Carlos Ruiz Miguel*
En su agónico
final como presidente, Trump
decidió reconocer la soberanía de Marruecos
sobre todo el Sahara Occidental, actualmente dividido en una zona
ocupada por Marruecos, otra controlada por la República Saharaui (20 por ciento
del total) y otra pequeña, pero estratégica, controlada por Mauritania. Esta
decisión contraria al derecho internacional daña la paz en el norte de África.
Para enjuiciarla evitando presentaciones manipuladas procede recordar la
historia y el derecho internacional aplicable de la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
España firmó en 1884 un acuerdo de protectorado con las tribus independientes del Sahara Occidental, casi 30 años antes de que, junto con Francia, en 1912 sometieran a protectorado a Marruecos. Al independizarse este último, en 1956, su política exterior agresiva para construir el Gran Marruecos buscó anexionarse el Sahara Occidental, Mauritania, el noroeste de Mali, el oeste de Argelia y los territorios españoles del norte de África.
Marruecos protestó cuando,
en 1960, Mauritania ingresó a la ONU, aduciendo que este país era parte de
su integridad territorial (S/4568). Fracasado este intento, encaminó
su expansionismo contra Argelia, intentando arrebatarle sus territorios
occidentales en 1963 (Guerra de las Arenas). Tras fracasar, concentró todas sus
energías en apoderarse del Sahara Occidental alegando, también, que era parte
de su integridad territorial y que la descolonización del territorio
entonces administrado por España no debía hacerse mediante un referéndum de
autodeterminación, sino devolviéndolo a Marruecos para que
lo recuperara.
Para disipar dudas, la ONU
solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva, que fue
emitida el 16 de octubre de 1975 y en la que se afirmó que Marruecos nunca tuvo
soberanía sobre el Sahara Occidental, y que a lo sumo el sultán marroquí sólo
tuvo vínculos personales con ciertas tribus minoritarias del norte del
territorio (los tekna), mientras las tribus saharauis mayoritarias (como
erguibat) siempre fueron independientes y no tuvieron ni siquiera vínculos
personales con el sultán. La Corte concluyó que la descolonización del Sahara
Occidental debía hacerse mediante la aplicación del principio de
autodeterminación gracias a la expresión libre y auténtica de la voluntad de
las poblaciones del territorio (párrafos 102 y 162).
Para llevar a cabo el
referéndum, España elaboró en 1974 un censo de la población originaria. Pero la
enfermedad terminal del general Franco (entonces en el poder), justo después
del pronunciamiento de la Corte, fue aprovechada por el rey marroquí y sus
aliados internacionales (Kissinger, fundamentalmente) que organizaron una
invasión del Sahara Occidental mediante la llamada marcha
verde (deplorada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su Resolución
S/RES/380 del 6 de noviembre de 1975). Luego se presionó a España y a Mauritania
para firmar el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de
1975, a fin de, supuestamente, descolonizar el territorio sin un
referéndum de autodeterminación.
La Asamblea General no
reconoció la validez del acuerdo y exigió el referéndum de autodeterminación
(resolución A/RES/3458, del 10 de diciembre de 1975). Invocando el ilegal
Acuerdo de Madrid, Marruecos y Mauritania invadieron el Sahara Occidental, a
los que se opuso el Frente Polisario. Tras el abandono de España el 26 de
febrero de 1976, esta organización proclamó la República Árabe Saharaui
Democrática, reconocida por un gran número de estados.
Mauritania renunció a
anexionarse territorio, pero no Marruecos, que continuó hasta 1991 la guerra
contra el Frente Polisario (representante del pueblo saharaui, según la
resolución de la Asamblea General A/RES/34/37, de 1979). Las dos partes del
conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, firmaron en 1988 unas Propuestas de
arreglo que, complementadas con el Plan de Aplicación del secretario general de
la ONU conforman el Plan de Arreglo (S/21360), aprobado por el Consejo de
Seguridad en 1990 (S/RES/658). Acordaron celebrar un referéndum de
autodeterminación dirigido por la ONU, con la cooperación de la Organización
para la Unidad Africana, en el que votarían los incluidos en el censo español
de 1974 (párrafos 23 y 24 del Plan de Arreglo) para que los saharauis eligieran
entre la integración a Marruecos o la independencia (párrafo 31 del Plan de
Arreglo). Posteriormente, el secretario general decidió que deberían añadirse
al censo quienes se acreditaran como saharauis mediante una serie de criterios
(documento de la ONU S/23299, de 1991). Tras múltiples obstáculos, la Misión de
Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), concluyó en
diciembre de 1999 la confección del censo (S/2000/131).
El padrón estaba hecho. ¿Por
qué no se ha celebrado el referéndum? Porque en 2004 Marruecos (anexo del
documento de la ONU S/2004/325) deshonró su compromiso contenido en el Plan de
Arreglo. El 13 de noviembre de 2020, también incumplió sus compromisos
relativos al cese el fuego, provocando el retorno a la guerra tras casi 30 años
de tensión.
El reconocimiento de
una soberanía que la Corte Internacional de Justicia declaró que
nunca existió sólo significa apoyar una política expansionista y de violación
del derecho internacional y del derecho de autodeterminación reconocido al
Sahara Occidental por el Tribunal Internacional de Justicia, la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sólo el respeto al
derecho ajeno traerá la paz al territorio saharahui.
* Director del
Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad de Santiago de
Compostela, España.
La Jornada / México.
