Por Sergio
Ramírez*
MANAGUA — Los procesos electorales en América Latina se dan
de manera más o menos imperfecta, pero se dan; y, salvo pocas excepciones, los
votos de los ciudadanos se cuentan de manera transparente. Son sistemas
democráticos que aún no logran resolver problemas de fondo en nuestras
sociedades, y en algunos países la credibilidad de las instituciones se ha
deteriorado, pero los electores pueden corregir el rumbo. No es el caso de
Nicaragua.
En noviembre de este año se celebran elecciones para
presidente y vicepresidente, y para renovar el total de los asientos de la
Asamblea Nacional. La decisión cerrada de Daniel Ortega, quien llegó por
segunda vez a la presidencia en 2007, es reelegirse una vez más, junto con su
esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Así alcanzaría veinte años consecutivos
de mando, sin contar los diez que gobernó en el periodo de la revolución en los
años ochenta, con lo que superaría con creces a cualquier miembro de la familia
Somoza, que gobernó el país directa o indirectamente entre 1937 y 1979.
En las últimas semanas, el plan maestro fraguado para impedir unas elecciones democráticas se ha echado a andar, y sus resultados empiezan a ser palpables.
¿Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes
en Nicaragua? Los hechos lo niegan.
La rebelión cívica iniciada en abril de 2018, con un saldo de al menos 328 asesinados,
principalmente jóvenes, fue dominada por medio de la represión violenta, de
acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora toca el turno
de actuar a la maquinaria política. Estas elecciones están orquestadas para
anular la participación de las fuerzas que representen un riesgo real de cambio
político, apartar a los candidatos que verdaderamente sean un desafío a la
continuidad de Ortega e impedir el derecho de la ciudadanía al voto libre y
secreto.
La Asamblea Nacional, dominada por la aplanadora orteguista,
aprobó en enero una reforma a la Constitución que impone la cadena perpetua
por “delitos de odio”. Pero no busca castigar el odio
racial o contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen. También
una ley de ciberdelitos, destinada a mantener
bajo control a las redes sociales, y otra que
impide presentarse como candidatos a cargos públicos a quienes caigan bajo la calificación de “agentes extranjeros”. Las
causales son tantas, que resulta imposible librarse de algunas de ellas.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la
Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, pena con cárcel y
despoja del derecho de ejercer cargos públicos a quienes, entre otros delitos
antipatrióticos, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua”.
Es la única ley en el mundo que castiga los aplausos.
En octubre del año pasado, una resolución votada por la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos advierte que
deben darse negociaciones “incluyentes y oportunas” entre el
gobierno y la oposición para acordar reformas electorales
“significativas y coherentes con las normas internacionales”; modernización y
reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de
manera “totalmente independiente, transparente y responsable”; actualización
del registro de votantes; y, entre otras medidas, observación electoral
nacional e internacional.
Hace pocas semanas, al abrirse formalmente el periodo
electoral, Ortega hizo todo lo contrario: copó la totalidad de los cargos de magistrados del Consejo Supremo
Electoral con leales partidarios suyos; e introdujo una serie de
reformas a la Ley Electoral que establecen aún mayores restricciones a los
partidos. En estas decisiones no hubo ninguna clase de negociación con las
fuerzas de la oposición.
Muy recientemente, fue despojado de su personería jurídica el Partido de
Restauración Democrática, bajo cuya bandera participaría una amplia gama de
organizaciones de oposición agrupadas en la Coalición Nacional, varias de ellas
formadas a raíz de los sucesos de abril de 2018. Igual pasó con el Partido Conservador.
Ahora mismo, el Ministerio Público, obediente también,
levanta cargos de lavado de dinero, bienes y activos en contra de Cristiana Chamorro Barrios, hasta hace poco
presidenta de la Fundación Violeta Barrios, que lleva el nombre de su madre,
expresidenta de Nicaragua. A la cabeza de las encuestas entre los candidatos
presidenciales, la acusación contra Chamorro Barrios busca inhabilitarla.
Al mismo tiempo, esta semana los estudios de grabación de los
programas de televisión de su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro,
que se transmiten a través de las redes sociales, fueron allanados por segunda vez por la policía, y
sus equipos y archivos confiscados. Nada parece indicar que la persecución
contra los medios independientes de comunicación vaya a detenerse.
En medio de estas condiciones adversas, que tienden a
empeorar, permanece en la contienda la Alianza Ciudadanos por la Libertad,
hasta ahora con su personería en regla. Aún debe escoger a sus candidatos, pero
Ortega se ha arrogado, mediante diversos mecanismos y estratagemas, una especie
de derecho de veto sobre quienes pueden competir contra
él, y quienes no.
El aparato electoral es fiel a Ortega en sus distintos
niveles, y en las mesas de votación, las papeletas y las actas estarán bajo el
control mayoritario de sus partidarios. No existe a la fecha ningún organismo
independiente, nacional o internacional, involucrado en la observación
electoral.
Bajo un estado policial como el presente, no es posible
imaginar ninguna actividad proselitista electoral en plazas o calles. El
régimen no las permitirá, porque teme un desborde popular como el de hace tres
años. Y la policía impide a los candidatos, de manera
arbitraria, salir de sus domicilios. Se tratará entonces de unas elecciones
donde, por lo visto, la campaña electoral se haría desde la cárcel, o con la
casa por cárcel.
Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en marzo manda que se deje de acosar y asediar a los
opositores y disidentes políticos en Nicaragua, y que cesen las detenciones
arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para
reprimir la crítica; y pide, además, “liberar a todos aquellos arrestados
ilegal o arbitrariamente”. Pero todas las demandas y censuras de los organismos
internaciones son papel mojado para Ortega. Más
de cien prisioneros políticos permanecen en las cárceles.
Mientras algún partido esté dispuesto a apañar el fraude,
aceptando los escaños que le asignen como segunda fuerza en la Asamblea
Nacional; y mientras su reelección sea reconocida diplomáticamente por los
países occidentales una vez consumada, considerará que tiene la legitimidad que
necesita.
Y como en las viejas historias de los dictadores
latinoamericanos, algún subalterno le preguntará antes de abrir las urnas: ¿Con
cuántos votos quiere ganar, Su Excelencia?
*Sergio Ramírez es novelista y ensayista. Fue vicepresidente
de Nicaragua entre 1985 y 1990. En 2017 fue galardonado con el premio
Cervantes.
Tomado de The
New York Times / U.S.A.
