«De La Grita a Caracas damos 40 combos de comida en bolsas
para que nos dejen pasar por las alcabalas, que son unas 40 entre las de la
Guardia y las móviles de la policía», dice Alejandro*, conductor de un camión
que cada lunes sale de La Grita, estado Táchira, lleno de hortalizas, verduras
y frutas para venderlos en Caracas, específicamente en una zona residencial
ubicada al suroeste de la capital, donde montan un toldo hasta el viernes,
cuando regresan a su terruño.
El feriero tachirense cuenta a TalCual que
si él y sus acompañantes no entregan una bolsa a los guardias nacionales o a
los policías en cada una de las alcabalas, les piden el permiso sanitario, la
autorización para la manipulación de alimentos, la prueba de la Covid-19 o
cualquier otro documento con la intención de retenerlos e impedirles el paso.
Sin embargo, entregar parte de la mercancía a los funcionarios no agiliza el paso por la alcabala. «Podemos tardarnos hasta tres horas mientras esperamos que revisen a los otros vehículos».
En los dos últimos lunes de mayo (los días 17 y 24 del mes),
les tomó casi 25 horas llegar a Caracas. Por una parte por las tres paradas que
hacen para recoger mercancía: una en La Tendida, Táchira, donde cargan
cítricos; una segunda en Arapuey, Mérida, donde montan plátano, yuca, auyama,
parchita y guayaba; y una última parada en El Rodeo, Barquisimeto, Lara, donde
recogen tomate, pimentón, melón, piña y patilla. Pero les ha tomado más de un
día llegar a la capital sobre todo por los retrasos que generan las paradas en
las alcabalas, que se han multiplicado por la cuarentena que ha impuesto el
gobierno de Nicolás Maduro desde marzo de 2020 y las restricciones en el
tránsito entre municipios, ciudades y estados a raíz de la pandemia.
«Cada alcabala es un peaje no solo para los
productores agrícolas sino para todo aquel que no tiene salvoconducto o
tiene los papeles de los carros vencidos. Esto prácticamente se ha
institucionalizado y con la pandemia se ha agravado. Nunca en mi vida había
visto tantas alcabalas como ahora», asegura a este medio Manuel Gómez, director
general de Acción Campesina, una organización fundada en 1976 que presta
servicios a las instituciones del sector rural y, especialmente, del pequeño
productor.
Según reportes de productores agropecuarios y ferieros,
prácticamente se ven obligados a dejar en las alcabalas 30% de sus
cargas y a veces también dinero en efectivo.
Gómez explica que el matraqueo es consecuencia, en primer
lugar, del caos institucional que ha permitido que los funcionarios
públicos hagan uso de sus facultades y de su poder para sacar provecho personal en
detrimento de los productores y de los ciudadanos en general. Señala que si
bien no es una justificación, la gran mayoría de los militares y policías que
se encuentran en las alcabalas ganan sueldos muy bajos y prácticamente viven de
lo que puedan agarrar en la calle.
«Los funcionarios también buscan supuestos argumentos en
leyes que permitan la rapiña, tratan de agarrarse de cualquier argumento
supuestamente legal para sacar provecho de los ciudadanos. Te piden un papelito
y si no lo tienes, paga. Por ejemplo, a mí recientemente un funcionario me dijo
que el certificado médico era ilegal porque le faltaba un mes para vencerse».
Gómez agrega que el matraqueo a lo largo de todas las largas
rutas que hacen los ferieros para llegar a los centros poblados lo terminan
pagando los consumidores, pues los vendedores de las hortalizas y frutas suben
los precios para compensar las pérdidas.
Este es el gran drama que enfrentan los ferieros, además de
la escasez de combustibles que ha llevado a productores, industriales y transportistas
recurrir al mercado negro dolarizado, donde el litro de diésel lo venden
hasta en un dólar.
Alejandro no hace ninguna parada para repostar combustible.
Cada semana en Caracas llenan los dos tanques del camión, que hacen 580 litros,
y seis pimpinas de 70 litros cada una (un total de 420 litros) para ir a La
Grita y regresar a la capital sin detenerse a hacer largas colas en el interior
del país.
Tomado de talcualdigital.com
Nota de la redacción de
Entre Todos D. Lo denunciado por Tal Cual en la nota anterior es
sumamente grave, sobre todo porque los altos jerarcas del gobierno conocen de
esta situación y nada hacen para remediarla. El mismo Fiscal General de la República la
denunció en un programa de TV, y allí se
quedó la cosa.
Pero lo denunciado por Tal Cual es sólo una parte del
problema, al llegar a su destino, después de 40 alcabalas; según denuncias que
hemos recibido, los llamados ferieros son nuevamente “matraqueados”, esta vez por
autoridades municipales – policías y funcionarios con altos cargos – a la luz
del día. “Es fácil verlos cuando salen cargados de alimentos de los puestos de
ventas de los ferieros sin pagar nada”, le dijo a ETD un vecino de Naguanagua.
Lo cierto es que al final, el que paga la cuenta es el
consumidor. En el caso de Carabobo, el gobernador Lacava debería tomar cartas
en este grave asunto. ¿O no?
