Con la instalación del
nuevo Congreso, llegó la destitución de la Sala de lo Constitucional y del
titular de la Fiscalía. Con estas acciones ¿está la administración de Nayib
Bukele acercándose a la de Mauricio Funes?
Bukele y su partido Nuevas Ideas no dejan de sorprender. El 1 de mayo de 2021, el oficialismo salvadoreño estrenó un Parlamento que, luego de ser juramentado, cambió el panorama de la joven democracia instalada en 1992, luego de décadas de guerra civil marcadas por graves violaciones a los derechos humanos.
Los cambios se iniciaron tanto en la línea gráfica del canal
oficial y de las redes sociales del Congreso, como en el lenguaje utilizado por
sus comunicadores para describir la sesión legislativa con tono más
propagandístico que institucional. Sin embargo, más rápida y más sorpresiva fue
la destitución de la Sala de lo Constitucional, máximo órgano dentro de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la del fiscal general de la República. Esto
encendió las
alarmas nacionales e internacionales que fueron lideradas fuera de las
fronteras salvadoreñas por organizaciones de derechos humanos como Human Rights
Watch y Amnistía Internacional.
Luego -tras breves minutos de deliberación- se juramentó sus
reemplazos quienes, flanqueados por agentes armados de la Policía Nacional
Civil (PNC), ingresaron rápidamente a sendos edificios sin dar declaraciones a
la prensa no oficialista que les esperaba en la periferia, bajo la lluvia de
medianoche.
Esto también desencadenó un debate en el país:
¿Hubo o no golpe de Estado?
"Sí hubo golpe de Estado. Hubo un quebrantamiento del
orden constitucional”, aseguró a DW la diputada del izquierdista FMLN, Dina
Argueta. "Esta nueva Asamblea Legislativa, más que dar un mensaje positivo
a la ciudadanía ha dado un golpe certero a la democracia, a la
institucionalidad misma, pero sobre todo también al mismo Estado. Esto es
complejo porque las repercusiones que va a tener en la vida política, económica
y social van a ser graves”, agregó Argueta.
En mismo tono, el jefe de fracción de la derechista ARENA,
René Portillo, afirmó a DW que lo que hizo "la Asamblea Legislativa por
mayoría de votos fue un golpe de Estado. Es decir, desarticuló totalmente la
Sala de lo Constitucional y destituyó al fiscal en franca violación a la
Constitución y a los procedimientos con los cuales se puede destituir a este
tipo de funcionarios que gozan de fuero. Además, con esto, políticamente se
está acaparando todo el poder de las instituciones en un solo partido político,
lo cual también está prohibido por la Constitución salvadoreña”.
Por su parte, el jesuita José María Tojeira, director del
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) explicó a DW que las razones
que se dieron para tal destitución "son razones
políticas, no razones específicas, concretas. Las razones que se dan
es que se declararon inconstitucionales algunos decretos del presidente y,
precisamente, lo que tiene que hacer la Sala es declarar constitucional o
inconstitucional cualquier tipo de decreto o decisión de cualquier otro órgano
del Estado. De manera que la Sala no hizo más que cumplir con su
obligación. Evidentemente, puede haber diversidad de pensamiento jurídico, pero
por esa razón no puede destituírseles si no se demuestra que hay mala fe, que
hubo dinero de por medio o cualquier otra cosa de ese estilo y ciertamente no
están alegando nada de eso, sino simplemente que declararon inconstitucional un
decreto presidencial. No se ha hablado con ellos, no se les ha dado derecho de
defenderse, sino que ha sido una decisión repentina, autoritaria e ilegal”.
"Los magistrados de la Sala de lo Constitucional no
estaban pendientes de una renovación. Lo estaban cinco magistrados que tenían
que terminar su período y a esta Asamblea le correspondía decidir quiénes los
sustituían. Lo que ha hecho esta Asamblea, mediante el uso meramente numérico,
es que ha tomado la decisión de ir directamente a la Sala como represalia para
mandar un mensaje claro: el Órgano Judicial debe estar en función de lo que dicte
el oficialismo y ha puesto una Sala y un fiscal general ad hoc a
sus intereses. Eso es un golpe constitucional y por lo tanto hay una situación
de violación a derechos humanos y de grave lesión al Estado institucional
democrático que ya de por sí era débil”, declara a DW por su parte la
especialista en derechos humanos Celia Medrano.
"Por fin vamos a tener gobernabilidad y vamos a sacar
adelante este país, todos juntos con una misma visión”, declaró a la prensa el
nuevo presidente del Congreso, Ernesto Castro, al finalizar la primera sesión
plenaria. "Aquí lo que importa son los abusos que han tenido con el
pueblo, todos los abusos que han tenido con el país, no lo que piense un
pequeño grupo de gente todavía queriendo tergiversar las cosas”, agregó Castro,
de Nuevas Ideas, y negó sonriendo que esto implique un golpe de Estado.
¿Es el Gobierno de Nayib Bukele igual al de Mauricio Funes?
Bukele no quiere parecerse a su antiguo partido: el FMLN.
Desde su expulsión por expresiones de violencia contra la mujer, el presidente
salvadoreño ha intentado alejarse lo más que puede de la izquierdista
agrupación política. No obstante, las acciones del Parlamento con
mayoría de Nuevas Ideas se parecen bastante a las que ejecutó el Congreso
cuando era presidido por el FMLN durante el Gobierno del también izquierdista
expresidente Funes.
"Fue un intento lo que hicieron en tiempo de Funes, pero
un intento que no resultó. Al final, ellos, en aquel momento, quisieron
efectivamente destituir algunos magistrados y sustituirlos por otros, pero el
resultado fue nulo. La propia Sala declaró inconstitucional la decisión de la
Asamblea y al final eso se impuso. También, en esta ocasión, la Sala ha dicho
que es ilegal e inconstitucional su propia destitución, pero el Gobierno de Bukele
ha enviado -tanto a la Fiscalía como a la CSJ- a la Policía para impedir la
entrada de unos y para favorecer la entrada de aquellos que acaba de nombrar”,
afirma Tojeira.
"Son circunstancias diferentes y además, en ese momento,
sí funcionó el equilibrio y la contraloría de poderes inter-órganos. No estoy
con ello defendiendo al FMLN. Yo soy de la idea que si el FMLN hubiera tenido
las posibilidades, los números, y no hubiera habido los contrapesos
institucionales necesarios, quizás también hubiera cometido los hechos que
estamos viviendo ahora”, declara Medrano.
"Esta sería la segunda oportunidad, luego de la firma de
los Acuerdos de Paz, donde ocurre un nombramiento ilegal de magistrados de la
CSJ amparado en una mayoría legislativa, pero que obvia los procedimientos
de cómo se destituyen y cómo se nombran a los magistrados de la Corte y fiscal
general. En este momento, ya son hechos consumados. Difícilmente el
Gobierno de Bukele va a dar marcha atrás”, agrega Portillo, mientras que
Argueta niega tales similitudes aunque matiza que "yo no fui parte de ese
proceso. Yo puedo dar fe de lo que vivimos el día de ayer, donde hubo un
atropello claro, directo, no solamente a los derechos que tiene la oposición
dentro de la Asamblea Legislativa o todos los diputados a hablar y a
participar, fue violentado el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. En
ese sentido, con respecto a otros procesos anteriores, yo no podría decir si
fueron exactamente iguales”.
De regreso al siglo 20
"Estamos viviendo una época con similitudes a los
finales de los años 60- principios de los años 70, en donde se empezaron a
cerrar espacios democráticos, las organizaciones y las personas que empezaron a
protestar fueron reprimidas y se dio un marco muy duro, un golpe muy fuerte,
que terminó en un conflicto armado. El discurso de odio y las acciones
autoritarias que se están dando nos están llevando a repetir la historia
nuevamente. Si bien es cierto, este es un Gobierno electo con las reglas del
juego electorales, no está facultado para asaltar a la CSJ ni tampoco para
asaltar a la Fiscalía General de la República y tomar decisiones que subvierten
el orden constitucional, violando la Constitución misma. La comunidad
internacional es la que tiene que dar la pauta si tolerará acciones como
estas”, sentencia Medrano. Pero Bukele ya se anticipó a las críticas
internacionales:
"Este tipo de acciones las define el presidente como
una limpieza de la casa, en la que no debe meterse la
comunidad internacional. Lo cierto es que no se puede llamar limpieza simplemente
porque lo que se está haciendo es tratar de desarticular cualquier tipo de
control de la institucionalidad del país y tener un pensamiento y una voluntad
única en el Gobierno. Además, se está utilizando en esa famosa limpieza a
personalidades que tienen un pasado muy oscuro y poco limpio desde el punto de
vista de la ética", explica Tojeira, y agrega que entre los nuevos
magistrados "hay gente que se ha pronunciado en contra de la Justicia
transicional, hay gente que ha estado involucrado directamente en la defensa de
los acusados de la masacre de El Mozote, la lista es larga. Da la impresión que
lo que quiere imponerse es una Sala de lo Constitucional obediente y
no deliberante, igual que se suele decir de la Fuerza Armada".
DW solicitó la postura del jefe de la bancada legislativa de
Nuevas Ideas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta de parte de la
Gerencia de Comunicaciones del Parlamento.
Texto tomado de D.W / Alemania.
