El informe anual de FundaRedes
destaca que los Grupos Armados Irregulares “han recibido, por acción o por
omisión, la protección, complacencia o hasta connivencia de los cuerpos de
seguridad del Estado”
“Una persona que fue secuestrada en
la frontera de Táchira en 2019 aportó su testimonio a FundaRedes relatando que
mientras era movilizada entre San Antonio y Ureña hasta el lugar donde
permanecería por más de dos meses en poder de guerrilleros del ELN, sus
captores conversaban amablemente con los uniformados en las alcabalas de la
frontera mientras ella permanecía maniatada, amordazada y vendada en la parte
trasera del vehículo”.
Los funcionarios visten de negro y encapuchados
De historias como esas habla el
Informe Anual que este viernes 30 de abril presenta la ong FundaRedes, en el
cual destaca los Grupos Armados Irregulares (GAI) en Venezuela “ha recibido,
por acción o por omisión, la protección, complacencia, o hasta connivencia de
los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, por iniciativa de los
responsables de sus unidades operativas, o por la inspiración devenida del
discurso de líderes connotados de la jerarquía política y militar del país”.
Un hecho necesario de visibilizar es
el de las “ejecuciones judiciales bajo el manto protector de presuntos
enfrentamientos”, que Fundaredes denuncia como “denominador común para
disfrazar afectaciones directas del derecho a la vida a cargo de organismos de
seguridad del Estado venezolano”.
Un dato escalofriante es que “en el
primer trimestre del año 2020 se produjeron 252 muertes en medio de supuestos
enfrentamientos armados entre delincuentes y cuerpos policiales y militares,
según información oficial, lo que constituye un manejo irregular del uso de la
violencia legítima por parte de los organismos de seguridad del Estado”. El año
pasado ocurrieron 555 enfrentamientos en la zona fronteriza, donde perdieron la
vida 855 personas.
Para la ONG “la labor del Estado ha
quedado desvirtuada por la existencia de organismos de seguridad señalados de
cometer ejecuciones extrajudiciales, principalmente funcionarios de las Fuerzas
de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana
(PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc), la Guardia Nacional y el Comando Nacional Antisecuestros (Conas). De
estos cuerpos de seguridad destaca por su crueldad las FAES, unidad de élite
creada en el año 2017 por orden directa de Nicolás Maduro”.
Subraya que FAES “acumula denuncias
de abusos y violaciones a los derechos humanos, y se ha convertido en sinónimo
de represión y terror en todo el país. Se presentan en despliegues de entre 5 y
30 hombres vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles de asalto y sin
más identificación que la imagen de una calavera como insignia”.
“Sobre este grupo altamente
entrenado, la Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, Michelle
Bachelet, tras su visita a Venezuela en julio de 2019, recomendó al Estado
venezolano su disolución, a la par de establecer un mecanismo nacional
imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional. Bachelet
considera necesario asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que
las víctimas sean reparadas. Hasta la fecha esta recomendación no ha recibido
cumplimiento”.
Recuerda que el grupo “ha ejecutado
acciones incluso contra personas vinculadas a sectores de poder, en situaciones
que nunca fueron aclaradas y que evidencian el menosprecio que por la vida
tienen”, y señala el caso del asesinato de cinco personas, entre ellos un
escolta de la entonces ministra Iris Varela.
“Y es que las FAES se han convertido
en un grupo que ha generado fuertes posiciones nacionales e internacionales de
rechazo y del cual el gobierno no brinda información confiable. Esa opacidad
impide conocer con exactitud el número de efectivos que integran las FAES y
otros cuerpos policiales que han sido vinculados con denuncias de ejecuciones
extrajudiciales. Estas acciones de los GAI y de los cuerpos de seguridad del
Estado venezolano alteran el ordenamiento jurídico internacional y el
ordenamiento jurídico interno de nuestro país, contentivos de disposiciones
legales que brindan un bloque normativo protector”.
Los casos
En algunos de los supuestos
enfrentamientos hay denuncias, como en este caso. “Euclides Rafael Fajardo
Rivas, de 32 años, quien residía en el sector Los Clavellinos de San Félix
(Bolívar), murió tras recibir dos disparos, según contaron sus familiares al
diario Primicia. Alrededor de las 5:30 de la mañana funcionarios de las FAES
estaban afuera de su vivienda y lo llamaron para que saliera, al hacerlo
accionaron sus armas de fuego contra él”
Los activistas de Fundaredes han
documentado casos como el de “la hermana de un hombre asesinado a principios de
2020, cuyo cadáver fue hallado en la autopista San Cristóbal-La Fría, aunque él
vivía en Palmira, municipio Guásimos”. Ella detalló que, si bien es cierto que
su hermano era expresidiario, pero pagó su delito con 10 años de cárcel. “Desde
el momento de su liberación comenzó a ser chantajeado por funcionarios del
Comandando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas),
organismo a manos del cual murió meses después alegando enfrentamiento”.
En el estado Zulia ocurre la historia
de otro expresidiario Ender Torres Rojas, de 33 años, quien dos semanas antes
había salido de la cárcel de Trujillo, y fue asesinado por el CONAS con una
unidad de policía municipal. Parientes del joven describen que “el hombre
estaba durmiendo en su casa, en el barrio Las Parcelas, sector Santa Rosa, en
Cabimas (Zulia), cuando llegaron funcionarios del Conas y de la Policía
Municipal de Cabimas (Policabimas) y después de vejarlo y golpearlo a él y a su
esposa lo ajusticiaron y le tiraron un revólver al lado”.
Los reportes oficiales lo presentaron
“como miembro de la banda de “Adrián y Sleiter”, y según sus familiares fue la
venganza de un funcionario de Policabimas que le había jurado a Ender que al
salir en libertad lo mataba. Los oficiales actuantes usaban un expediente del
Ministerio Público para simular un requerimiento de solicitud”.
Tomado de Costa del Sol / Sucre
