Por Juan Manuel Trak*
En 1998 pocos se imaginaron que Venezuela iba a
estar sumida en una catástrofe económica, social y política como la de hoy. La
crisis humanitaria que la gente experimenta a lo largo y ancho del país es
incomparable con cualquier otro momento de la historia venezolana posterior a
la Guerra Federal.
La miseria de muchos venezolanos no se circunscribe al territorio nacional, cientos de miles de connacionales pasan penurias en países vecinos cuya capacidad para recibir migrantes está a tope y su tolerancia hacia los venezolanos se encuentra en declive. Todo lo anterior se agrava en el contexto de la pandemia de covid-19, haciendo que la situación de vulnerabilidad de los residentes en el país y de una buena parte de los emigrados se haya incrementado exponencialmente.
Muy probablemente nunca sabremos cuántos
venezolanos han muerto de enfermedades prevenibles en los últimos años, tampoco
cuántos de los que emigraron perecieron en el camino o fueron víctima de redes
de trata de personas, trabajo esclavo y prostitución. Muy difícilmente sepamos
cuántos compatriotas desesperados decidieron quitarse la vida o cuántos niños y
niñas quedaron huérfanos o abandonados en el país o fuera de este. En resumen,
la tragedia que vivimos como sociedad es inconmensurable.
Lo anterior no niega la existencia de hechos
positivos, de personas que han logrado sus metas en otras latitudes o que haya
en el país personas que con trabajo honesto mantengan sus negocios,
universidades, escuelas.
Hay que destacar el trabajo de las organizaciones
de la sociedad civil, cuyos integrantes han dado un ejemplo de gallardía, tesón
y compromiso que tanto necesita nuestra nación. Sin embargo, situaciones como
la de los náufragos de Güiria nos recuerda que por cada historia de éxito hay
muchas otras que culminan fatídicamente, algunas terminan como titulares de
noticias que a los pocos meses nadie recordará, otras quedan solo en la memoria
de quienes las sufrieron, pero ocultas a la opinión pública nacional.
El 2021 seguirá siendo trágico para los
venezolanos, sobre todo para quienes viven dentro del país. La deriva
autoritaria es cada vez más pronunciada, habiendo simulado unas elecciones
presidenciales en 2018 y las parlamentarias en 2020, el Gobierno acabó
con toda posibilidad de reinstitucionalización democrática a corto y mediano
plazo.
Evidentemente, la responsabilidad total de esta
situación recae en quienes dentro de la coalición dominante decidieron tomar y
mantener el poder a sangre y fuego, prefiriendo gobernar sobre tierra arrasada
antes que negociar una distribución más democrática del poder.
Pero del otro lado ha habido deficiencias
importantes que han contribuido al resultado que vemos en este año que
comienza. El 2021 es el año en el que se cristalizan los fracasos de
todas las facciones opositoras. Por un lado tenemos la oferta engañosa de
una “intervención humanitaria”. La supuesta invocación del principio de
Responsabilidad de Proteger (R2P) o la aprobación del TIAR fue tan fraudulenta
como la elección parlamentaria de 2020. Lamentablemente muchos se dejaron
seducir por este engaño y asumieron posiciones absurdas, carentes de todo tipo
de realismo.
Por otro lado, el sector minimalista de la
oposición, es decir, los partidos y dirigentes que participaron en la Mesa de
Diálogo Nacional (MDN), demostraron que la abyección vestida de la frase “hacer
política” solo los llevó al fracaso. Promovieron y aceptaron un CNE
abiertamente progubernamental a cambio de un puesto entre cinco que conforman
el organismo electoral. Promovieron un estatuto electoral ad hoc que iba en
contra de sus propios intereses y, peor aún, que iba en contra de la
Constitución que decían defender. Invirtieron más recursos en atacar más a
quienes les criticaban que en tratar de construir un nuevo movimiento opositor
unificado con posibilidades reales de lograr una representación mínima en la
AN. Al final del día fueron víctimas de sus propias decisiones, de su anuencia
y arrogancia.
En definitiva, sirvieron de tontos útiles del
Gobierno. Quizás, lo más increíble es que muchos de ellos, aunque no todos,
siguen atribuyendo la responsabilidad de su fracaso al sector opositor que no
participó, hundiéndose cada vez más en sus propias contradicciones.
Finalmente, la oposición del G4 y sus aliados
fracasaron en su intento de convertirse en una opción política viable. Cada una
de las decisiones tomadas desde el día de la juramentación de Juan Guaidó, en
enero de 2019 hasta la Consulta Popular de diciembre de 2020, ha llevado al
debilitamiento de su posición: (1) buscaron meter la ayuda humanitaria a la
fuerza por la frontera, (2) fracasaron en un intento de golpe el 30 de abril de
2019, (3) promovieron sanciones que fortalecieron aún más los lazos del
Gobierno con países autoritarios, los dotó de una narrativa que los victimiza,
al tiempo que debilitaron a la sociedad venezolana, (4) se dejaron sabotear por
el gobierno de Trump la única negociación seria (con independencia de si el
Gobierno hubiese o no aceptado), (5) no elaboraron un plan electoral de cara a
las parlamentarias de 2020 (con independencia de si luego participaban, se
retiraban o continuaban hasta el final), (6) celebraron una consulta de dudosa
confiabilidad y sin efectos políticos reales. Por último, (7) hicieron una
modificación del Estatuto que rige la transición que les permite extenderse a
sí mismos el mandato que terminaba en 2020, el cual tiene serias
contradicciones con lo establecido en la Constitución.
En este sentido, el haber preferido ser “gobierno
interino” antes que movimiento social solo condujo a un divorcio entre las
bases sociales y la dirigencia política.
Se dejó de lado la lucha por condiciones
electorales mínimas y se abandonaron todos los esfuerzos en aquellos frentes
donde se tenían las fortalezas más importantes. Tampoco se capitalizó el
descontento generalizado hacia el Gobierno para seguir minando sus bases de
apoyo ni se procuró la construcción de una coalición democrática superior para
el establecimiento de un movimiento con poder real. Adicionalmente, el manejo
de fondos públicos ha sido poco transparente, sectario y sin mecanismos
eficaces de control político y administrativo. Así, el gobierno interino
terminó fundiendo un Ejecutivo ficticio con un Legislativo impotente. De esta
suerte, para algunos políticos del G4 lo relevante es mantener el gobierno
interino y sus puestos como burócratas en este, al tiempo que siguen buscando
incrementar una serie de sanciones que evidentemente no cumplen el objetivo
deseado y empeora la grave crisis socioeconómica generada por el Gobierno del
PSUV.
Así las cosas, a partir del 5 de enero de 2021 el
país tendrá un nuevo circo en la Asamblea Nacional, la cual será igual de
inútil para el país como lo fue la Constituyente, pero funcional para el
Gobierno.
Igualmente triste será que no habrá ningún actor de
la oposición con capacidad de generar un respuesta mínimamente significativa
ante lo que supone la estocada final a cualquier vestigio de institucionalidad
democrática.
El 2021 será el año en que se consolida la
Revolución Bolivariana, ese proyecto autoritario hegemónico que beneficia a muy
pocos gracias al perjuicio de muchos, mientras que en el campo opositor se
inicia una larga marcha por el desierto en la que nadie parece contar con el
apoyo y agallas necesarias para dar un giro estratégico ante el fracaso del
ciclo político 2013-2020.
*Juan
Manuel Trak es Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos (Universidad de
Salamanca, España), Máster en Ciencia Política, Sociólogo (UCAB) y articulista.
Fuente: Tal
Cual / Caracas
