
la debilidad de Mohamed VI -pese a los
delirios de Trump heredados por Biden-, sino que escribirá otro
capítulo de la vergüenza en nuestra Historia reciente.
Tomado de Público / España
